Por Darío Aranda
Desalojos y represión como política de Estado contra los pueblos originarios. La disputa por los territorios y el extractivismo. Senadores cierran filas contra pueblos indígenas y dejan caer una ley clave.
Violencia contra indígenas en Misiones. Amenazas de muerte en comunidades de Jujuy. Presiones a guaraníes en Corrientes. Represión a mapuches en la Patagonia. Es el contexto de la situación de los pueblos originarios de Argentina, con un agravante: oficialismo y oposición coinciden en dejar caer una ley clave (26.160) que frena los desalojos indígenas.
“Pareciera que la Campaña del Desierto continúa con otros rostros, pero con los mismos objetivos; las crías del general Roca continúan marginando, persiguiendo, matando y robando los territorios a los pueblos indígenas”, denunció Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz.
Facundo Jones Huala (mapuche de Chubut) y Agustín Santillán (wichí de Formosa) continúan presos de forma arbitraria.
Casos testigos
La comunidad Chapa’í, de la localidad misionera de San Ignacio, sufre desde el 28 de julio la avanzada conjunta del Municipio y de privados, que pretenden quedarse con su territorio. Con topadoras arrasaron su monte nativo y viviendas.
“Estoy muy preocupada por la comunidad. Estoy destrozada. Estuvieron trabajando gente de la Municipalidad. Abrieron caminos y echaron árboles nativos, nuestra medicina natural. Derribaron árboles frutales. Nos dolió a todos porque los chicos vieron cómo tiraban árboles de naranja, limones, palta y otras plantas que todos los años nos daban frutos”, denunció Itatí Brizuela, integrante de la comunidad Chapa’í, que explicó que detrás del despojo están las inmobiliarias de la zona.
De las 180 hectáreas que reivindica la comunidad, la Municipalidad planea dejarle sólo trece. A cambio les promete servicios esenciales: agua potable, energía eléctrica y viviendas.
La comunidad lo denunció y frenó la avanzada. Pero el 6 de septiembre retornó la violencia. La periodista Alicia Rivas alertó: “Continúa el avasallamiento del territorio de la comunidad de Chapa’í. Esta mañana volvieron a quemar las raíces de los árboles, prendieron gomas para volver más cruel el atropello, motosierras y cubiertas encendidas a plena luz del día, pegadito a las casas de las familias. Impotencia por un lado, pura impunidad por el otro”.
En Jujuy, la organización de Pueblo Indígenas del NOA (Opinoa), denunció el intento de asesinato del cacique del pueblo ocloya Néstor Jerez, de la comunidad Tilquiza (a veinte kilómetros de San Salvador de Jujuy). Acusaron a los privados Ariel Amaranto y Daniel Verzini de intentar atropellar a Jerez y luego dispararle con un revólver. “Te vamos hacer desaparecer como a (Santiago) Maldonado”, alertó la organización Opinoa que amenazaron al cacique.
“Lamentablemente estas situaciones se agravaron en el último año y medio, donde el Poder Judicial se tornó muy intransigente con los indígenas y no así con los usurpadores y terratenientes. Intentan instalar que la defensa de los territorios ancestrales tiene relación con el terrorismo; esto suena como un plan sistemático de desgaste de la causa de los pueblos originarios”, advirtieron las comunidades indígenas nucleadas en Opinoa.
Marcha comunidades norteñas, marzo 2017. Foto Santiago Romero/Emergentes
En Corrientes, la comunidad guaraní Jahaveré enfrenta desde hace años un conflicto territorial con la estancia San Eugenio (de Kristine McDavitt, viuda del fallecido millonario Douglas Tompkins) que mantiene desde hace diez años un terraplén ilegal (incluso con sentencia judicial de demolición desde 2007) que perjudica a las familias campesinas e indígenas.
En julio pasado hubo inundaciones en la región y el terraplén agravó la situación. La comunidad guaraní trasladó sus animales a zonas altas y se reavivó el conflicto. También cuestionan el rol de la Fundación Conservation Land Trust (de McDavitt-Tompkins), que donó 150 mil hectáreas para la creación del Parque Nacional Iberá, pero con comunidades dentro.
“Hay un choque de dos visiones sobre qué es el territorio y la propiedad. Una responde a los intereses de una fundación norteamericana que quiere conservar paisajes sin gente. Y la otra a los últimos gauchos correntinos, verdaderos guaraníes del estero, que sólo quieren vivir en paz”, explicó Emilio Spataro, de la organización ecologista Guardianes del Iberá.
Las distintas comunidades de la Confederación Mapuche de Neuquén denuncian desde hace años el accionar de las petroleras, tanto por la contaminación como por la violación de derechos indígenas. Con el pacto Chevron-YPF (2013) en la formación Vaca Muerta se redobló la presión sobre los territorios. Las comunidades mapuches exigen que se cumpla el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado (vigente en leyes nacionales). Han bloqueado caminos, mantenido diálogo con el gobierno provincial (sin resultados positivos) y denunciaron la intromisión de Gendarmería Nacional en junio pasado, que avanzó sobre los mapuches para que YPF realice nuevos pozos petroleros.
La última avanzada sobre los mapuches fue desde el Poder Judicial. El juez de Neuquén Lucas Yancarelli hizo lugar al pedido del fiscal Marcelo Silva y solicitó la captura de seis integrante de la comunidad Campo Maripe. Los consideró en “rebeldía” por no asistir a una audiencia donde se los acusa de haber “usurpado” el territorio donde siempre vivieron.
“Desde que se firmó el pacto Chevron-YPF, hay más de 50 mapuches procesados en Neuquén por defender el territorio”, afirmó Lefxaru Nawel, de la Confederación Mapuche.
Dos casos testigos de la criminalización indígena se dan en Formosa y Chubut. Agustín Santillán, referente wichí de Ingeniero Juárez, está detenido desde hace cinco meses por reclamar tierra, agua, salud y educación en la provincia gobernada por Gildo Insfrán. “Es un preso político”, resumió Pablo Pimentel, de la APDH La Matanza, que visitó a Santillán en la cárcel.
Y Facundo Jones Huala, lonko de la comunidad Pu Lof en Resistencia, está preso desde el 28 de junio.
Reclamo mapuche, Viedma. Foto Mauricio Martín/Patagonia Fotopress)
Situación nacional
Amnistía Internacional Argentina presentó en 2015 un mapa de conflictos de comunidad indígenas (territorioindigena.com.ar). Contabilizó un piso de 183 casos. “Da cuenta de la situación de violencia y exclusión que viven los pueblos indígenas. Las comunidades exigen el cumplimiento de sus derechos frente a gobiernos (municipales, provinciales, nacional), empresas (agropecuarias, mineras, petroleras, de turismo, entre otras), y ante jueces y fiscales del Poder Judicial que desoyen las normativas vigentes”, resaltó Amnistía.
Realizado de forma colaborativa junto a la Asociación de Abogados de Derechos Indígena (AADI), la Asociación Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos (Andhes), la Defensoría del Pueblo de la Nación, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), el Grupo Acceso Jurídico a la Tierra (Gajat) y el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), es de actualización permanente y ya llegó a 250 casos en 2017.
“Mientras que la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos reconocen la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas, y asegura su participación en la gestión referida a sus recursos naturales, los pueblos originarios siguen reivindicando su derecho al territorio, mientras sufren de forma desproporcionada violencia, exclusión y pobreza”, cuestionó Amnistía.
La relación es directa: a cuanto más avance extractivo (de la mano de empresas agropecuarias, petroleras, mineras y forestales, entre otras), mayor nivel de conflictividad y violación de derechos indígenas.
Senadores
En noviembre vence la Ley Nacional 26.160, muy conocido dentro del mundo indígena porque ordena relevar todos los territorios indígenas y frena las órdenes de desalojo.
Aprobada en 2006, su aplicación fue muy cuestionada por las propias organizaciones. Tanto en su implementación política (los relevamientos territoriales dependen del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y sus pares provinciales) como judicial, con jueces y fiscales que pocas veces la aplicaron.
Según información oficial respecto a la Ley 26.160, existen 1.532 comunidades identificadas por el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena (Reteci). Sólo fueron relevados los territorios de 759 comunidades (49 % del total). De este porcentaje, sólo 459 comunidades cuentan con relevamiento finalizado.
Amnistía Internacional evalúa que durante 2017 se relevarán 150 comunidades, que representan sólo el 10 % del total. “Lo que deja por fuera a por lo menos 623 comunidades que aún no han atravesado ningún proceso de relevamiento y a las 303 comunidades que aún no lo han concluido. En conclusión, al menos 926 comunidades, el 60 %, quedarán a la deriva de no prorrogarse la norma y verán trunca su posibilidad de ver relevado su territorio”, alertó el organismo.
Foto Reinaldo Ortega
El jueves 7 de septiembre, la Cámara de Senadores tenía la posibilidad de votar la prórroga de la Ley 26.160, en beneficio de los pueblos indígenas. El tratamiento fue propuesto por los senadores Pino Solanas (Proyecto Sur) y Magdalena Odarda (CC-ARI). Los bloques del oficialismo (PRO y UCR) y la oposición (tanto el PJ como el Frente Para la Victoria) rechazaron votar la prórroga.
De esta forma, 33 senadores de diversos partidos se negaron a tratar el proyecto y diez se abstuvieron. Sólo once votaron en línea con los pedidos de los pueblos indígenas. Los ocho de la UCR y los seis del PRO votaron por la negativa.
Entre los que votaron por el “no” figuran: José Alperovich, Walter Barrionuevo, Julio Cobos, Rodoldo Urtubey, Federico Pinedo, Miguel Angel Pichetto, Luis Naidenoff, Angel Rozas, Omar Perotti y María Laura Leguizamón. Por la abstención (que funcionó como una negativa a tratar la ley) estuvieron Juan Manuel Abal Medina, Hilda Aguirre, Mirtha Luna y Alfredo Luenzo.
Aún con críticas a la implementación, existe consenso indígena en que la ley debe ser prorrogada. Es un paraguas ante la avanzada empresaria sobre los territorios indígenas. No hay dudas: es mejor que esté la ley, a que no esté. Pero los senadores nacionales se resisten a que siga existiendo la ley.
Desaparecer
Adolfo Pérez Esquivel acompaña la lucha de los pueblos indígenas desde hace décadas. El 3 de septiembre emitió un comunicado titulado “pueblos originarios, de víctimas a victimarios”. Enumeró las leyes que benefician a las comunidades indígenas y que no se cumplen. Recordó que Santiago Maldonado fue desaparecido en el marco de un reclamo territorial del pueblo mapuche y cuestionó al actual gobierno (y a los anteriores).
“Los pueblos originarios soportan desde hace décadas la violencia social y estructural. Y tanto el gobierno actual, como los que le precedieron, en lugar de buscar soluciones y respetar sus derechos, responden con represión”, cuestionó el Nobel de la Paz.
También denunció “la campaña de descrédito y mentiras que cuenta con la complicidad de grandes medios de comunicación, aliados del gobierno, de jueces cómplices, de funcionarios nacionales y provinciales que favorecen a grandes terratenientes, como Benetton, Lewis y Turner”.
Marcos Pastrana, diaguita de Tucumán, repudió el accionar de los senadores (al negarse a prorrogar la Ley 26.160) y también cuestionó el accionar del Poder Ejecutivo y de los grandes medios de comunicación “que llaman terroristas” a los indígenas que luchan por sus derechos.
En un audio que circuló entre comunidades indígenas de todo el país, Pastrana resumió el pasado y presente de la clase dirigente y del Estado para con los pueblos originarios: “No son políticos, no son gobernantes, ni son ni funcionarios, son gerentes ejecutores de las multinacionales y de los terratenientes (…) La política del Estado argentino es desalojar y hacer desaparecer a las comunidades y pueblos indígenas”.
