La controvertida exanalista de inteligencia estadounidense Chelsea Manning, relacionada con las filtraciones a WikiLeaks de miles de documentos clasificados acerca de las guerras de Afganistán e Iraq, aseguró hoy que le fue negada la entrada a Canadá.
Manning hizo pública una carta dirigida a la ministra canadiense de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía, en la cual se considera inadmisible su entrada al país, debido a las actividades por las cuales fue condenada.
El nombre del o la remitente de la misiva fue tachado.
La carta cita las acusaciones de espionaje de Manning y añade que de haberse cometido en Canadá, tales acciones equivaldrían a un delito e incluso, traición.
El documento sugiere que Manning trató de entrar a Canadá el viernes por el paso fronterizo de Saint-Bernard-de-Lacolle, en la provincia de Quebec, el mismo que desde principios de años atestigua una inusitada alza en el número de solicitantes de asilo provenientes de Estados Unidos.
El departamento de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía se negó a comentar el caso alegando leyes de privacidad, destacó el sitio digital CBC News.
Nuestro gobierno está comprometido a asegurar que cada caso presentado al ministerio se evalúa en base a sus méritos y de una manera justa. Todos los solicitantes pueden esperar un tratamiento imparcial y profesional y una toma de decisiones clara y responsable, señaló en un correo electrónico un portavoz de la entidad.
Cuando se le preguntó sobre Manning en un acto público este lunes en Toronto, el primer ministro Justin Trudeau dijo que esperaba recibir más información cuanto antes.
Manning salió de prisión el 17 de mayo gracias a que antes de dejar la Casa Blanca el 20 de enero el entonces presidente, Barack Obama (2009-2017), le conmutó la pena.
Estuvo encarcelada durante casi siete años, intentó suicidarse dos veces en 2016, y cumplió el castigo más largo jamás impuesto en este país en una sentencia por fuga de información. Su condena ocurrió en 2013, cuando tras una corte marcial de 20 meses el jurado militar solo tardó cuatro minutos para imponerle 35 años de privación de libertad.
Fue acusada de una veintena de cargos relacionados con la difusión de miles de documentos secretos del gobierno federal, archivos diplomáticos confidenciales y datos clasificados del Departamento de Defensa.
