Hoy fue presentado el proyecto económico del programa de la candidata a la Presidencia de Chile del Frente Amplio. Hasta ahora, ningún candidato había hecho una propuesta tan completa, menos aún con sus fuentes de financiamiento. Beatriz Sánchez anunció además la realización de un plebiscito durante septiembre en el que se zanjarán las prioridades que aún restan por definir con sus partidas presupuestarias específicas, dando conclusión con ello al proceso participativo de confección del Programa de Gobierno del Frente Amplio.
La candidata estuvo acompañada por Claudia Sanhueza, Nicolás Grau, José Luis Ugarte, Daniela Manuschevich y Ramón López, todos ellos académicos, con PhD obtenidos en diversas universidades del mundo y responsables de esta área en el programa del Frente Amplio.
Beatriz Sánchez comenzó analizando las cuatro razones por las que Chile no está creciendo, señalando que esto se debe a que la estrategia de desarrollo económico está agotada; existe una alta concentración de la riqueza y del poder; la depredación del medio ambiente y una inversión insuficiente en las personas (pensiones, educación y salud). Ante ello, señaló que es necesario adoptar principios para una nueva política económica que contemplen la reactivación económica sin endeudamiento fiscal; la redistribución del ingreso; un Estado emprendedor y la sustentabilidad ambiental.
Para su implementación, la candidata propuso tres ejes:
1. Plan nacional de inversión (Impulso a la innovación; cartera nacional de infraestructura; inversión social para cambiar la vida de las personas).
2. Nuevas formas de producción (Descentralización de la economía; Desarrollo verde).
3. Distribución de las cargas y beneficios del desarrollo (Relaciones laborales modernas y equilibradas; Justicia tributaria).
Pasó a enumerar y detallar propuestas para cada uno de estos tres ejes que están contenidas en el documento de 59 páginas, con sus gráficos correspondientes. Entre estas propuestas, destaca la reducción del gasto en Defensa en US$1.000 millones que provienen de la ley reservada del cobre; reponer el impuesto a la ganancia del capital bursátil; terminar con las exenciones tributarias injustificadas; establecer un IVA diferenciado; desintegración tributaria para las grandes empresas; royalty minero; impuesto a los súper ricos de 50% a las rentas por encima de $150 millones anuales.
Eso permitirá triplicar el gasto público en innovación, dando impulso a pequeñas y medianas empresas así como al desarrollo de cooperativas; diversificar la actividad empresarial y generar proyectos capaces de reactivar la economía y generar masivamente empleo. También permitirá una inversión educacional planificada e infraestructura de salud que garantice el ejercicio efectivo de derechos; retomar la inversión directa del Estado en materia de viviendas, condiciones de vida y seguridad en los barrios, así como enfrentar los desafíos del cambio climático, que incluye agua potable, riego, movilidad y transporte sustentable.
Subrayó que la inversión social debe asegurar a cada persona el acceso a un conjunto de garantías que le permitan una calidad de vida acorde al desarrollo en que se encuentra el país, como es el caso del financiamiento de pensiones dignas.
Un programa que asegura un impulso al desarrollo sustentable, la redistribución de la riqueza y la garantía de los derechos sociales, respaldado con fuentes claras de financiamiento que el país está en condiciones de asumir.
