Por Sergio Alvez

Hoy, miércoles 27 de septiembre, el Senado de la Nación vivirá una jornada histórica, ya que se votará la prórroga de la ley 26.160, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas e impide los desalojos de las mismas. En vísperas de la sesión, representantes de Pueblos Originarios y diversas organizaciones sociales que acompañan sus reclamos, montaron una carpa frente el Congreso, dónde tiene lugar la vigilia que precederá también a una concentración convocada a partir de las 14 horas.

Sesión especial

Pese al frío y la lluvia incesante, la carpa se nutrió de referentes indígenas que arribaron desde Comunidades situadas en distintos puntos del país.

Promediando las 17 –y antes de ingresar a la mesa de labor parlamentaria por este mismo tema– se hizo presente en el lugar la senadora nacional por Río Negro, Magdalena Odarda, quien preside la comisión especial de Pueblos Originarios. Odarda saludó a los presentes y manifestó que se tratará de “una sesión especial, para tratar la prórroga. Hasta el momento no ha llegado texto de modificación de la ley.  Logramos la votación electrónica para que se sepa cómo se vota, que no sea a mano alzada, ya que sino después nadie se hace cargo de lo que vota”.

Freno a los desalojos

Presente en la carpa, Miriam Liempe, del Pueblo Mapuche y Secretaria de Relaciones con los Pueblos Originarios de la CTA Autónoma bonaerense, expresó que los Pueblos Originarios están “en alerta y preocupados” por lo que pueda pasar con la prórroga.“Esta ley sería para que estos desalojos no sigan adelante. Hace mucho tiempo nosotros venimos pidiendo que el relevamiento se cumpla y que se haga con la participación de los pueblos. Queremos que se visibilice la lucha. En términos de burocracia, siempre los tiempos son desfavorables a los pueblos. Nosotros somos pueblos empobrecidos, nos cuesta más organizarnos y también en los territorios tenemos muchas debilidades, estamos desfavorecidos en fuerzas de todo tipo. Hay focos de problemas actualmente en todos los territorios. Por eso en cada lugar estamos fortaleciéndonos y buscando alianzas en las provincias. Si esta ley no se prorroga habrá muchísimos problemas, es fundamental la prórroga”.

“Un acto de estricta justicia”

En las últimas horas, además de la expresión –vía twitter- favorable del Jefe de Gabinete Marcos Peña, se conoció la adhesión explícita a la prórroga, por parte de numerosos senadores nacionales, incluyendo un texto de opinión publicado este 26 de septiembre en la agencia oficial Télam, de la senadora nacional por la UCR de Jujuy, Silvia del Rosario Giacoppo, quien enfatizó que “Está claro que es urgente y necesario que el Congreso Nacional de tratamiento a una nueva prórroga de esta Ley ya que no se ha avanzado, desde su sanción, con la necesaria celeridad en la regularización de los dominios de las tierras de las comunidades. Esta norma es, sin dudas, un acto de estricta justicia y reparación histórica para los pueblos originarios de nuestro país pero diferentes incumplimientos estatales retrasaron el ejercicio efectivo del derecho a las tierras de las comunidades.¿Se va a avanzar, entonces, en la solución de fondo? Por supuesto. Se va a debatir en el Senado en la próxima sesión y lo vamos a resolver porque hay una emergencia con este tema”.

También el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas, presidido por el qarashe Félix Díaz, emitió un comunicado señalando que “ninguna Comunidad corre riesgo de  desalojo por el vencimiento de la Ley,  está garantizada la continuidad de dicha ley al menos por dos años más, tiempo en el que trabajaremos conjuntamente, por una solución de raíz como la Ley de Propiedad Comunitaria, que nos otorgara la titularidad definitiva de nuestros territorios”.

Foto Sergio Alvez

Optimismo

Por su parte, el padre José Auletta, coordinador de la Región NOA del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), organización que encabezó una fuerte campaña nacional en favor de la prórroga, llegó al acampe tras participar de numerosas etapas previas de diálogo con senadores y diputados, y se mostró optimista al resaltar que “gracias a la movilización de las Comunidades, que viene desde hace mucho tiempo, se logrará que la prórroga sea una realidad. Es importante que se satisfagan y cumplan los derechos indígenas, comenzando por el territorio, ya que sin tierra no hay vida”.

En tanto, el joven Marcelo,  perteneciente al Pueblo Kolla y  miembro de la Comunidad Rodero, de Humahuaca (Jujuy), reslató que”vinimos a Buenos Aires para participar del acampe en apoyo a la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena. Acá estamos para apoyar con toda fuerza una prórroga que es sumamente importante para la provincia, esperando que los legisladores estén a la altura. En la provincia de Jujuy además tenemos una ley de servidumbre administrativa, donde toda la provincia está sujeta a servidumbre y con el aval del Estado todas las empresas pueden venir a realizar emprendimientos sin consulta previa a las comunidades; esto se da porque el 90% de las comunidades no tiene título”.

Antecedentes

La ley 26.160 fue sancionada en 2006. La primera prórroga se votó en diputados en  2009 con 138 diputados a favor, tres en contra (MPN) y dos abstenciones . La media sanción de Senadores fue votada con unanimidad de los 45 senadores presentes.La segunda prórroga de la ley  se votó en la Cámara de Senadores el 3 de julio de 2013 con la unanimidad de los 53 senadores presentes. En Diputados fue votada el 26/09/2013 con la unanimidad de los 191 legisladores presentes.

El debate y la lucha de los Pueblos Indígenas por la prórroga, se da un marco de creciente violencia contra las Comunidades, registrándose en este contexto la desaparición – hace acsi dos meses- de Santiago Maldonado en el marco de un operativo represivo de Gendarmería Nacional en Pu Lof en resistencia Cushamen (Chubut), y la detención desde hace más de cinco meses del docente y referente wichí Agustín Santillán – junto a otros cuatro jóvenes de su Comunidad, detenciones denunciadas como parte de la persecución política que el gobernador Gildo Insfrán impone en dicha provincia contra las voces críticas que denuncian los avasallamientos contra los derechos indígenas.