En esta entrevista, el foro Dakar-Honduras, coalición miembro de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación-CLADE, nos aproxima a la realidad de la financiación de la educación pública en el país.

¿El derecho a la gratuidad educativa se realiza actualmente en Honduras? En caso negativo, ¿cuáles son los principales desafíos que impiden su cumplimiento?

El derecho a la educación en los casos de escuelas públicas con entornos violentos se ve amenazado, en el sentido de que el garante de derechos, es decir, el Estado no ha encontrado una forma de garantizar entornos no violentos. La militarización de colegios públicos y escuelas permite que el profesor y el alumno que están en el centro educativo desarrollen la acción de clase, sin embargo, eso va más allá que dar la clase, en tanto el alumno y el maestro tienen que transitar por entornos no seguros para ambos.

¿Qué se debe demandar al Estado, en términos de financiamiento público, para que sea posible garantizar el derecho a la educación pública, equitativa y de calidad para todas y todos en Honduras?

Se le debe demandar una política de Estado, que mire mas allá de los acuerdos o de los mínimos compromisos, que no son vinculantes para el Estado, como la Agenda 2030 y el objetivo 4.

Una financiación nacional que cubra la demanda de educación básica, secundaria y media poniendo atención en esta última, y en la calidad a todos los niveles. Una educación en la que las habilidades de lectura, comprensión de lectura, matemáticas, ciencia y el arte, sea destrezas y conocimientos comprendidos y desarrollados por los estudiantes y maestros.

Una política clara para la financiación de la educación, que va desde el uso de impuestos para la educación de una forma intencionada, y un presupuesto que avanza según el desarrollo de cada nivel educativo, tanto poblacional como en conocimientos y calificación docente, infraestructura y tecnología que facilite al binomio estudiante-profesor desarrollar esa relación de aprendizaje y enseñanza.

Acompañamos los conflictos recientes entre autoridades y estudiantes de la UNAH, que denuncian intentos de privatizar la enseñanza superior en el país. ¿La comercialización de la educación es una amenaza para la plena realización de este derecho en el país? ¿Por qué?

La privatización de la educación tiene asomos en todos los niveles, cuando las madres y padres tienen que cubrir una cuota u aporte en especie para el mantenimiento de los edificios escolares, pagos de conectividad, agua, luz eléctrica donde la hay, proporcionar casi el 80% del complemento de alimentos para la merienda escolar, te indica que la educación básica no es totalmente gratuita es fuertemente subsidiada por madres y padres.

Igualmente, en la educación superior no es totalmente gratis. Se paga matricula, carnet de estudiante, acceso a laboratorios, transporte, vivienda, alimentación y otros, esto ha sido así. Hay intereses en la privatización de la educación superior en Honduras. Es una lucha de las instituciones privadas del país. De hecho, estas universidades privadas funcionan como fundaciones para la educación y no pagan impuestos al Estado por sus ganancias en la venta de servicios educativos.

La Constitución de la República establece que la educación es laica, gratuita, y pública, se recoge este planeamiento en la Ley Fundamental de Educación de los niveles pre-básico, básico y media.

El país no prohíbe la educación privada en ninguno de sus niveles, se deja a libertad de los padres y madres elegir el centro educativo de sus hijos-as, no hay claramente una ley o contrato de transferencia de recursos públicos a centros educativos privados. Dado que existen menos oportunidades en la educación pública, es normal que la población busque la educación privada, que se ha fortalecido al tiempo que la pública se deteriora.

Así, el Estado no está cumpliendo su obligación de ser garante del derecho a la educación pública y gratuita de la población hondureña, cuando se reduce la financiación de la educación o se mantiene un presupuesto limitado que no cubre la demanda para garantizar acceso, calidad, equidad se pone en riesgo la educación publica y se crean condiciones para el avance de la educación privada.

Según Consulta respecto a la gratuidad de la educación en AL&C, que fue lanzada por la CLADE en el 2014, en Honduras, familias y docentes tienen un papel central en la financiación de las escuelas, pues un porcentaje importante de ellas/os tiene que asumir los costos de los útiles escolares, los materiales impresos de clase, uniformes, alimentación escolar, libros de texto, etc.

¿Pueden comentar esta situación y hacer algunas recomendaciones al Estado hondureño en el sentido de superarla?

Por ley, los padres y madres de familia no deberían aportar nada para el desarrollo de la escuela pública. La realidad dice otra cosa, como se expresa en la consulta del 2015 realizada por el Foro Dakar-Honduras.

Es evidente la ausencia de política pública que regule los presupuestos y asegure asignaciones suficientes desde el Estado. al sector educativo. El presupuesto de educación debería ser una prioridad para alcanzar la meta de una Honduras Educada, como dice el Plan de Nación al 2038.

Ante la ausencia de un presupuesto que cubra las necesidades descritas, los padres, madres y maestros se ven en la necesidad de cubrir ellos los materiales, los uniformes, mantenimiento de edificios y transporte. Esto hace difícil la situación para las familias que tienen más de uno o dos hijos en proceso escolar.

Es necesario ampliar el presupuesto para contratar y calificar profesores, así como para contar con infraestructuras dignas; considerar el alza del presupuesto acorde con la demanda de la población estudiantil según el nivel educativo; sensibilizar al sector empresarial para el pago de sus impuestos, para que la educación pueda ser financiada con recursos propios; enviar el 60% de lo que recauda el Estado en cobro de tasa de seguridad actualmente (uso de tarjeta de crédito, cuentas de ahorro, cheques, pagos de cheques, se cobra un promedio de 20 centavos de dólar por cada movimiento bancario de un valor aproximado de 43 dólares norteamericanos), al sistema educativo desde el inicial a sistema de educación media, fortaleciendo las capacidades del sector educativo público y la institucionalidad de la secretaría de educación y finanzas .