Los poderes fácticos no reconocen las expresiones democráticas de la ciudadanía y exceden los límites del Estado. Se esfuerzan por impedir el cumplimiento de los compromisos programáticos que los gobiernos han contraído con sus electores y tratan de imponer sus intereses particulares al conjunto de la sociedad.

Los poderes fácticos estrangulan a los gobiernos y asustan a la ciudadanía. Los militares, las cúpulas empresariales y El Mercurio fueron reconocidos en su momento por Andrés Allamand. Ahora, se ha agregado un nuevo poder fáctico: la jerarquía evangélica. Las presiones fácticas han estado presentes desde el primer gobierno de la Concertación y en meses recientes retoman la ofensiva. Ello ha dificultado el funcionamiento de la democracia.

Han pasado 27 años y no ha existido una estrategia ni acciones concretas de los gobiernos y partidos de la Concertación para debilitar a los poderes fácticos. Por el contrario, hoy están más fuertes que ayer. A la derecha le ha servido para acumular fuerzas a su favor.

El caso más reciente fue la agresión que recibió la Presidenta Bachelet en Te Deum evangélico. Gritos destemplados, que cuestionaban la aprobación del aborto y la propuesta de matrimonio igualitario, iniciativas gubernamentales, que han recibido un amplio apoyo ciudadano

Ahora, los seguidores de Lutero se han convertido en un nuevo grupo fáctico, en defensa de valores medievales. Como no se los puso en su lugar en su momento, ahora anuncian públicamente “romper con el gobierno”. Con ello buscan debilitar a la Presidenta Bachelet, ingresando directamente a la arena política. Una respuesta contundente hubiese sido el retiro de las autoridades del acto; y, quizás, el anuncio del término de la participación gubernamental en los Te Deum evangélicos.

La arremetida fáctica no ha sido sólo de los seguidores de Lutero. Durante un acto público, y también en presencia de la Presidenta Michelle Bachelet, el Comandante en Jefe del Ejército, general Humberto Oviedo, se quejó amargamente por el supuesto maltrato a los militares, violadores de derechos humanos. Señaló que “no se había considerado el contexto histórico y político en esas violaciones tuvieron lugar”, a lo que agregó la infaltable “obediencia debida”.

Oviedo abrió el camino para que, algunas semanas después, generales retirados de las FF.AA. y Carabineros, publicaran una carta dónde se cuestionaba al Poder Judicial y a las autoridades gubernamentales por un supuesto ensañamiento con militares, actualmente condenados por crímenes de lesa humanidad, junto al probable cierre del penal de Punta Peuco.

Falleció Pinochet, pero la familia militar no cesa en sus esfuerzos de recuperar poder fáctico. Ese poder se lo otorgan las armas, pagadas con el 10% de las ventas de Codelco. A ello se agrega la debilidad de la autoridad civil hacia sus subordinados militares.

Los militares cumplen un rol importante en la sociedad chilena, pero deben estar claramente subordinados al poder civil. La razón es simple. Tienen el monopolio de las armas, que les ha entregado la ciudadanía y por tanto a ella deben responder y no a sus intereses corporativos.

El poder civil ha sido débil para enfrentar las graves malversaciones de fondos de un número importante de los mandos uniformados; también lo ha sido su complacencia con la mantención de retratos y monumentos de los responsables del golpe de Estado en los recintos militares. Resulta cuestionable la mantención del 10% de las ventas de Codelco destinado para la compra de armas.

Por su parte, los empresarios, más concretamente la Sofofa y la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), se han mostrado especialmente agresivos en sus posturas respecto los gobiernos de la Concertación. En efecto, en el 2001 se conoció el insolente “déjenos trabajar tranquilo” que dirigiera al Presidente Lagos, el presidente de la SOFOFA, Ricardo Aristía, en la reunión de la Enade. Y, en años recientes, Andrés Santa Cruz, presidente de la CPC,  ha sido majadero en sus cuestionamientos a las reformas de la Presidenta Bachelet.

A pesar de ello, nuestras autoridades han sido complacientes en aceptar, sin condiciones, las invitaciones empresariales, tanto para las reuniones anuales en  la ENADE como en el Centro de Estudios Públicos (CEP). Una rutina anual con escaso diálogo, dónde no prima el respeto y en la que las autoridades gubernamentales reciben diatribas y cuestionamientos a cualquier iniciativa de cambio al sistema económico..

Finalmente está el poder fáctico de El Mercurio, periódico que dirigió la oposición al gobierno de la Unidad Popular. No se ha castigado el rol de ese periódico y de su director, Agustín Edwards, en el golpe de Estado. Más aún, con el retorno a la democracia, los sucesivos gobiernos han financiado con contratos de publicidad su actividad, siempre opositora a cualquier iniciativa progresista.

También se ha llegado al extremo que destacados políticos de centro izquierda respalden el proyecto Paz Ciudadana, organización civil de “lucha contra la delincuencia”, que inventó Agustín Edwards, los que la han convertido en un referente del establishment para las decisiones y evaluaciones en la lucha contra la delincuencia. Por otra parte, todas las reformas de la Presidenta Bachelet se han visto estigmatizadas por este periódico.

Los poderes fácticos no reconocen las expresiones democráticas de la ciudadanía y exceden los límites del Estado. Se esfuerzan por impedir el cumplimiento de los compromisos programáticos que los gobiernos han contraído con sus electores y tratan de imponer sus intereses particulares al conjunto de la sociedad.

El condicionamiento que ejercen los fácticos sobre la democracia es grave ya que crea la  percepción de gobiernos débiles y partidos políticos incapaces de atender las  demandas ciudadanas. La actual ofensiva de los fácticos exige una firme postura del ámbito político. Sólo así se podrán frenar los intentos de imponer sus intereses particulares por sobre el conjunto de la ciudadanía.