Por Deborah James (*)
Cinco de las siete multinacionales de alta tecnología más grandes del mundo son norteamericanas. Dominan la información (Google, número 1), los medios (Facebook, número 7), el comercio minorista (Amazon, numero 6) y la tecnología (Apple, número 1 y Microsoft, número 3) según el Foro Económico Mundial (World Economic Forum).
Una de las mejores inversiones que estas corporaciones pueden hacer es cambiar las reglas con las que operan, para aumentar sus ganancias en la economía mundial e impedir que la competencia alcance el nivel que mantienen. Durante mucho tiempo, utilizaron los acuerdos comerciales para grabar a fuego las reglas que favorecen sus “derechos” a ser rentables, limitando la capacidad de los gobiernos de regularlas para beneficio público y con frecuencia de una manera imposible de lograr por las vías democráticas normales.
Quizás hayan oído hablar del Tratado Transpacífico (TPP), un acuerdo comercial negociado por la administración Obama, firmado en 2016, pero que nunca llegó a tener el apoyo necesario en el Congreso como para ser sometido a votación. El TPP era el primer acuerdo comercial que incluía reglas del siglo XXI extendidas, restrictivas en lo referente a una serie de asuntos digitales incluidos bajo el título de “comercio electrónico”. Si bien ese rótulo evoca una manera positiva de promover la capacidad de la pequeña y mediana empresa (PME) de aumentar sus ventas en internet, en realidad, restringiría el derecho de los países a regular sectores como la protección de la esfera privada y de los consumidores, la transferencia transfronteriza de los datos, la neutralidad de internet y otros asuntos que hacen a la gobernanza de internet (con respecto a la competencia, la propiedad intelectual y muchas otras). Como existen espacios que van desde el Foro sobre la gobernanza de internet a la Cumbre mundial sobre la sociedad de la información, donde, desde hace mucho tiempo, el sector privado, los gobiernos, los ingenieros y los expertos de la sociedad civil tratan los temas de internet en un formato de múltiples actores, la tentativa del TPP de avanzar en estos temas apuntaba ni más ni menos que a producir un cortocircuito en la democracia y la buena gobernanza a través del sector privado. No es de sorprenderse que fuera criticado por grupos como la Open Digital Trade Network.
Trump abandonó el cadáver humeante del TPP, pero ya antes se habían identificado idénticas disposiciones en el proyecto de Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA, por su sigla en inglés). El TISA apunta a dejar sentada la desregulación y la privatización como se la imaginan las grandes multinacionales de la tecnología, las finanzas, la logística y el comercio minorista de los 50 países participantes. Aunque poco conocido, lo que impidió a los negociadores concluir el TISA en su vigesimosegunda ronda en diciembre de 2016 fue una fuerte oposición entre la UE y los Estados Unidos sobre la protección de los datos, frente al deseo de las multinacionales de obtener nuevos “derechos” para transferir los datos al mundo entero y de poder usarlos sin restricciones. (La UE tiene un sistema sólido de derechos sobre la protección de la esfera privada y de los datos, mientras que la política oficial de los Estados Unidos acerca de la protección de los consumidores favorece el accionar de Google, Amazon y otras multinacionales). Lamentablemente, Trump no ha abandonado el TISA, al contrario, parece que está listo para relanzarlo muy pronto. No será ninguna sorpresa para los que vienen observando la toma de poder progresiva de la administración por parte de Goldman Sachs. (He escrito largamente sobre el TISA aquí, aquí, y aquí, sobre la razón por la cual es una amenaza para los empleos, y sobre la base electoral de Trump aquí.)
El secretario de Comercio de los EE.UU., Wilbur Ross, también afirmó que la renegociación del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) debería incluir una puesta al día de las reglas del TPP y el mismo Trump mencionó el deseo de “abolir las barreras comerciales” para las grandes empresas tecnológicas que gozan de sus favores.
Como se ve, las multinacionales que presionan para regular el comercio electrónico salieron de compras en las distintas instancias y han traído sus listas de deseos a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entidad que publicó una guía de políticas (policy guidance) que abarca una serie de temas anexos; y al G20 que acaba de publicar su Digital Economy Ministerial Declaration [PDF]. Sin embargo, los acuerdos entre miembros de estas instituciones no son restrictivos para las naciones. Para conseguir reglas de comercio electrónico susceptibles de imponer, las multinacionales se vuelcan a la Organización Mundial del Comercio (OMC). Desde julio de 2016, el comercio electrónico fue el tema más impulsado por los países desarrollados en las negociaciones de la OMC. Si las discusiones concluyen en una orden de negociación, las nuevas reglas someterían a los ciudadanos de los 164 países miembros de la OMC a sus prolongadas consecuencias, capaces de cambiar el estado del mundo, destruir empleos y potencialmente el desarrollo.
Los países en desarrollo, que representan la gran mayoría de los miembros de la OMC, desde su creación, en 1995, vienen pidiendo una serie de cambios en las reglas existentes después de haber constatado que eran desfavorables a su desarrollo. Se introdujo una serie de 100 propuestas (la mayoría para eliminar las reglas de la OMC que limitan el uso de estrategias de desarrollo) en el Ciclo de Doha (denominado en ese entonces Agenda de desarrollo de Doha), para convencer a los países en desarrollo que esa ronda de negociaciones iba principalmente a ayudarlos a usar el comercio para el desarrollo. Las reglas más importantes y que tienen la mayor necesidad de cambio son las de agricultura, porque permiten que los países ricos subvencionen a sus productores y exporten productos subvencionados en detrimento de los países en desarrollo, que no están autorizados a recibir subvenciones del Estado incluso para la producción local.
Desgraciadamente, desde entonces las propuestas de los países en desarrollo rara vez se han discutido, en cambio, los países ricos impusieron una agenda diferente de liberalización incrementada, más derechos para las multinacionales y posibilidades limitadas para los países en cuanto a utilizar las mismas políticas que los países ricos utilizaron para desarrollarse.
Ahora los países industrializados están en crisis a causa del impacto negativo de 20 años de acuerdos comerciales destructores del empleo. Pero sus negociadores comerciales siguen presionando para inscribir una serie de reglas que van mucho más allá del comercio detallista y que en realidad son un esfuerzo para diseñar toda la economía digital del futuro en beneficio de las multinacionales.
Casi una docena de propuestas circularon en la OMC, muchas con disposiciones que se asemejan, escritas en pos de una economía mundial sin fronteras, digitalizada, en la cual las principales multinacionales financieras, tecnológicas, logísticas y otras puedan desplazar los empleos, el capital, los insumos y los datos sin tropiezos ni restricciones en el tiempo y el espacio, una economía que abra nuevos mercados, que al mismo tiempo limite las obligaciones de las multinacionales de asegurar que los trabajadores, las comunidades y los países se beneficien de sus actividades.
Los que proponen disfrazan sus propuestas en un caballo de Troya, dicen que se necesita “reforzar el desarrollo por medio del poder de la pequeña y mediana empresa (PME) a través del comercio electrónico”. Es claro que el comercio electrónico puede ser una fuerza creadora de empleos y de desarrollo y ciertamente tiene el poder de acrecentar la innovación, aumentar las opciones para el consumidor, conectar productores y consumidores distantes y aumentar la conectividad global. Pero no es lo mismo que tener reglas globales limitativas y escritas por Google en su propio interés.
Recientemente, participé en un foro sobre comercio electrónico organizado por la Conferencia de Naciones Unidas sobre el comercio y el desarrollo (UNCTAD), en el que había muchos representantes de multinacionales que se hacían pasar por expertos del desarrollo. El comercio electrónico –entendido como el hecho de dar acceso a internet a más ciudadanos, facilitar la venta de productos hechos en casa directamente al consumidor inglés por mujeres rurales de Bangladesh– no se presentaba solo como la receta mágica para resolver todos los problemas de desarrollo en la tierra, sino que también iba acompañado por reglas apremiantes en la OMC que permiten a las multinacionales extranjeras un acceso ilimitado a los mercados locales según sus propias reglas. Pero la PME tiene menos oportunidades de ser competitiva frente a multinacionales gigantescas, que se benefician de economías de escala, subvenciones históricas, avances tecnológicos, fuerte infraestructura auspiciada por el Estado y de un sistema de reglas comerciales escritas por sus abogados. El comercio electrónico en la OMC es una timba.
Para aquellos que se preocupan por el empleo, el trabajo digno, nuestro ambiente común, el desarrollo, las desigualdades y el interés público, a continuación presento doce razones para oponerse a las nuevas negociaciones sobre el comercio electrónico en la OMC.[1]
1. Las discusiones sobre el comercio electrónico están marginalizando una agenda que podría reducir drásticamente la pobreza. Millones de pobres, entre ellos los campesinos, podrían mejorar sus vidas si se aportaran cambios a las reglas existentes en agricultura en la OMC, sobre las que ya escribíaquíy aquí. La red internacional “Nuestro mundo no está en venta” (OWINFS, por sus siglas en inglés) promueve desde hace largo tiempo una agenda de cambio (adoptada por cientos de organizaciones de la sociedad civil) con una serie de demandas similares. Pero esta agenda no ha recibido mucha atención, mientras que este año todos los ojos están dirigidos al comercio electrónico en la OMC. De hecho, los países desarrollados probablemente van a pedir que se comiencen las negociaciones sobre el comercio electrónico para aceptar mantener las promesas que no mantuvieron desde 2001, cuando se lanzó el mentado Ciclo de desarrollo.
2. Las propuestas sobre el comercio electrónico constituyen una redacción prematura de las reglas. Las empresas estadounidenses intentan reescribir las reglas internacionales para dejar sentada su superioridad actual en la materia. A pesar de una supremacía casi total en alta tecnología, quieren hacer fracasar la emergencia de China como actor global, visto que este país invierte miles de millones para desarrollar los sectores de alta tecnología en su plan “Made in China 2025”. Las multinacionales estadounidenses intentan también eliminar otros futuros potenciales competidores. Es así que todos los 164 miembros de la OMC se ven presionados a negociar sobre temas antes de que la mayoría comprenda verdaderamente las potenciales consecuencias. Los países en desarrollo, por lo general, no tienen la experiencia de las tecnologías discutidas, por lo tanto no saben lo que es “la mejor práctica” en lo que respecta a la mayoría de las actividades. Incluso el informe del Banco Mundial “Informe sobre el desarrollo en el mundo 2016: los dividendos de las digitales”[2]destacó que los beneficios del desarrollo de las tecnologías digitales quedaron atrás en relación con su rápida extensión y que pocos países en desarrollo tienen acceso a la banda ancha y a otras infraestructuras, a marcos reguladores, al capital humano y a instituciones capaces de rendir cuentas como para cosechar los beneficios. Recientes informes de la UNCTAD demuestran que una mayoría de países en desarrollo no tienen estructura jurídica adecuada en materia de comercio digital, gobernanza de internet o seguridad cibernética. Incluso las reglas de los Estados Unidos y de la UE con respecto a muchas interrogantes no están aún resueltas. Los beneficios de la digitalización podrían ser enormes para todos, pero no es así si las reglas presentan desequilibrios en favor de los poderosos. Es por qué, en octubre, el Grupo africano en la OMC se opuso a establecer un mandato acerca de las reglas sobre el comercio económico[3]. Desde el punto de vista del desarrollo, es aberrante crear tratados jurídicamente limitativos y dotados de sanciones en campos que surgen en este momento pero que son increíblemente dinámicos en la economía de transformación tecnológica.
3. Las propuestas sobre el comercio electrónico destruirían los empleos. Las tecnologías detrás de la “cuarta revolución industrial” apuntan a desestabilizar el mercado del empleo, porque la flexibilidad es la clave de la “innovación”. Empleos bien pagos, bien provistos de cotizaciones sociales, se están reemplazando por trabajos a pedido sin protección ni estabilidad social. Las empresas están transfiriendo el riesgo del mercado al individuo contractual o “trabajador independiente”, a quien no solo se le paga menos sino que, además, no tiene seguridad social como la licencia por enfermedad, el seguro por enfermedad y la jubilación, sin hablar de la estabilidad del empleo. A menudo, como en el caso de Uber, los esfuerzos de la empresa por dominar el mercado se oponena la capacidad de los trabajadores para aumentar sus salarios. Y ahora que el peligro que representan los robots sobre el empleo es exagerado, muchos puestos de trabajo serán reemplazados por la automatización. Un informe de desarrollo de 2016 del Banco Mundial estimó que 47 % del empleo en los Estados Unidos está en riesgo de automatización, 65 % del empleo en Argentina, 77 % en China y un impresionante 85 % en Etiopía. Un informe del Grupo UBSreciente indicó que los países en desarrollo “tendrán que afrontar la amenaza de la cuarta revolución industrial, que pondrá en peligro los empleos poco calificados por la extrema automatización, porque no tienen la capacidad tecnológica para beneficiar de las ganancias relativas que podrían ser redistribuidas por la ultraconectividad”. Las propuestas sobre el comercio electrónico no generan este cambio, pero podrían acelerar su advenimiento y se volvería más difícil que los gobiernos pudieran atenuar los impactos negativos. En lugar de consolidar el acceso al mercado de las multinacionales cuya acción intensificaría esta perturbación, como lo harían las propuestas sobre el comercio electrónico, los países deberían ser capaces de utilizar una serie de instrumentos políticos para promover el empleo digno, las protecciones sociales y –especialmente en los países en desarrollo– la transformación estructural de sus economías.
4. Las proporciones sobre el comercio electrónico aumentarían las desigualdades entre países. En África Subsahariana, 62,5 % de la población no tiene acceso a la electricidad; 87 %no tiene acceso a internet; y la mayoría no tiene servicio de correo puerta a puerta. Los países pobres fueron claros al expresar que quieren un mejor acceso a la energía, a internet y a otras tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para cubrir la brecha digital; una mejor infraestructura para la logística, incluidos los sistemas de transporte y de correo; marcos jurídicos y reguladores; acceso a la finanza; y capacitación en las tecnologías que les ayuden a prepararse para obtener beneficios del comercio electrónico. Pero estos puntos normalmente no se tienen en cuenta en las propuestas de los países desarrollados, presentadas por las principales multinacionales de comercio electrónico. Las propuestas de los países en desarrollo, mientras tanto, se negocian a menudo con promesas de ayuda no limitativa que vendrá, y que rara vez llega.[4] Por ser China uno de los principales actores en materia de comercio electrónico, vía AliBaba, contribuye poco a mitigar las desigualdades estructurales que se generarían entre países desarrollados y en desarrollo. Las propuestas sobre el comercio electrónico ampliaría el vasto proteccionismo que favorece a las empresas con sede en los países desarrollados, en forma de patentes y copyrights para las tecnologías y el contenido, es decir, flujos financieros incrementados del sur hacia las empresas del norte.
5. Las propuestas sobre el comercio electrónico en la OMC podrían disminuir nuestra seguridad. La propuesta de la UE en la OMC sobre el comercio electrónico incluyó una prohibición de acceder al código fuente o de obligar a revelarlo, para todos los miembros de la OMC. Los gobiernos, incluido el de Estados Unidos, a menudo exigen que los códigos fuente sean publicados o revelados para controlar la vulnerabilidad a la piratería. Esto se tornará cada vez más importante en vista de que ciertas estimaciones proyectan que 50 mil millones de aparatos se conectarán a internet de aquí a 2020, entre ellos “las cosas de internet” incluidas en los aparatos domésticos como los refrigeradores y las televisiones inteligentes (que formaban parte de los cientos de miles da aparatos utilizados en las piraterías masivas en 2014 y nuevamente en 2016). La piratería de aparatos médicos, como los marcapasos, o de los sistemas electrónicos de los automóviles, podrían plantear serios riesgos para la salud y la seguridad. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que prefirió un software open source desde 2002, declara:
Que el código fuente sea accesible al público ayuda de manera significativa a los defensores y no solo a los atacantes. Un examen continuo y extenso hecho por pares, gracias a un código fuente accesible públicamente, mejora la confianza y la seguridad del software por la identificación y la eliminación de fallas que de otro modo no serían reconocidas… A la inversa, cuando se esconde el código fuente al público, los ataques pueden igualmente atacar al software.[5]
Como las casas se convierten en “casas inteligentes” y las ciudades en “ciudades inteligentes”, el riesgo de que se piratee el software secreto y de propiedad nos pone a todos en peligro.
6. Las propuestas sobre el comercio electrónico fomentarían más desigualdades al reducir una competencia verdadera y al fomentar un comportamiento monopólico y oligopólico. “¿Es hora de anular a Google?” se preguntó recientemente Jonathan Taplin en el New York Times:
Google detenta 88 % de parte de mercado en la búsqueda de publicidad, Facebook (y sus subsidiarias Instagram, WhatsApp y Messenger) detentan 77 % del tráfico social móvil y Amazon tiene 74 % del mercado de los libros electrónicos. En términos económicos clásicos, los tres son monopolios.[6]
El control de la información, de los medios y del comercio detallista por medio de estas tres empresas está teniendo consecuencias inesperadas para la democracia, la innovación y el interés público. Estas multinacionales son capaces de invertir en nuevos mercados y de operar a pérdida durante años para dominar el mercado, como están haciendo Uber[7] y Amazon[8] en India y muchos de los centenares de mercados en los que operan. El nuevo zar de la defensa de la competencia del presidente Trump, Makan Delrahim, es muy débil con la regulación antimonopolio. Sin una regulación antimonopolio fuerte, las empresas se tornan más fuertes en todos los sectores a través de las adquisiciones: “Google que compra AdMob y DoubleClick, Facebook que compra Instagram y WhatsApp, Amazon que compra, para nombrar solo una pocas, Audible, Twitch, Zappos y Alexa,” destaca Taplin. Además, si a un país le preocupa un comportamiento anticompetitivo, sus tribunales con frecuencia van a exigir que se revele el código fuente. Pero en la propuesta de la UE sobre el comercio electrónico no hay excepción para casos en que los tribunales exijan que se revele el código fuente. Las propuestas apelan también a que los actores dominantes sean capaces de ampliar su capacidad de influenciar la regulación de sus operaciones bajo la apariencia de “transparencia para los actores”. ¿Cómo puede la PME esperar establecerse en un terreno en el que los gobiernos pueden difícilmente lograr que se aplique un comportamiento anticompetitivo y son los actores bien establecidos los que contribuyen a escribir las reglas?
7. Las propuestas sobre el comercio electrónico amenazan el futuro de los países si permiten la libre transferencia de su recurso natural más preciado: los datos. El bien más preciado de Uber no son ni los automóviles ni los choferes, son sus datos sobre la manera en que la gente se desplaza. Desde el momento en que una empresa domina un sector y es capaz de elaborar datos concretos para la información, puede mantener su posición dominante excluyendo a los competidores, como se sostenía en un artículo reciente de The Economist: “El recurso más preciado en el mundo ya no es el petróleo, son los datos”.[9]Servicios “gratuitos” como los de la nube de Google o Amazon son capaces de acceder a una gran cantidad de datos difícilmente imaginable y de transformarlos en información vendible o arrendable a otras empresas para obtener más ganancias. Sin embargo, casi todas las propuestas sobre el comercio electrónico incluyen el mandato de promover la transferencia de datos transfronterizos –lo que llaman comúnmente “la libre circulación de los datos”, prohibiendo que haya restricciones sobre la localización de los datos (como lo hace el Ejército estadounidense, que insiste en que sus datos se mantengan en servidores de los Estados Unidos) y otras reglas. ¿Por qué los países en desarrollo tendrían que exportar gratuitamente este recurso importante? Una estrategia de industrialización digital incluiría la creación de centros de datos nacionales o regionales, come hicieron países como China y Suecia y que pueden tornarse en centros importantes para las nuevas industrias de software, las industrias de los juegos, las industrias ligadas a internet y otras industrias basadas en los datos. Como escribe Parminder Jeet Singh:
De acuerdo a las tendencias actuales, el nivel de dependencia estructural de los países en desarrollo, en el contexto de la sociedad digital, claramente será más elevado que nunca. Este fenómeno se ha denominado, también, colonización digital… los flujos y el comercio global, esos recursos vitales deberían darse en términos de equidad y asegurar beneficios económicos nacionales, protección social y cultural… Mientras tanto, nos interesa dejar claro que no estamos pidiendo una desmundialización digital. Estamos simplemente buscando un espacio de equidad en el orden global digital que está emergiendo para los países en desarrollo y el interés público.[10]
8. Las propuestas sobre el comercio electrónico son una amenaza para la protección de la esfera privada y de los datos. Los países en desarrollo no son los únicos que deberían estar preocupados por los flujos transfronterizos de los datos y la “libre transferencia de información”. Hemos asistido a una explosión de quejas por parte de los consumidores que descubrieron que sus datos, extraídos del uso de productos o servicios –de los parlantes Bosea la gestión de correos electrónicospasando por los sex toys— se vendían a otras empresas, por lo general sin que el consumidor haya sido informado o haya dado su consentimiento. Esto significa que los datos personales fueron robados y/o abusados; quizás estos “flujos de datos” se deberían renombrar como “contrabando de informaciones robadas”. Como mencioné anteriormente, la UE tiene reglas estrictas sobre la protección de la esfera privada y de los datos, que fueron debatidas democráticamente y aprobadas con entusiasmo por los votantes. Muchas empresas estadounidenses no están a la altura de estos estándares y no tienen derecho a transferir datos a los Estados Unidos. Un estudio de 2017, “Global Survey on Internet Security and Trust”, conducido por el Centre for International Governance Innovation (Centro de Innovación para la Gobernanza Internacional) e Ipsos, demostró que los consumidores dudan a la hora de comprar por internet porque no confían en los gobiernos (65 %); en las empresas (74 %) o temen que sus datos sean utilizados por criminales cibernéticos (82%).[11] El año pasado, asociaciones europeas enviaron una carta, asimismo la sociedad civil internacional,[12] pidiéndole al parlamento europeo que defienda la protección de los consumidores y la esfera privada en TISA, pero estas mismas disposiciones se están introduciendo en la OMC.
9. Las propuestas sobre el comercio electrónico fomentarían la evasión fiscal y la pérdida de finanzas públicas necesarias, produciendo una monopolización creciente del gasto y el interés público en todos los países, pero sobre todo en aquellos en desarrollo. A medida que las empresas adquieran “derechos”, a través de las reglas propuestas de comercio electrónico, para desplazar más fácilmente a los trabajadores, los ingresos, el capital y los datos más allá de las fronteras, serán capaces de aumentar sus prácticas de transfer pricing y de establecer empresas en los países que tengan los controles reguladores más débiles y los impuestos más bajos, lo que aumentará la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos como los que Global Financial Integrity (Integridad Financiera Global) identificó recientemente: 620–970 mil millones de dólares que fueron drenados de los países en desarrollo en 2014, la mayoría por fraude fiscal.[13]Esta renta perdida priva a los gobiernos de los países en desarrollo, sobre todo en África, de la capacidad de hacer las inversiones domésticas necesarias en salud, educación, infraestructura y desarrollo futuro de sus economías. Si una empresa no está obligada a tener presencia local, ¿cómo se puede gravar correctamente sus ganancias? Al mismo tiempo se realizan esfuerzos para extender la moratoria existente en la OMC sobre los derechos aduaneros de las transacciones relacionadas con el comercio electrónico. Al quitar la obligación de los derechos aduaneros sobre el comercio transfronterizo se pone en desventaja a los comercios físicos con respecto al bussiness online, por los beneficios sociales que no se perciben. Pero en vista de que los países en desarrollo dependen más de los derechos aduaneros como fuente de renta fiscal (para financiar la educación, la salud y las infraestructuras) que los países desarrollados (que tienen un sistema de renta, ventas y gravámenes de las empresas más sofisticado), eliminar los derechos de aduana del comercio electrónico de manera permanente no solo pondría en desventaja al negocio físico, además limitaría seriamente la capacidad de los países en desarrollo de hacer las inversiones públicas necesarias, poniendo en peligro sus desarrollos futuros y aumentando la posibilidad de crisis de la deuda.
10. Las propuestas sobre el comercio electrónico podrían aumentar el riesgo de una crisis financiera internacional. Permitir el comercio ilimitado y transfronterizo de datos financieros, y de transacciones financieras, podría tener serias consecuencias imprevistas. Pese a los estragos de la crisis financiera internacional, el sector de los servicios financieros continúa pidiendo el acceso ilimitado al mercado para los productos innovadores (que evaden la regulación) y los flujos financieros ilimitados. Con respecto al TPP, el Tesoro estadounidense dijo que el derecho de conservar datos offshore no debería incluir los datos financieros debido a las lecciones que dejó la crisis financiera internacional. Sin embargo, en Wall Street se estuvo haciendo un lobby eficaz para que esos datos sean incluidos en el TISA y probablemente en la OMC. Las reglas en vigor en la OMC obligan a que los países permitan pagos sin restricción y transferencias por los servicios que los países hayan aceptado, según las pautas de la OMC. Pero los países están interesados en asegurar un control regulador apropiado para ese sector, incluso para el comercio digital transfronterizo. Los gobiernos suelen exigir que los datos financieros sensibles se guarden en el país para asegurara una protección adecuada de la esfera privada y que se adopten medidas de seguridad cibernética para de los datos sean sometidos a una supervisión nacional reguladora adecuada y que estén disponibles para los reguladores financieros en caso de urgencia. Por ejemplo, Sudáfrica exige que los datos financieros se guarden en el país para que las instancias de regulación puedan supervisar los haberes ligados a una quiebra, visto que el fraude y las prácticas depredadoras son moneda corriente en el sector financiero. Si los proveedores de servicios financieros no tienen la obligación de tener presencia local, de gestión local o de guardar los datos localmente, ¿cómo se los puede declarar responsables de un comportamiento criminal o de una crisis financiera? Así como la economía internacional se diversifica cada vez más en servicios y el comercio electrónico transfronterizo aumenta, el poder de los proveedores de servicios financieros como Visa et PayPal también aumentará, visto que suelen servir a las cámaras de compensación cuando las transacciones internacionales trascienden la soberanía financiera de los bancos centrales.
11. Las propuestas sobre el comercio electrónico podrían afectar negativamente el desarrollo al disminuir el margen de maniobra, limitar la capacidad de los países en desarrollo para abordar la industrialización digital, lo que limita las estrategias adoptadas normalmente para potenciar el crecimiento y los empleos. Los lobbies de las multinacionales dijeron claramente que querían eliminar las obligaciones en materia de localización, como la exigencia de una presencia local en el país para hacer las transacciones comerciales; la contratación de mano de obra local, el uso de servidores locales y de facilidades informáticas en las que han invertido; o el uso de contenidos o insumos locales. Pero los países en desarrollo utilizan estas exigencias para asegurar que al permitir que las multinacionales operen en sus economías ayudará al lanzamiento de las industrias emergentes y a ascender en la escala de desarrollo. La propuesta de la UE incluyó también la apertura de los mercados públicos –tema excluido explícitamente en la rueda actual de la OMC. Si se abren las compras públicas (por ejemplo al promover la privatización por asociación pública, privada o público-privada), se pondría en una seria desventaja a la PME, que normalmente están favorecida en esos contratos, comparada con las multinacionales extranjeras (que suelen gozar de economías de escala e inversiones públicas previas), lo que significa que más dinero de los impuestos iría a parar a las multinacionales extranjeras en lugar de promover la economía local.
Las disposiciones propuestas para el comercio electrónico limitan también el margen de maniobra al pedir a los países, entre ellos a los países menos avanzados (PMA) que asuman nuevos compromisos además de los que exige hoy la OMC. Actualmente los PMA no están obligados a tomar ningún compromiso en el marco del Acuerdo sobre las medidas referentes a las inversiones y ligadas al comercio (acuerdo TRIMS), ni en el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual que se refieren al comercio (TRIPS). Las propuestas que piden que se revele el código fuente se consideran como “TRIMS +” porque en realidad estas prohíben las exigencias de transferir tecnología (visto que el código fuente es una tecnología) que los miembros de la OMC pueden actualmente autorizar en virtud de las reglas TRIMS. Se consideran “TRIPS +” porque piden mayor protección de la propiedad intelectual que bajo el TRIPS. Por lo general, cuando un gobierno extiende la protección de las patentes, el propietario de la patente debe develar el invento, incluidos todos los códigos fuentes, como moneda de cambio para que el gobierno proteja su invento. Por último, muchas de las nuevas propuestas excluirían de la integración regional a los países en desarrollo, la que es ampliamente considerada como esencial para su desarrollo, como se prevé, por ejemplo, en la Agenda 2063 de la Unión Africana.
12. Quizás lo más importante, las propuestas sobre el comercio electrónico exigirían que no se someta a los servicios futuros a ninguna regulación fuera de las destinadas a los servicios no digitalizados hoy en día. En las discusiones sobre las “regulaciones internas” en el Acuerdo general acerca del comercio de servicios (AGCS), los bienes se consideran cada vez más como servicios. Los productos están asociados a software que los transforman, por ejemplo, de zapatos en “servicios de fitness” o a los automóviles en “servicios de transporte”, así los servicios deben ser operados según las reglas y las listas de compromisos suscritas por los países antes de que la nueva tecnología se inventara. La intención es probar con anticipación los compromisos, incluso si la tecnología no hubiese existido cuando el país tomó esos compromisos. No obstante, muchos gobiernos del sur dijeron claramente que no aceptaban esa presuposición. El hecho de producir un cortocircuito en los controles públicos de las potenciales consecuencias de tecnologías que aún no existen no tiene sentido para el ciudadano medio, pero tiene mucho sentido para las multinacionales que solo están a favor de las regulaciones que prohíben otras regulaciones.
Estas multinacionales coordinan sus esfuerzos para asegurarse de que sea el tema principal de la XI Conferencia ministerial de la OMC, que se llevará a cabo del 11 al 14 de diciembre de 2017 en Buenos Aires. Los sindicatos, los defensores de la esfera privada y de los derechos digitales, del desarrollo y del interés público tienen una oportunidad para plantear sus temores ante sus respectivos gobiernos a fin de que atiendan a este peligro inminente. Incluso para los grupos que tengan otras opiniones sobre los impactos potenciales, es claro que debe realizarse un debate abierto y profundo antes de que los países adopten reglas cuyas consecuencias están lejos de ser certeras. Mientras los partidarios del comercio electrónico afirman que toda discusión en la OMC tendrá un desarrollo central y que los países en desarrollo deberían estar sentados a la mesa al momento de preparar las reglas, los expertos de la OMC advirtieron que las multinacionales y los gobiernos de los países ricos actúan en pro de sus intereses y son los que fijan la agenda. Para terminar con la brecha digital se requieren estrategias inteligentes que estarían obstaculizadas por las propuestas sobre el comercio electrónico[14].
Las transformaciones positivas ofrecidas por la era de las digitales en favor de más prosperidad, empleos, innovación y conectividad se ven amenazadas por los esfuerzos monopólicos y antidemocráticos de las multinacionales más poderosas que quieren reescribir las reglas de la economía futura mundial en favor propio. En el mundo digital, para alcanzar un porvenir que cree una prosperidad compartida y trabajo digno para todos, debemos asegurarnos que las reglas sean escritas por y para todos y no solo por y para algunos.
(*) El autor:
– Deborah James es la directora de los programas internacionales del Center for Economic and Policy Research (www.cepr.net) y coordina la red de la red global Nuestro mundo no está a la venta (OWINFS, por sus siglas en inglés).
James agradece por sus aportes a la Profesora Jane Kelsey de la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda; Abhijit Das del Centre for WTO Studies, India; Christina Colclough de UNI Global Union; Parminder Jeet Singh de IT for Change, India; Burcu Kilic de Public Citizen, EE.UU.; y anya Reid Smith de Third World Network, Ginebra.
[1] Por simplicidad, las medidas repetidas en las numerosas propuestas están señaladas sin identificar los numerosos países que auspician cada medida o propuesta. Cabe destacar que varios países en desarrollo se unieron al papel de los países desarrollados, por ej. a la UE, pero sin que al parecer se haya incorporado ninguna provisión de desarrollo en estas propuestas.
[2] Banco Mundial 2016. “Informe sobre el desarrollo en el mundo 2016: el dividendo digital” Washington, DC.
[3] Third World Network. 2016. “Africa Group’s Deadly Blow to E-com Thematic or Negotiating Issues Talks.” SUNS 8337. http://www.twn.my/title2/wto.info/2016/ti161021.htm
[4] Una propuesta de Amis du commerce électronique pour le développement (Amigos del comercio electrónico para el desarrollo) tendría esta consecuencia, legitimando las negociaciones en la OMC. Cf. http://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1477 et http://www.twn.my/title2/wto.info/2017/ti170501.htm.
[5] Chief Information Officer, US Department of Defense. DoD Open Source Software (OSS) FAQ. http://dodcio.defense.gov/Open-Source-Software-FAQ/.
[6] Taplin, Jonathan. 2017. “Is It Time to Break Up Google?” The New York Times. https://www.nytimes.com/2017/04/22/opinion/sunday/is-it-time-to-break-up-google.html?_r=0
[7] Manjoo, Farhad. 2017. “Uber Wants to Rule the World. First It Must Conquer India.” The New York Times. https://www.nytimes.com/2017/04/14/technology/uber-india.html
[8] Bloomberg. 2016. “Amazon to Spend $5 Billion to Dominate India E-Commerce.”
[9] The Economist. 2017. “The World’s Most Valuable Resource Is No Longer Oil, but Data: The Data Economy Demands a New Approach to Antitrust Rules.” http://www.economist.com/news/leaders/21721656-data-economy-demands-new-approach-antitrust-rules-worlds-most-valuable-resource
[10] Singh, Parminder Jeet. 2017. “Developing Countries in the Emerging Global Digital Order – A Critical Geopolitical Challenge to which the Global South Must Respond.” IT for Change. https://www.itforchange.net/Developing-Countries-in-the-Emerging-Global-Digital-Order
[11] Centre for International Governance Innovation, IPSOS, Internet Society, United Nations Conference on Trade & Development, and International Development Research Center. 2017. “2017 CIGI-Ipsos Global Survey on Internet Security and Trust.” https://www.cigionline.org/internet-survey
[12] Consumers International et al. to European Parliament trade negotiator. 2016. https://edri.org/files/TiSA/globalletter_dataprotection_privacy_20161102…
[13] Spanjers, Joseph and Matthew Salomon. 2017. “Illicit Financial Flows in Developing Countries Large and Persistent.” By Global Financial Integrity. Washington, DC. http://www.gfintegrity.org/report/illicit-financial-flows-to-and-from-developing-countries-2005-2014/
[14] South Centre. 2017. “The WTO’s Discussions on Electronic Commerce: Analytical Note.” Geneva. https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2017/01/AN_TDP_2017_2_The-WTO%E2%80%99s-Discussions-on-Electronic-Commerce_EN-1.pdf
