El gobierno argentino esperó hasta después las elecciones el cumplimiento con lo dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo hace fuera de término y en el peor de las opciones posibles. El poder judicial jujeño estipuló que a Milagro Sala le será concedida la prisión domiciliaria.
Las torturas a la dirigente social continúan ya que se definió como residencia de Sala una casa de su propiedad, pero inacabada y que fue saqueada durante su cautiverio. Un edificio que iba a tener como finalidad el funcionamiento de una clínica de rehabilitación, pero que hoy no cuenta ni con puertas, ventanas, electricidad, agua o sanitarios.
La medida cautelar de la CIDH exigía la liberación de la diputada del Parlasur por la situación de peligro de su vida que vivía en el penal de Alto Comedero, sin embargo esta decisión busca humillarla, enviándola a una casa abandonada en las afueras de la ciudad de San Salvador, en el barrio La Ciénaga.
El juez Gastón Mercau informó esta mañana a los abogados de Sala la decisión, que consideraron imprescindible, aunque mostraron su malestar por el domicilio elegido para su cliente. Los letrados buscarán agilizar el traslado al mismo día de hoy, ya que la situación de riesgo y amenaza contra su defendida así lo requiere.
Milagro Sala ha sido declarada por el grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias, como una presa política y son cientas las organizaciones que exigen la inmediata liberación de la dirigente social.
