Declaración aprobada por el Plenario Nacional de la Coalición por una Comunicación Democrática el 2 de agosto, hacia la actividad nacional del 28A.
Este 27 de agosto de 2017, Día de la Radiodifusión y aniversario de la Iniciativa Ciudadana de los 21 Puntos por una Comunicación Democrática[1], quienes abajo firmamos renovamos el compromiso de trabajar por la ratificación en el plano jurídico interno del derecho humano a la comunicación como bien social de acceso universal.
Invitamos a suscribir y compartir este documento como un modo de expandir el reconocimiento del derecho a la información y a la libertad de expresión del pueblo argentino y del valor esencial de la realización de bienes y servicios culturales con identidad nacional [2].
Porque ya se pudo, como una conquista del conjunto, demandamos al Estado Nacional observar y respetar los principios de universalidad y progresividad que consagran los tratados internacionales de derechos humanos y de diversidad y pluralismo
Ello requiere legislaciones y políticas públicas que aseguren:
- La creación de autoridades de aplicación independientes de los poderes económicos y políticos, federal, con participación de la sociedad civil, que prioricen la normalización democrática del espectro. Privilegiar la inclusión de prestadores y no perseguir a quienes no han tenido la oportunidad de regularizarse.
- Más medios y más pantallas, con cuotas de pantalla aseguradas, en todos los soportes y tecnologías, para garantizar el acceso a contenidos nacionales y locales, información, entretenimiento y educación, con diversidad y pluralismo.
- Acceso gratuito a contenidos de interés relevante como los espectáculos deportivos o artísticos en las diversas plataformas mediante la oferta pública previa de derechos de exhibición.
- Frente a abonos abusivos en telefonía móvil, conectividad y televisión de pago: precios regulados y tarifas sociales cuando corresponda.
- Más trabajo argentino de calidad, como expresión de la identidad local y nacional merced al cumplimiento de cuotas de producción nacional, propia, local e independiente en los medios.
- Fomento y protección del espacio audiovisual nacional. Plena y efectiva asignación de fondos específicos colectados de los operadores de servicios de comunicación, conectividad y plataformas de contenidos internacionales.
- El salto tecnológico en condiciones simétricas para todas las plataformas, mediante igualdad de oportunidades de desarrollo, promoción y protección para todos los tipos de prestadores, debiendo prestar especial atención a los medios comunitarios, de pueblos originarios, sin fines de lucro, universitarios, públicos y estatales.
- La protección a públicos, usuarias y usuarios frente a la concentración indebida de prestadores y operadores, por medio de: topes de concentración nacional, local y de mercados; de regulación del usufructo de recursos escasos; de la garantía de acceso a servicios, y libertad de elección de operadores.
- Implementación de las medidas asimétricas y el financiamiento ordenados por ley para proteger a PyMes y prestadores sin fines de lucro ante las posiciones dominantes de mercado.
- Pleno funcionamiento de los organismos estatales destinados a proteger y promover los derechos de las audiencias de los servicios de comunicación audiovisual.
- Resguardo y protección de los derechos laborales, culturales y artísticos de los trabajadores y las trabajadoras de las industrias de la comunicación.
- Mecanismos desmonopolizados de acceso gratuito a internet como herramienta imprescindible para la vida ciudadana y la relación de los sujetos con el Estado.
- Protección de todas las voces mediante reglas de distribución de publicidad oficial no discriminatorias y políticas de fomento orientadas a los operadores comunitarios, de pueblos originarios, cooperativas y otras de la economía social y de la pequeña y mediana empresa, en toda la cadena de valor de los servicios de comunicación.
- Respeto y ampliación de los derechos de la infancia, de las mujeres, de las personas LGTBI, de las personas con discapacidad, migrantes y pueblos originarios y otros sectores vulnerados en el acceso a servicios audiovisuales y a los servicios TIC, así como en el modo en que son representadas en las producciones audiovisuales.
- Derogación del DNU 267/2015 y revisión de sus efectos, a la espera de su declaración de inconstitucionalidad por la Corte Suprema. Debate amplio y plural sobre la actualización de las leyes de comunicación.
Coalición por una Comunicación Democrática, documento de trabajo aprobado en el Plenario Nacional del 2 de Agosto en el Sindicato Argentino de Televisión.
