Por Ricardo Pérez para El Gran Angular
Los países de América Latina siempre han declarado tener una estrategia de integración comercial que ofrezca mercados alternativos, en busca de mayor independencia económica y geopolítica de los grandes polos industrializados del resto del mundo. Sin embargo, los indicadores señalan que el comercio exterior desde los países de América hacia Estados Unidos, Europa y especialmente Asia, aumentan; mientras el comercio entre los países de la región, disminuye[1].
La realidad es que las políticas de integración regional han favorecido la exportación de las materias primas, es decir, conectar centros de producción de commodities con puertos y aeropuertos. Hasta hace pocos años, el impulso político y financiero detrás de este modelo de integración suramericana fue Brasil. Con su buque insignia: el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que financió casi toda la cartera de proyectos de la Iniciativa para la Integración Regional Sur Americana – IIRSA, como: Vías, hidrovías, puertos fluviales y ferrocarriles que permitirían a la soja, la carne y los minerales brasileños llegar a los puertos del Pacífico. Sin embargo, el gigante del sur ha sufrido un duro revés tras el escándalo de corrupción entorno a Odebrecht-Lava Jato, además de la crisis política que viene pasando el país, con ello un súper-poder se ha propuesto reiniciar el proyecto, bajo sus términos: La China.
Con el Canal de Nicaragua paralizado por conflictos sociales y denuncias de violaciones a los derechos humanos y el Tren Bioceánico que sería concesionado a una empresa alemana sin atravesar la Amazonía, pasando por el sur de Perú hacia Bolivia, Uruguay y Brasil, la opción china es simple: Reemplazar al BNDES como impulsor de la cartera de proyectos IIRSA, especialmente las del Eje Amazonas.
Ya desde el 2014 tenemos información sobre las reuniones entre el Chinese Development Bank (CDB), el Banco de Exportaciones e Importaciones de China (EXIM Bank) y el Consejo UNASUR que controla la cartera. En aquella oportunidad el CDB aseguró qué “que el objetivo de la institución es apoyar la implementación de proyectos de infraestructura regional a fin de promover la sostenibilidad social y el desarrollo económico de los países de América del Sur[2]”. Asimismo, presentó las condiciones necesarias para el financiamiento de proyectos de infraestructura en América del Sur, entre ellas la de promover los vínculos comerciales entre China y el país impulsor del proyecto, fomentando la participación de China en las inversiones asociadas a estos megaproyectos y en la provisión de los servicios logísticos necesarios para su funcionamiento[3]. El paquete completo: Empresas chinas extrayendo las materias primas, empresas chinas construyendo la infraestructura que abarate sus costos de transporte, y a través de sus numerosos bancos ofreciendo préstamos para la cartera de megaproyectos de toda la región, por alrededor de 35 mil millones USD[4]. Una combinación peligrosa si recordamos que todo esto se piensa hacer encima de la frágil y valiosa cuenca amazónica. Más peligroso aún si recordamos que los gobiernos suramericanos, sin excepción están en una carrera por debilitar sus regulaciones ambientales y facilitar el acceso al uso de la tierra para las inversiones.
Finalmente, el gran problema es que estas inversiones vienen financiadas por bancos con salvaguardas que mejoran en el papel, pero que simplemente no se han estado cumpliendo. Habrá que estar muy atentos a los proyectos IIRSA en adelante. Mejores condiciones son necesarias para un verdadero desarrollo sostenible en nuestros países.
