Por Liz Meléndez, con colaboración de Victoria Solís (CMP Flora Tristán)
La lucha contra la violencia hacia las mujeres en la agenda pública del Estado y frente a la ciudadanía, la viene dando desde hace cuatro décadas el movimiento feminista en sus diferentes expresiones. Ni Una Menos es la evidencia de que esta lucha se encuentra más vigente que nunca, ya que se ha ampliado, diversificado y fortalecido gracias a la pluralidad de voces y mujeres articuladas contra la violencia de género y en defensa de la igualdad y los derechos humanos.
El pasado fin de semana se cumplió el primer aniversario de la histórica marcha #13 que convocó a cerca de un millón de personas en las calles de Lima y en distintas regiones del Perú, para manifestarse contra la violencia, los feminicidios y la impunidad. Este aniversario se conmemoró con la realización de otra movilización (esta vez el 12 de agosto), la cual en tiempo record logró convocar a gran cantidad de personas, colectivos y organizaciones, que a viva voz recordaron una vez más que la violencia- en sus múltiples formas- es discriminación y debe ser adecuadamente atendida, sancionada, prevenida y erradicada.
Quienes se dieron cita y animaron esta nueva movilización respondieron al llamado de justicia y a la indignación por las mujeres víctimas de la violencia, las sobrevivientes y las desaparecidas, pero, además, pusieron en evidencia que la lucha por la igualdad y la erradicación de la violencia no puede ser labor de un día, ya que es un camino largo, plagado de obstáculos y de resistencias en un país en el que aún se condensan múltiples desigualdades.
Corresponde preguntarnos entonces cuánto se ha avanzado en la lucha contra la violencia en el último año. A nivel normativo y de políticas nos encontramos en un escenario mixto, pues a la vez que se han dado avances también se han presentado preocupantes retrocesos.
Por ejemplo, si bien se ha impulsado la coordinación entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de la Mujer para articular la atención entre la Policía Nacional y el Centro de Emergencia Mujer (25 servicios integrados a la fecha), a la par en el Congreso de la República se derogaron los Decretos Legislativos (DL) 1266 y 1267; los cuales buscaban incorporar y fortalecer el enfoque de género en la Ley de Organización y funciones del Ministerio del Interior y en la Ley de la PNP. Por supuesto, esta medida afecta la correcta implementación de los cambios de fondo que se tienen que hacer en las instituciones estatales para promover una mejor atención frente a la violencia. Otra situación lamentable fue la derogación parcial que sufrió el DL N° 1323 en el Congreso, mediante lo cual se pretende dejar sin protección a las personas afectadas por la violencia y la discriminación por orientación sexual e identidad de género.
Es positiva la aprobación de la Ley N°30609, que elimina los beneficios penitenciarios para los sentenciados por violencia familiar y sexual, y la Ley N° 30628, que mejora las condiciones que tienen las mujeres para enfrentar los procesos de filiación y por ende la pensión de alimentos. Así mismo, es importante la aprobación del DL N° 005-2017, que determina la creación de Mecanismos para la Igualdad de Género en las entidades públicas del Gobierno Nacional y Regional; y es de especial relevancia la creación de una Comisión de Justicia de Género en el Poder Judicial, orientada a mejorar el juzgamiento de los casos.
Sin embargo, es contradictorio que la Corte Superior de Justicia de Lima, haya cambiado el nombre al Módulo Judicial integrado en Violencia de Género, por Módulo Judicial integrado de Violencia Familiar; ya que se supone que este debe ajustarse a lo dispuesto por la Ley 30364 (Ley contra la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar), norma de alcance amplio, orientada no solo a enfrentar la violencia en el ámbito familiar sino la que se presenta en todos los ámbitos de la vida de las mujeres.
Es decir, si bien es cierto se han venido dando avances en el plano de las políticas y normas, también existen sectores conservadores que pretenden poner obstáculos a estos, mediante la derogación de Decretos Legislativos claves en el Congreso, la obstaculización en la implementación del enfoque de género y la difusión de mensajes contrarios a la igualdad y los derechos de todas y todos.
Así mismo, es preocupante que en lo que va del año se hayan reportado 59 feminicidios y 123 tentativas de este delito, lo que representa 11% más que los casos reportados el año pasado.
Casos como el de Solsiret Rodríguez y Shirley Villanueva, dos jóvenes universitarias desaparecidas hace un año y cuatro meses, respectivamente, nos demuestran también la urgencia de reformar el sistema de búsqueda de personas desaparecidas desde un enfoque de género, que mueva a las autoridades, al Ministerio Público y la Policía Nacional a atender estos casos con la debida diligencia y celeridad, conforme a los estándares internacionales que alertan sobre la necesidad de vincular los casos de desapariciones de mujeres con delitos como el feminicidio o la trata de personas. Esto nos demuestra que, un año después de la histórica marcha contra la violencia y la impunidad de los delitos de género, existe todavía la imperiosa necesidad de que el sistema de justicia siga reformándose de manera sustantiva para garantizar así a las mujeres y sus familiares un acceso efectivo a la justicia, sin discriminación, dilación ni revictimización.
Esta marcha con miles de mujeres en las calles volvió a recordarnos que el camino por recorrer es bastante largo, que las mujeres siguen siendo violentadas en las calles y en sus casas. Por lo tanto, si bien se saluda cada paso a favor de una vida sin violencia, cada retroceso debe ser denunciado y rechazado.
