por Pedro Brieger (*)
El 3 de diciembre de 1998 llegué por primera vez a Caracas para presenciar el triunfo electoral de un casi desconocido Hugo Chávez que apareció como un huracán que se llevaba puesto una agonizante Cuarta República construida por los dos partidos políticos más importantes que les permitía el reparto del poder. Los socialdemócratas de Acción Democrática (los llamados “adecos”) y los social cristianos de COPEI (los copeyanos) no sólo se repartieron el poder político, sino también las gigantescas ganancias que dejaba el petróleo y que no derramaban hacia los sectores populares. Revisando los papeles de aquella época encuentro que un porcentaje muy alto de la población vivía en la pobreza.
En ese entonces muy pocos periodistas habían llegado a Caracas para cubrir las elecciones porque Venezuela no “figuraba” en el escenario internacional, salvo por el petróleo y la revuelta popular de 1989 conocida como “caracazo” que había dejado más de 3 mil muertos por la represión dirigida por el presidente “adeco” Carlos Andrés Pérez.
Casi veinte años después Venezuela ocupa espacios rutilantes en muchos de los periódicos más importantes del planeta; Estados Unidos sanciona a su presidente y a varios ministros, y varios gobiernos de América emiten comunicados con regularidad para referirse a la situación interna del país, como sucedió el pasado 31 de julio con la elección a una Asamblea Nacional Constituyente.
Las profundas transformaciones sociales impulsadas por el “Huracán Chávez” -y su rechazo- han colocado a Venezuela en el centro de la política internacional, hasta tal punto, que pareciera que todo el mundo estuviera obligado a opinar sobre lo que hacen o dejan de hacer los venezolanos. Es así que la “legalidad” de esta elección fue tema de debate en más de una tertulia televisiva, incluso por gente que ni siquiera se enteró del comunicado del Consejo de Expertos Electorales de América Latina que elogió el proceso electoral. (Documento del Consejo de Expertos Electorales en Latinoamerica)
La situación política cambiante día a día está atravesada por dos aspectos que se complementan. Por un lado, existe una puja de poderes a nivel institucional entre el Poder Ejecutivo (en un país con fuerte tradición presidencialista) y el Poder Legislativo, en manos de la oposición desde diciembre 2015. Este hecho de por sí no es novedoso ya que existe en numerosos países, incluido los Estados Unidos. Lo diferente en este caso es que la oposición, desde el momento en que obtuvo la mayoría parlamentaria, manifestó su intención de destituir al presidente Nicolás Maduro, electo en abril de 2013. En su discurso de asunción como presidente de la Asamblea Nacional el “adeco” Henry Ramos Allup dijo que en seis meses terminarían con el gobierno de Maduro.
Para lograr dicho objetivo no sólo intentaron utilizar los mecanismos institucionales -que fueron resistidos por el Poder Ejecutivo- sino que apelaron a movilizaciones callejeras para acelerar la caída del presidente, convencidos de que la derrota del chavismo en las elecciones de 2015 implicaba que había entrado en su fase terminal. Por esta razón en varias oportunidades durante 2016 convocaron literalmente a la “toma de Caracas”, la “toma de Venezuela” y la “toma de Miraflores”, el palacio de gobierno.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo respondió desde lo institucional desautorizando a la Asamblea Nacional, quitándole todos los atributos legislativos apelando a mecanismos legales, vaciándola de contenido. Por otra parte, resistió la ofensiva destituyente en las calles con gigantescas movilizaciones propias, fruto de un verdadero apoyo popular de aquellos marginados durante la Cuarta República y principales beneficiados de la inclusión social, bandera fundamental del chavismo.
La ciudad de Caracas se extiende a lo largo entre diferentes cerros y la división geográfica Este-Oeste se convirtió también en esta coyuntura política en una división político-territorial. En el Oeste, donde se encuentra el centro histórico, los principales edificios públicos y los ministerios -además de la sede del gobierno, el Palacio Miraflores- se convirtió en un bastión del chavismo al que las fuerzas públicas nunca dejaron que se acercaran las movilizaciones opositoras para evitar un enfrentamiento a gran escala.
El Este y sus zonas de clase media y alta es el corazón político-social de la oposición, donde concentran su poder, aunque esto no excluye que sectores populares apoyen también a la oposición. En el Este se hacen fuertes, cortan las autopistas, levantas barricadas y ocurren los principales enfrentamientos con la policía en los últimos cuatro meses. Este control territorial les permitió impedir que se abrieran numerosos centros de votación el 31 de julio en el Este de la ciudad.
Sólo en este contexto se puede entender que coexistan “dos mundos” paralelos en una misma ciudad. Las imágenes incendiarias que provienen del Este remiten a un escenario de guerra civil con heridos y muertos. Por el contrario, si uno recorre el Oeste encuentra las calles abarrotadas de gente, restaurantes repletos y bullicio como en cualquier otra capital latinoamericana. En este escenario surrealista -que existe en otras ciudades del país- se realizaron los comicios a la Asamblea Constituyente el domingo 31 de julio que la oposición llamó a sabotear.
No es el primer caso de partidos políticos que, por diversos motivos llaman a votar en blanco, nulo o incluso a abstenerse; pero es muy poco común que partidos políticos legales convoquen a sabotear directamente un proceso electoral impidiendo que se abran los recintos electorales. Por este motivo se habilitó en Caracas un espacio alternativo en un estadio cerrado para que fueran a votar aquellos que no podían hacerlo en sus lugares de residencia. Para sorpresa de propios y ajenos, y como pudo testimoniar NODAL, miles de personas hicieron el esfuerzo de ir a votar en un país donde el voto no es obligatorio.
Según el Consejo Nacional Electoral, el mismo que difundió los datos de la aplastante derrota del chavismo a las legislativas de diciembre de 2015, votaron más de 8 millones de venezolanos, un 41% del padrón electoral. Tomando en cuenta las diferentes votaciones desde que Chávez asumió en 1999 se puede decir que los 5 millones y medio de votos que obtuvo el chavismo en 2015 representan un piso de voto popular que ha logrado consolidar a lo largo de los años. La gran pregunta es cómo logró el chavismo recuperar los votos perdidos en la elección de 2015 cuando fue duramente castigado.
Seguramente la respuesta no proviene de una sola variable, pero la palabra “paz” apareció en innumerables testimonios en todo el país. Los que se movilizaron no lo hicieron para otorgarle un cheque en blanco al presidente Maduro, quieren la paz, están cansados de la violencia y de las muertes, de todas las muertes. Como en cualquier lugar de profundo y continuo conflicto social con altos niveles de violencia la paz se convierte en una aspiración fundamental y en este caso muchos consideraron que la votación por una Asamblea Nacional Constituyente era un voto plebiscitario por la paz.
Las denuncias de fraude electoral por parte de la oposición no asombran porque es consecuente, lo hizo cada vez que perdió frente al chavismo. La diferencia en esta ocasión es que la oposición recibe un fuerte apoyo explícito de Estados Unidos, la Unión Europea y varios gobiernos latinoamericanos -muestra cabal del cambio de relación de fuerzas regional- y del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) -el uruguayo Luis Almagro- que fue al Senado de los Estados Unidos a pedir abiertamente sanciones contra Venezuela.
Si la Asamblea Constituyente logra bajar la tensión actual y se realizan elecciones regionales con participación de algunos partidos opositores habrá logrado su cometido de “reconciliación” con amplios sectores desencantados del chavismo que piden la paz, aunque la reforma constitucional enunciada pueda resultar confusa e incierta. En este caso es posible que logre marginar a los sectores radicales de la oposición que alientan una “insurrección total” y tocan las puertas de los cuarteles para que los militares den un golpe de Estado, como ya lo hicieron en abril de 2002.
El chavismo desde 1999 está intentando desmontar el Estado que manejaron los sectores más poderosos durante décadas. Muchos de éstos están empeñados en impedirlo a cualquier precio, aunque provoque una guerra civil.
(*) Periodista y sociólogo argentino, director del portal de Noticias de América Latina y el Caribe (NODAL).
