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Dos meses de agonía y un creciente deterioro moral de la presidencia de Michel Temer forzaron la decantación de una alternativa poco atractiva, pero viable, en el callejón sin salida que envilecía la política en Brasil.
El presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, aparece como el probable sucesor. Ya es el sustituto natural, cuando el mandatario viaja al exterior, pero a los 47 años y sin experiencia ejecutiva, está lejos de ser un líder capaz de generar entusiasmos.
Pero sí logró aunar hace un año los respaldos suficientes para asumir la presidencia de la cámara baja, una función clave por manejar una casa de 513 parlamentarios, donde más fuertemente se manifiestan los conflictos y la fragmentación política, dificultando las decisiones legislativas.
Amplios sectores económicos y políticos llegaron a la conclusión de que el derechista Maia es el mejor ubicado para impulsar medidas reclamadas por los voceros del sector económico, como la reforma previsional, mientras que el también conservador Temer perdió las condiciones con que contaba para conducir las labores parlamentarias.
Antes se rechazaba sustituir nuevamente el presidente del país, meses después de que la anterior mandataria, la izquierdista Dilma Rousseff, fuese separada del cargo en mayo de 2016 para ser enjuiciada por el Senado y destituida el 31 de agosto siguiente
Primaba para los factores de poder el no agravar la inestabilidad y las incertidumbres que afectan el país, especialmente a la economía, desde las elecciones presidenciales de octubre de 2014, en que Temer fue el candidato a la vicepresidencia con Rousseff. La prioridad era evitar nuevas turbulencias.
Pero las acusaciones de corrupción y obstrucción a la justicia que pesan sobre Temer y las continuas acciones judiciales contra él y sus colaboradores más allegados minaron la fortaleza de Temer en el legislativo Congreso Nacional y lo convirtieron, de hecho, el mayor factor de turbulencias.
El procurador general (fiscal general), Rodrigo Janot, precipitó la suerte de Temer, cuando el 27 de junio lo acuso formalmente de corrupción pasiva ante el Supremo Tribunal Federal (STF), la única instancia que puede enjuiciar un presidente del país por un cargo penal.
Seis días después la Policía Federal detuvo, por orden judicial, a Geddel Vieira Lima, exsecretario de Gobernación y hombre de confianza de Temer, acusado de intento de obstrucción de la justicia.
Tres semanas antes la misma policía había detenido a Henrique Alves, expresidente de la Cámara de Diputados y exministro de Turismo, acusado de corrupción y legitimación de capitales ilegales.
Dos exasesores especiales de Temer también fueron apresos en mayo, uno de ellos después de ser filmado con 500.000 reales (150.000 dólares) en una valija, soborno supuestamente destinado al presidente, según la acusación del procurador general y los diálogos grabados entre los acusados y empresarios corruptores.
La conclusión es obvia para quienes desean aderezar la economía, aunque en términos conservadores e impopulares, y superar la inestabilidad política: mejor un presidente anodino, con posibilidades de conducir la transición hasta las elecciones de octubre de 2018 y la llegada de un nuevo gobierno el 1 de enero de 2019.
Maia, del partido Demócratas, parte de la alianza en el poder y con una bancada parlamentaria de mediana dimensión, conduciría un gobierno de baja intensidad, en contraposición al encabezado por Temer, tumultuoso y arrinconado.
Ocho ministros del actual gobierno están bajo investigación STF, por sospecha de corrupción denunciada por dirigentes del grupo empresarial Odebrecht que decidieron colaborar con la justicia, con la revelación de los multimillonarios sobornos entregados los 10 últimos años, a cambio de contratos públicos y leyes ventajosas.
Prácticamente toda la dirigencia política del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que Temer presidió entre 2001 y 2016, está detenida o bajo investigación penal.
Nuevos sobresaltos se espera de la colaboración judicial de otros miembros del PMDB ya detenidos, uno de ellos Eduardo Cunha, el expresidente de la Cámara de Diputados, preso desde octubre y condenado a 15 años en uno de los varios procesos en que es acusado de corrupción, lavado de dinero y organización criminal.
Otro es Lucio Funaro, que no es un político, sino que fungió de operador financiero del PMDB e intermediario en varios casos de soborno. Su “delación premiada”, la colaboración con los jueces a cambio de rebajas en sus penas, ya se da por hecho y va apuntar al presidente y otros jefes del partido.
Temer puede ser alejado de la presidencia en las próximas semanas, si la Cámara de Diputados autoriza al STF juzgarlo por corrupción pasiva, por su presunta aceptación de un soborno de la compañía JBS, la mayor procesadora y exportadora de carne, a cambio de beneficiarla con medidas gubernamentales.
Esa autorización exige mayoría de dos tercios, es decir 342 diputados, una hazaña que parecía imposible hace unos días. Pero la erosión del respaldo a Temer se volvió palpable los últimos días.
El Partido de la Socialdemocracia Brasileña, considerado el fiel de la balanza y cuyas dudas favorecían a Temer, dio señales de que dejará la alianza. Su presidente interino, el senador Tasso Jereissati, manifestó su preocupación por la “ingobernabilidad” actual y su apoyo a la “alternativa Maia”.
La primera prueba será la votación en la Comisión de Constitución y Justicia, donde habrá las primeras discusiones sobre las acusaciones de la Procuraduría General y se espera una decisión dentro de 10 días, por mayoría de sus 66 diputados.
El informe de la Comisión, a favor o en contra de enjuiciar a Temer en el STF, será votado después en la plenaria de Diputados, donde al presidente le basta el apoyo de un tercio de la Cámara, 172 votos, para evitar que se abra el proceso.
Si 342 diputados aprueban el juicio, Temer seria alejado de la presidencia, como le sucedió a Rousseff, para responder ante el máximo tribunal durante un máximo de 180 días, cuando podrá volver al poder si es absuelto o el proceso se prolonga por más tiempo.
Pero su vía crucis judicial no termina, porque la Procuraduría General prepara otras dos acusaciones, una por intento de obstrucción a la justicia y otra por organización criminal. Esta última se hace cada día más evidente por las investigaciones y las detenciones de miembros del PMDB.
Además, hay una veintena de pedidos por la inhabilitación de Temer. Le toca al presidente de la Cámara, el mismo Maia, acoger o no alguna de las solicitudes. En ese caso el juicio sería político, a cargo del Senado después que sea autorizado igualmente por dos tercios de la cámara baja.
La caída de Temer pareció volverse inevitable desde el 17 de mayo, cuando trascendió el diálogo grabado entre él y Joesley Batista, uno de los dueños de JBS, hablando de sobornos y actuaciones, tanto para beneficiar a la empresa como para bloquear el avance de las investigaciones sobre corrupción.
La baja calidad de la grabación, con muchas interrupciones, alentó la resistencia del mandatario, abogado y antiguo profesor de derecho constitucional, basada en la posibilidad de descalificarla como prueba.
Pero en términos políticos y morales le fue fatal.
Los “hechos nuevos” de las investigaciones y detenciones en su círculo político completan un cerco que no parece admitir escapes. El hallazgo de una alternativa aceptable para los que deciden en la política y la economía de este país, como es la figura de Maia, acerca el desenlace.
