“Se puede hablar de complicidad entre el gobierno, el partido y el gremio periodístico. A ninguno le ha interesado que se sepa la verdad”: CDP
Por Agustín Galo Samario
El 7 de junio de 2015, debido a la serie de errores cometidos por su dirigencia estatal, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió las elecciones en el municipio de Comonfort. Tan sólo 18 días después, el periodista Gerardo Nieto Álvarez fue asesinado al interior de las oficinas de El Tábano, publicación de la que era propietario y desde la que criticó severamente al partido en que militó gran parte de su vida.
Con la muerte de Gerardo Nieto hace dos años, también dejó de existir el único medio de comunicación que daba cuenta de los sucesos políticos en esa demarcación. Con él no sólo se cometió el primer asesinato de un periodista en el último siglo en Guanajuato, sino que la democracia quedó en evidencia: los habitantes de la localidad perdieron el derecho a estar informados y la libertad de expresión se puso en entredicho; la impunidad se apoderó de un caso que ya ningún medio de comunicación guanajuatense tiene presente, para el que no hay carpeta de investigación consignada ante juez alguno ni existen presuntos responsables y menos detenidos, pero que para el procurador de justicia Carlos Zamarripa Aguirre está resuelto.
Para la gente que lo conoció, el dolor que significó su pérdida ha sido enorme. A ello se suman otros agravios: los del silencio, la corrupción, la impunidad y la injusticia. Una combinación que provoca mucho miedo y desesperanza, casi la certeza de que el de Gerardo Nieto, que había recibido amenazas previas, será otro de los crímenes de periodistas que quedarán sin resolverse.
Al cumplirse dos años de la desaparición del periodista y político priista, Víctor Ruiz Arrazola, de la Casa de los Derechos de Periodistas (CDP), sostiene que este caso desvela “un Estado fallido donde ninguna institución funciona, donde cada estructura social lo único que hace es simular”. Y peor: “Si bien es cierto que la familia está temerosa ante la avalancha de impunidad, frente a los que no han movido un dedo de lo que se puede hablar es de complicidad entre el gobierno, el partido y el gremio periodístico. A ninguno le ha interesado que se sepa la verdad”.
Sandra Patargo, oficial adjunta del Programa de Protección y Defensa de Periodistas de la organización internacional Artículo 19, lamenta que los asesinatos de periodistas queden en el olvido, empezando por las autoridades encargadas de resolverlos. “Ese es un problema, la exigencia de justicia se apaga poco a poco (…) No sorprende que el caso de Gerardo siga en la impunidad, pues prácticamente en ninguno se hace justicia, es parte del 99.7 por ciento de impunidad que tiene la FEADLE. Debería ser impactante, porque eso es un cheque en blanco para que se sigan cometiendo estos delitos. El año pasado documentamos 12 casos de agresiones a periodistas en Guanajuato, un alza como la que se ve en todo el país”.
“Lo que quisiéramos es que se investigue, que las autoridades informen quién fue el responsable, que se haga justicia. Porque si ya lo hicieron una vez es fácil que lo sigan haciendo”, observa Miguel Ángel Prado Camacho, militante priista de Comonfort que por años conoció a Gerardo Nieto. Pero “hay miedo de presionar al gobierno para que haga las investigaciones, porque en otros lados se exige y se te desaparece y ya”.
Otra de las personas consultadas comenta: “Han de pensar que yo sé muchas cosas, y en realidad no sé nada. No quiero que salga mi nombre, porque los que hayan sido no se tientan el corazón. No sabemos ni de quien cuidarnos. Sé que es muy importante para ti que salga mi nombre, también hay muchas cosas que quisiera decir, pero si lo gritas, si lo dices, corre riesgo tu vida”.
Un partido y un procurador en fuga
La muerte de Gerardo Nieto ya no es noticia en Guanajuato, pese a que cuando ocurrió dio la vuelta al mundo. Los primeros días de julio de 2015, la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, pidió a las autoridades mexicanas realizar todos los esfuerzos para esclarecer el asesinato. La funcionaria incluyó su nombre junto con los de Filadelfo Sánchez Sarmiento y Juan Mendoza Delgado, los tres periodistas asesinados en tan sólo una semana.
La organización francesa Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la inglesa Artículo 19 fueron explícitas: exigieron al gobierno de Guanajuato, y a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEG), priorizar la labor informativa de Gerardo Nieto como línea de investigación. La primera llamó la atención sobre el caso porque “se trata del primer crimen contra un periodista de esta gravedad registrado en el estado” y porque “el procurador de Justicia (Carlos Zamarripa Aguirre), encargado de la investigación, descartó de inmediato que el crimen estuviera relacionado con su profesión”. A ello se sumó la segunda, que reprobó las declaraciones precipitadas del funcionario cuando apenas habían transcurrido unas horas del hallazgo del cuerpo.
El cuerpo del periodista fue encontrado la mañana del 26 de junio de 2015, pero en realidad había fallecido un día antes, el 25. La primera reacción del procurador general de Justicia del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, fue reducir el asesinato a un asunto fuera de control durante una reunión con consumo de alcohol. Desde entonces se ha referido al tema en tres ocasiones más. Todas, invariablemente, para negar que haya sido asesinado por su labor de periodista y, las últimas dos, para asegurar que el caso está resuelto. “No tuvo nada que ver con su labor que venía realizando (sic), una vez que se judicialice y se lleven las audiencias se podrán ustedes dar cuenta cuáles fueron los motivos del asesinato”, afirmó el 2 de febrero de 2016. El 28 de junio de ese año, sostuvo que el caso estaba resuelto y que “en cuestión de semanas” se detendría a los responsables, reportó el portal Zona Franca.
A dos semanas de cumplirse dos años del asesinato se buscó por los cauces institucionales una entrevista con Carlos Zamarripa. En principio, la PGJEG contestó que se comunicaría la petición al procurador y que no habría problema. Días después se insistió y lo que se dijo fue que el funcionario todavía no estaba enterado de la solicitud, pero que habría respuesta en la primera oportunidad. A partir de entonces ya no hubo más comunicación.
El silencio del procurador se extendió a la dirigencia del PRI. La primera y única ocasión que Santiago García López, presidente del Comité Estatal, se refirió al caso de Gerardo Nieto fue en noviembre de 2014. En esa ocasión, mientras atribuyó el asesinato a la falta de seguridad que impera en Guanajuato, reveló que hasta entonces, cinco meses después de los hechos, no había pedido información a la PGJEG sobre el curso de las investigaciones.
Ahora, a dos años de distancia, se le buscó para conocer su opinión sobre la impunidad en que permanece la muerte de quien en aquella fecha calificó como “militante distinguido” de su partido. Pero Santiago García nunca estuvo disponible. En la sede de la dirigencia estatal priista, en la ciudad de Guanajuato, se dijo que lo buscarían porque “no sabemos donde está”. Luego ya no hubo más contacto.
La Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato (PDHG) abrió por oficio en julio de 2015 el expediente 105-/2015/C-II. Pero semanas después renunció a dar seguimiento a sus investigaciones porque “de acuerdo con la ley” sólo puede intervenir cuando hay algún funcionario público involucrado, porque la familia de Gerardo Nieto aseguró no tener indicios de que estuviera relacionado un servidor público y se negó a ratificar la queja, comentó en julio de 2016 la subprocuradora Margarita Camacho Trujillo. No tomó en cuenta que también hubo personas que presentaron una queja contra la PGJEG porque agentes investigadores las presionaron para declararse culpables o responsabilizar a otros del asesinato. Se limitó a enviar un acuerdo de vista al procurador Carlos Zamarripa para que continuara con las investigaciones.
También se intentó consultar a la PDHG, en su sede de la ciudad de León, sobre algunos testimonios hechos llegar a SomosMass99 que indicaban que había desistido de seguir el caso por presiones directas del gobierno del estado. En cuanto se les comentó a sus funcionarios qué tema se trataría en la entrevista solicitada, lo que se contestó fue que lo consultarían pero a partir de ahí suspendieron toda comunicación.
Esas versiones señalaban que supuestamente habría existido un pacto entre el gobierno del estado y la dirigencia estatal del PRI para “dar carpetazo al asesinato de Gerardo Nieto a cambio de darle curso a las indagatorias por la agresión a Karla Silva”, reportera de El Heraldo de León a la que mandó golpear el alcalde de Silao, Enrique Benjamín Solís Arzola, quien posteriormente, en marzo de 2016, fue detenido y encarcelado.
El titular de entonces de la PDHG era Gustavo Rodríguez Junquera, nombrado por el gobernador Miguel Márquez en abril de este año como secretario de Gobierno. Posición desde la que tampoco, durante todos estos meses, se ha referido al caso. A su antecesor en el cargo, Antonio Salvador García López, se le pidió personalmente ser entrevistado y aunque aceptó, pidió tiempo para abrir un espacio en su agenda. Finalmente nunca la concedió.
Meses de confrontación
A Gerardo Nieto Álvarez, sus asesinos, no le robaron más que la computadora y una memoria USB en las que guardaba la información publicada y por publicar en El Tábano. Acabaron con su vida cuando apenas habían pasado poco más de dos semanas de la jornada electoral del 7 de junio, día en que se consumó la derrota del PRI que había pronosticado desde su semanario.
Antes del proceso electoral, como lo hizo otros años, se dedicó a visitar las comunidades de Comonfort, no sólo Empalme de Escobedo de donde era originario. Sin dejar de gestionar apoyos municipales para los ciudadanos, facilitaba las relaciones de los priistas de su municipio con dirigentes estatales y aun nacionales, y se involucró de forma notoria en la selección de candidato priista. Al mismo tiempo que periodista, era en toda la forma un operador político de su partido.
Pero esta vez no participó en la campaña de Oliva Rico García, a quien señaló de corrupción y de haber sido impuesta en la candidatura a la presidencia municipal por el ex legislador local José Huerta, a través de la compra de voluntades de muchos militantes, y con el apoyo del dirigente estatal Santiago García López.
Nieto Álvarez reprochó más de una vez a Santiago García la decisión de postular a Rico García. En varias ocasiones se trasladó a la capital del estado para persuadir directamente al dirigente estatal del error que estaban por cometer. Estaba convencido de que ante la progresiva descomposición del estado bajo los gobiernos del PAN, su partido tenía todas las ventajas para ganar la alcaldía. Todo dependía del candidato y, se lo había comentado a sus correligionarios, en última instancia podía ser cualquiera menos Rico García.
Y como no fue suficiente, viajó a la Ciudad de México para entrevistarse con el senador Gerardo Sánchez García. Se habrían reunido al menos dos veces en un pequeño y escondido restaurante del centro histórico, cercano al Palacio de Bellas Artes. Tampoco logró nada. Denunció entonces desde El Tábano que José Huerta y Santiago García habían “acabado con tres años de trabajo”, y terminó por desearle suerte a quien a la postre ganó la alcaldía: Alberto Méndez, un ex priista y ex panista convertido en candidato independiente. Tuvo razón: Olivia Rico García se fue hasta el tercer lugar con apenas el 17.97 de la votación.
Abandono
Hoy, sin embargo, nadie parece acordarse de Gerardo Nieto Álvarez, pese a que su caso consta en reportes sobre los periodistas asesinados en México entregados desde 2015 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Parlamento Europeo y a la representación diplomática de Estados Unidos en nuestro país, cuya embajadora Roberta S. Jacobson ha expresado de manera constante su preocupación por los ataques contra comunicadores.
“Cuando me citaron me dijeron que tenían huellas, pruebas que (los asesinos) habían dejado, pero hasta hoy no se sabe nada. Y nadie de los medios le ha querido entrar, quizá por miedo, quizá por lo económico. De ahí que tengamos un pésimo gobierno, porque si hay medios de comunicación que informen de los bueno y de lo malo, los que gobiernan tratarían de hacer mejor las cosas”, comenta Miguel Ángel Prado Camacho. “Ha perdido la democracia. Con El Tábano uno se sentía protegido, pero si ahora alguien dice algo lo amenazan. El gobierno (municipal) tiene más libertad para hacer cosas malas. En el PRI nunca hemos olvidado a Gerardo, el partido está dividido pero nosotros decimos que cómo es posible que no haya detenidos”.
Como defensor de los derechos de los periodistas, para Víctor Ruiz Arrazola la impunidad y el silencio que rodea a la muerte de Gerardo Nieto forman parte de la desesperanza que invade al país en materia de libertad de expresión. “Ya no se tiene confianza en el Estado de derecho ni en las instituciones. Este caso demuestra que ya no se cuenta con las herramientas ni los recursos para obligar al Estado y al gobierno a cumplir con sus obligaciones de brindar seguridad jurídica a la sociedad. Con la falta de respuestas de las autoridades no sólo pierde el gremio sino la sociedad de Guanajuato y la mexicana, porque asesinar a un periodista, no investigar, no sancionar, es un aliciente para que haya más asesinatos y para que se siga violentando el Estado de derecho”.
