Ecuador se ubicó este jueves a la vanguardia internacional con una normativa para afrontar los paraísos fiscales y luchar en mejores condiciones la lucha contra la corrupción, al ser aprobada en la Asamblea Nacional una Ley con ese objetivo en una votación histórica de 107 votos a favor y solo 18 abstenciones, sin votos nulos o blancos.
“Aprobamos por votación histórica la #LeyParaísosFiscales, uno de los temas esenciales para prevención y combate a la corrupción”, afirmó el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, en su cuenta en Twitter.
En conferencia de prensa, el titular del máximo órgano legislativo precisó que la votación fue histórica porque contó con votos también del movimiento SUMA, del Partido Socialcristiano y de Integración Nacional y dijo que Ecuador se convierte en el primer país del mundo en establecer una normativa para la protección de los habitantes del país.
La legislación, contra la que votó el bloque del Movimiento CREO, permitirá cumplir un mandato constitucional de la ciudadanía en la consulta popular realizada el pasado 2 de febrero, en la que el 55.12% de los ecuatorianos aceptó la iniciativa del gobierno de Rafael Correa contra esta práctica y el 44.88% se pronunció en contra.
El presidente de la AN, José Serrano, calificó de histórica la votación sobre la Ley de Paraísos Fiscales. Imagen: AN
Marcela Aguiñaga, presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, quien fue la ponente del proyecto, señaló que es inevitable ubicarse en hechos que deben ser repudiados por las sociedades de todo el mundo, pues se trata de una tragedia que sufren los países de renta media, en torno a lo que denominó “santuarios financieros”, como forma de refugio para dineros, muchas veces, mal habidos.
“El narcotráfico, el tráfico de migrantes y órganos, no encuentran un mejor lugar que los países considerados paraísos fiscales y se pone en riesgo a negocios honestos, destruye el sistema fiscal e impide la correcta financiación de políticas públicas en beneficio de las mayorías”, recalcó.
La legisladora descartó que la ley persiga a empresarios o funcionarios honestos que depositan, de forma lícita, sus capitales en cualquier país del mundo, pero sí ratificó que se apunta a rastrear los dineros de origen ilícito y, en especial, a los funcionarios y servidores públicos que traicionan el encargo que les dio el pueblo.
Trascendió que la ley tiene algunas excepciones como, por ejemplo, para quienes deseen postularse a un cargo de elección popular y sean estudiantes o becarios en países considerados paraísos fiscales.
También para asambleístas que tengan jurisdicción en el exterior no es ilegal tener una cuenta en el sistema financiero o bienes en paraísos fiscales, siempre que sean necesarios para el desarrollo de su misión o estudios.
Para ello, la Contraloría tendrá conocimiento del incumplimiento de la disposición de la ley y ordenará el examen especial para comprobar la infracción.
El parlamentario Luis Fernando Torres se refirió a cambios dentro del artículo 9 del proyecto de ley, bajo el argumento de que se le darían demasiadas atribuciones a la Contraloría General del Estado, mientras Manolo Rodas, subdirector del Servicio de Rentas Internas, explicó las relaciones entre los paraísos fiscales y las políticas tributarias en Ecuador y se refirió que la estructura de planificación fiscal nociva en el mundo deriva de la falta de transparencia, lo que oculta transacciones y tramas de corrupción.
“Si los dineros se van a los paraísos fiscales, se tributa menos en los Estados donde se generan. Son 32 millones de personas en América y el Caribe que saldrían de la pobreza si no se evadieran impuestos, y 30 mil millones de dólares han salido de Ecuador, desde 1970, hacia países considerados paraísos fiscales”, dijo.
