Por Darío Aranda¹

Monsanto es investigado por el juez federal de California, Vince Chhabria, acusado de haber pagado 250 mil dólares a científicos para enunciar que el glifosato no es dañino a la salud. La revista Science publicó una investigación al respecto.

Corrupción en el mundo científico, agrotóxicos cuestionados y empresas que manipulan estudios y funcionarios. Puede ser la trama de una película, pero es lo que sucede en Estados Unidos con Monsanto y la relación con académicos para que oculten las consecuencias del herbicida glifosato. Así se desprende de la causa judicial que tramita en juzgados federales y fue revelada por la prensa de ese país. La revista Science, espacio de referencia del establishment científico, precisó que se pagaban hasta 250.000 dólares para que científicos defiendan al agrotóxico. El autor sospechado, Gary Williams, había sido destacado por académicos argentinos para defender al glifosato.

“Surgen nuevas dudas sobre la seguridad del herbicida Roundup (marca comercial del glifosato) de Monsanto”, tituló el diario The New York Times en marzo pasado. El juez federal de California Vince Chhabria, a cargo de un juicio de personas con cáncer expuestas a glifosato, permitió el acceso a documentos del expediente, entre ellos correos internos de Monsanto.

Los documentos revelan que la empresa desarrolla “estudios” que luego son firmados por científicos externos (fuera de toda ética académica), señala que contaba con vínculos con funcionarios que debían controlar la toxicidad del glifosato (de la Agencia de Protección Ambiental –EPA, por sus siglas en inglés–) y confirma que dentro de la misma Agencia hubo opiniones divididas sobre las consecuencias en la salud del agrotóxico.

The New York Times, en base a documentos judiciales, confirmó que Jess Rowland (subdirector de la EPA) alertó a Monsanto sobre un posible dictamen desfavorable meses antes de su publicación. La empresa tuvo tiempo para su campaña de lobby político-científica y frenar la negativa. Los mismos documentos de Monsanto reconocen que Rowland les había “prometido resistir el esfuerzo del Departamento de Salud que buscaba realizar su propia revisión (del glifosato)”.

Dan Jenkins, ejecutivo de Monsanto, explicitó en un correo electrónico que Rowland le había dicho: “Si puedo darle un carpetazo a esto (frenar dictamen negativo al glifosato), mereceré una medalla”. La EPA finalmente no cuestionó la toxicidad del glifosato. Otras agencias regulatorias del mundo (incluido Argentina) toman esa evaluación como referencia para permitir el uso de agrotóxicos.

El herbicida glifosato es el más utilizado del agronegocio actual, pilar del modelo transgénico (soja, maíz y algodón). Se aplica en más de 28 millones de hectáreas de Argentina. Entre los productores del herbicida figuran Syngenta, Monsanto, Basf, Bayer, Dupont, Dow Agrosciences, Atanor, YPF y Nidera. Se utilizan más de 200 millones de litros al año.

Sólo en Argentina hay más de cien publicaciones científicas de universidades públicas que dan cuenta de sus consecuencias en el ambiente (de la UBA, La Plata, Río Cuarto, Córdoba, Rosario, Litoral, Nordeste, entre otras). Sin embargo, en 2009, una comisión especial del Ministerio de Ciencia y de Salud elaboró una recopilación de investigaciones, llamada “Evaluación de la información científica vinculada al glifosato en su incidencia sobre la salud y el ambiente”. Concluyó que faltaban estudios para confirmar el impacto en la salud. Fue muy cuestionado por organizaciones sociales y científicos de universidades públicas.

El informe oficial citaba de manera reiterada, como defensa del glifosato, al académico Gary Williams, presentado como “independiente”.

Fernando Mañas, investigador de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), alertó en 2009 a Página 12 que Gary Williams era un escriba de Monsanto. Ocho años después, mediante los documentos judiciales de Estados Unidos, se confirma que Williams estaba vinculado a la empresa.

En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), ámbito especializado de la Organización Mundial de la Salud (OMS), estableció directa vinculación entre el glifosato y el cáncer (en una escala de 1 a 5, lo ubicó en segundo nivel de vinculación a la enfermedad). Y confirmó que produce daño genético. Monsanto, que utilizaba la postura de la OMS como escudo, pasó a llamarla “ciencia basura”.

El portal de internet Sciencemag es una suerte de boletín académico-técnico que edita la revista Science. En un artículo de Warren Cornwall abordó la trama de corrupción. Intentó comunicarse con Gary Williams, que según la información del tribunal federal de California puso su nombre en un documento de 2000 páginas que habrían sido escritas por los empleados de Monsanto. El trabajo afirmaba que el glifosato no afectaba la salud.

“Los documentos, incluyendo correos electrónicos internos de 2015, revelan las estrategias de Monsanto sobre maneras de trabajar con académicos para instalar el mensaje de la compañía”, cuestiona el artículo de Science.

Los ejecutivos de Monsanto evalúan incluso precios de producción de hasta 250.000 dólares. Un correo electrónico de William Heydens, ejecutivo de Monsanto, sugirió recortar costos mediante la contratación de expertos y la ‘redacción fantasma’. Y precisó que eso hicieron en el 2000 con “Williams, Kroes y Munro” (Gary Williams, Robert Kroes, Ian Munro).

Pearl Robertson, abogada de Nueva York que representa a demandantes contra Monsanto, afirmó que lo revelado en la causa judicial confirma “un patrón marcado por Monsanto que trata de moldear la ciencia alrededor del glifosato”.

Un grupo de trabajo

Documentos de la causa judicial revelaron que otro investigador mencionado por Monsanto es David Kirkland, un toxicólogo que en 2016 escribió junto a Gary Williams un artículo crítico a la decisión de la IARC sobre el glifosato y su vinculación al cáncer. Kirkland trabaja como consultor privado y fue contratado por Monsanto en un grupo de trabajo y lobby sobre glifosato en Europa. La nueva prueba de complicidades entre empresas y científicos circuló durante semanas en toda América y Europa entre científicos críticos y organizaciones sociales que cuestionan al agronegocio. Pero fue omitida por los grandes medios vinculados al agronegocio y al establishment científico.

¹ Esta nota fue publicada hoy en Página 12 sin la firma de Darío Aranda, por medida de lucha decidida en asamblea por los trabajadores de ese diario.