Una conversación con el investigador Max Yuri Gil (1)

La procedencia de las estructuras neo paramilitares que hoy copan territorios donde estaban las FARC, antes de su traslado a las 25 zonas veredales de transición, responde a una continuidad de los anteriores procesos de desmovilización de los grupos de autodefensa. Hoy estos grupos, además de sus acciones delictivas relacionadas con la economía ilegal, intentan boicotear la implementación del proceso de paz e impedir transformaciones democráticas al nivel local y regional. Por su parte el ELN, que negocia en la mesa de Quito, aún no decide si sentar las bases firmes de un acuerdo definitivo con el gobierno o aprovechar su avance militar sobre territorios que tradicionalmente fueron de las FARC.

Como lo ha comentado en la nota anterior el investigador Max Yuri Gil (http://bit.ly/2rjqiDZ), en el reciente informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH): Grupos Armados Posdesmovilización (2006- 2015) Trayectorias, rupturas y continuidades, se afirma que las estructuras armadas ilegales que hoy operan en territorios donde hacía presencia las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), llamadas en dicho informe con la categoría descriptiva de Grupos Armados Posdesmovilización (GAPD), “aún mantienen control sobre la población y el territorio en regiones específicas de la geografía nacional y se siguen financiando mediante su capacidad de inserción en antiguas y nuevas economías ilegales” (2). Igualmente, son considerados una etapa más de los anteriores grupos paramilitares o de autodefensa y “al igual que las FARC, su accionar, inserción y presencia está profundamente focalizada territorialmente y ha afectado, a lo largo del tiempo, a regiones específicas de nuestra geografía” (3).

La pregunta que se hacen los investigadores en dicho informe de si se trata de organizaciones político-militares o, si son simples grupos criminales a gran escala, parte del hecho que “el proceso del diseño de las políticas públicas ignora que la dicotomía entre crimen y política es falsa, especialmente en la práctica. Además, desconoce que la dimensión política no se expresa única y exclusivamente en el perfil ideológico de las organizaciones, sino también en su capacidad para erigirse en una autoridad reconocida y acatada independiente de los medios coercitivos que emplee” (4).

En todo caso, el modo en que hoy operan en los territorios en un contexto de implementación del proceso de paz con las FARC, según Max Yuri Gil, pareciera apuntar hacia “impedir la democratización del poder local. Porque las FARC como actor político va a entrar a disputar unos poderes tradicionales y, en esa medida, es un poco volver a la experiencia desafortunada de la Unión Patriótica” (5). Y agrega que “El centro del ataque a la UP, solo se puede entender como la unión de élites regionales que lo veían como una amenaza al poder clientelista tradicional”.

Por lo tanto, para Gil “lo que estamos viendo es esa labor de asesinato e intimidación de cara a las confrontaciones futuras, o sea, el mensaje para las FARC es: aquí no los vamos a recibir, ustedes no van a poder participar y los vamos a matar”. Eso para Gil es evidente en zonas como el Cauca, Urabá y Caquetá. Según el CERAC (Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos) desde que comenzó la implementación del Proceso, ya son dos miembros de las FARC asesinados y cinco familiares de guerrilleros (6), así como el asesinato sistemático de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos. En ese caso, Gil asevera que “no es lo mismo que el paramilitarismo del pasado, pero no se puede decir que no tiene nada qué ver; hay continuidades y transformaciones”. Por eso mismo sugiere el informe del CNMH que “la reconfiguración de los grupos armados posdesmovilización no ha sido el resultado de un proceso caótico ni tampoco de un plan magistralmente deliberado por un pequeño grupo de paramilitares que decidieron rearmarse” (7).

Con respecto al poder y la capacidad que tiene hoy el denominado Clan del Golfo (8) para llevar a cabo una acción desestabilizadora que ponga el riesgo el Proceso de Paz, Max Yuri Gil comenta que “estamos hablando de una estructura que tiene ya unos 7 años, que pervive y actúa en un arco que va desde el Cesar, la Guajira, Atlántico, Magdalena, Bolívar, Córdoba, Sucre, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño”. Hasta el momento, su actuación se evidencia con los asesinatos a reclamantes de tierras, intimidaciones a líderes y organizaciones en sus zonas de actuación y con el denominado Plan Pistola contra miembros de la Fuerza Pública.

Para Gil, el Clan del Golfo es “en este momento la estructura más grande y más poderosa de los grupos armados que hay en el país”, al tiempo que representa la continuidad de los grupos de autodefensa y, así lo explica: “estos Urabeños son los hijos de los desertores y rearmados del proceso del Bloque Bananero (9) y del Bloque Élmer Cárdenas (10) que, a su vez, fueron los que llamaron el grupo de alias “Don Mario” (11). Su gran centro de poder es el control del expendio de narcotráfico, la salida y el control del territorio”.

Su capacidad se puede evidenciar en su presencia en una de las ciudades de mayor importancia para el país: Medellín. Allí, según lo afirma Gil, “controlan la mitad o un poco más del área metropolitana”. Desde allí han generado un sistema de franquicias para el control territorial a través del cual se puede entender, afirma Gil, que “Los Chatas (12), que son una banda de Bello (13), terminen haciendo presencia en Caucasia, Remedios y Vegachí”, municipios que pertenecen a las subregiones del Bajo Cauca y el Nordeste del departamento de Antioquia.

En este momento, con respecto a su coexistencia en el territorio con otro fuerte actor armado, la Oficina de Envigado (14), Gil explica que “los Urabeños les coparon todo el rededor del Valle de Aburrá (15): el Suroeste, el Oriente, el Norte, el Nordeste. Si deciden estrangular el Valle de Aburrá, tienen la capacidad de hacerlo”.

Sumado entonces a la vigencia en el accionar de la Oficina de Envigado, Gil agrega que en el país existen otros grupos como “las Águilas Negras, Nueva Generación que están en el Sur de Colombia, Renacer que están en el Suroccidente y algo que llaman La Firma que está en Buenaventura y en Nariño”. Max Yuri Gil reconoce que, en medio de la complejidad que implica entender el fenómeno de estas agrupaciones hoy en Colombia, organizaciones como la Oficina de Envigado “ya no es la gran estructura de hace 10 años” y además que “se ha venido a menos porque se fracturó el poder. Está concentrada en dos cosas: el micro tráfico en Medellín y en controlar algunas rutas de salida de droga hacia México y mantiene el control de una parte importante de las bandas de Medellín”.

Con respecto al ELN (Ejército de Liberación Nacional), Gil afirma que “existen razones que generan dudas sobre su voluntad plena de avanzar de manera decidida en un acuerdo de paz. Específicamente por tres motivos: el primero porque mantiene la idea de que van a negociar la revolución en una mesa de negociación y no se bajan a una agenda más realista y factible. En segundo lugar, dicen que el Estado ni le cumplirá a las FARC, ni a ellos, entonces no dejarán las armas hasta que el Estado no haya cumplido todo lo prometido. Lo otro es que ha encontrado en la salida de las FARC de la competición, una posibilidad de copar territorios nuevos. Eso es muy evidente en el Chocó y en sectores del Cauca”.

A diferencia del proceso con el ELN, el investigador Max Yuri Gil concluye que “las FARC llegaron a la convicción que por la vía armada no tenían la mayor posibilidad de hacer nada y que, en este país en unos 10 o 15 años actuando en la legalidad, a lo mejor ellos puedan ser una opción de poder en un bloque con otros. Pero el ELN no está en ese punto”. Y con respecto al papel del Estado, Gil dice que “quiere hacer desmovilizar a las guerrillas y hacer unas pequeñas reformas. Pero si el uribismo gana las elecciones parlamentarias y las próximas elecciones presidenciales, no va haber implementación del acuerdo. A pesar de eso, las FARC entendieron que el momento histórico no es de lucha armada en América Latina, sino de política”.

Para el Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz (16), el avance en los acuerdos apenas llega a un 12,7%, cuando para Gil se debería ir entre un 60% y 70%. Según el informe publicado por el periódico El Espectador “en casos como el de la Reforma Rural Integral, el estado del avance es del 3,3 %, en el del desmonte del paramilitarismo es del 4 % y en el de la comercialización de cultivos del 0 %. A estas cifras se suma la poca voluntad política de varios sectores que han impedido un mayor avance: A la fecha se han aprobado dos actos legislativos, dos leyes, cuatro decretos ley y ocho decretos ordinarios. La postergación de debates de proyectos de ley necesarios a la implementación refleja una ausencia de voluntad política que exige mayor participación de la ciudadanía para que el Congreso cumpla su deber” (17). A eso hay que sumarle, además, el fallo de la Corte Constitucional que frenó el mecanismo del Fast Track y que hará más lento el avance en el Congreso para la implementación legislativa de los acuerdos alcanzados en La Habana (18).

Finalmente, como lo consignan los investigadores en el informe del CNMH, en referencia a los GAPD, “Estos grupos expresan muy bien uno de los más duros retos que en materia territorial tiene el posconflicto: que el Estado sea capaz de reemplazar con éxito el control, orden y regulación que por años han ejercido diversos grupos armados a lo largo y ancho del territorio nacional” (19).

Notas:
(1) Max Yuri Gil es sociólogo y Magister en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia. Actualmente es estudiante de Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín. Su trabajo de investigación se ha desarrollado fundamentalmente en temáticas relacionadas con los derechos humanos en una perspectiva integral, las violencias, el conflicto armado y la convivencia ciudadana.
(2) Para descargar el informe completo: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/informes-2017/grupos-armados-posdesmovilizacion
(3) Ibid
(4) Idem
(5) Unión Patriótica (UP). Partido político de izquierda colombiano fundado en el año 1985 y que sería la plataforma política para que integrantes de grupos guerrilleros, que se encontraban en el proceso de paz con el Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), hicieran el tránsito a la vida civil y llevaran su agenda a las instancias de participación política. Luego de la primera elección, donde lograron un importante apoyo popular en las urnas, comenzó un exterminio sistemático de sus integrantes elegidos en todo el territorio nacional. Distintas investigaciones y condenas alrededor de estos casos, han demostrado la participación de agentes del Estado, en complicidad con el paramilitarismo para ejecutar a líderes, activistas y simpatizantes de la UP.
(6) Informe completo: Blog CERAC http://blog.cerac.org.co/monitor-del-cese-el-fuego-bilateral-y-de-hostilidades-8
(7) http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/informes-2017/grupos-armados-posdesmovilizacion
(8) En la actualidad es considerada por las autoridades colombianas la mayor agrupación criminal del país, por el número de personas vinculadas y los territorios donde tienen presencia. Reciclaje de los desmovilizados grupos de Autodefensa que lideraron los hermanos Castaño, están dedicados a acciones de narcotráfico, asesinato de integrantes de la fuerza pública, la extorsión, la intimidación, el secuestro, el desplazamiento forzado.
(9) Grupo paramilitar que tuvo presencia en los municipios de Turbo, Apartadó, Chigorodó y Carepa. Ver información completa: http://www.verdadabierta.com/victimarios/832-bloque-bananero
(10) Grupo paramilitar que actuó principalmente en los municipios de San Pedro, San Juan, Necoclí, Arboletes, en el Urabá antioqueño. Ver información completa: http://www.verdadabierta.com/victimarios/los-bloques/416-bloque-elmer-cardenas-de-uraba-
(11) Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”, hermano del también comandante paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias “el alemán”. Fue segundo al mando del Bloque Élmer Cárdenas y escaló hasta convertirse en uno de los hombres más buscados en Colombia y fue capturado en 2009 en Necoclí (Antioquia). Historia completa: http://www.semana.com/nacion/conflicto-armado/articulo/esta-historia-criminal-don-mario/102071-3
(12) Ha sido considerada como una de las estructuras más poderosas del Valle de Aburrá y ha estado vinculada también con la Oficina de Envigado. En el año 2015 fue incluida en la Lista Clinton por la Agencia Antidrogas (DEA) y Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
(13) Bello (Antioquia). Municipio ubicado al norte del Valle de Aburrá, cerca de la ciudad de Medellín.
(14) Es una de las organizaciones criminales de mayor trayectoria en el accionar delictivo al nivel nacional y que ha estado vinculada con el narcotráfico y el paramilitarismo. Su aparición está relacionada al Cartel de Medellín, incluso atribuyen su fundación al extinto narcotraficante Pablo Escobar. Para leer más: http://www.verdadabierta.com/narcotrafico/5745-las-vueltas-de-la-oficina-de-envigado
(15) Es una de las 9 subregiones que integran el departamento de Antioquia, de la que hacen parte 10 municipios, entre los cuales están la ciudad de Medellín, Envigado y Bello.
(16) El Observatorio para un Monitoreo y Seguimiento del Acuerdo de Paz es una iniciativa para ejercer la participación y propiciar la incidencia ciudadana en la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y
Duradera. https://www.facebook.com/oiap3/
(17) Tomado del periódico El Espectador: http://colombia2020.elespectador.com/pais/la-implementacion-legal-del-acuerdo-de-paz-solo-ha-avanzado-en-un-127
(18) http://www.semana.com/nacion/articulo/fast-track-corte-constitucional-tumba-voto-en-bloque/525563
(19) http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/informes-2017/grupos-armados-posdesmovilizacion

Fotografías: Sandra Ramírez Giraldo / Focos Narrativos