En ocasión de realizarse la 47 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Cancún, diversas coaliciones de organizaciones de defensa de los derechos humanos expusieron este lunes 19 en el marco de un espacio denominado “Dialogo de los Jefes de Delegación, el Secretario General, el Secretario General Adjunto y los Representantes de las Organizaciones de la Sociedad civil, los Trabajadores, el sector Privado y Otros Actores sociales.»

De entre las múltiples intervenciones, rescatamos algunos párrafos recogidos del documento presentado por la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil Mexicana, las cuales – entre otros puntos – reclamaron dar prioridad en la agenda de la OEA a la grave situación de Derechos Humanos por la que atraviesa precisamente el país anfitrión.

“México, atraviesa una grave crisis de derechos humanos. En la última década han ocurrido aproximadamente 200,000 homicidios dolosos, más de 30,000 personas se encuentran desaparecidas, incluyendo desapariciones forzadas, se calcula que más de 300 mil personas son víctimas de desplazamiento forzado interno a causa de la violencia, ocurren 7 feminicidios al día, 3 personas son asesinadas al mes por su orientación sexual o identidad de género y en lo que va de este año más de 17 personas periodistas y defensoras de derechos humanos han sido asesinadas. Los autores de la violencia incluyen a la delincuencia organizada, por actores privados y estatales. “

Y agrega: “Los niveles de impunidad se mantienen así entre el 95% y el 98%. Como resultado tenemos una espiral de violencia bélica en diversas regiones del país, aunada a ejecuciones extrajudiciales de civiles, incluyendo a personas inocentes.”

En otro párrafo se indica cómo “la experiencia de México demuestra lo poco efectivo –y hasta contraproducente- de la militarización como respuesta a la inseguridad.”

El documento exhorta a profundizar el análisis y reconocer que “para garantizar la seguridad humana de la población de las Américas es necesario reconocer otras causas de inseguridad que destruyen el tejido social de las comunidades tanto rurales como urbanas. Es urgente cuestionar la captura empresarial del estado y el modelo de desarrollo de nuestro hemisferio, un modelo que privilegia los intereses y las ganancias de empresas nacionales y trasnacionales por encima del bienestar y los derechos de la población.”

En ese sentido, el texto hace “un llamado a que los países de la región se unan a favor del tratado vinculante que se está discutiendo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para regular la acción de las empresas trasnacionales.”

En ese contexto de avasallamiento se indica cómo “Los defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas de movimientos sociales y comunitarios que se oponen a proyectos de desarrollo a gran escala y a las empresas multinacionales corren especial peligro de sufrir represalias.”

Y más en general, el riesgo que corren los «Periodistas, operadores de justicia, opositores políticos y testigos de violaciones a derechos humanos, quienes continúan recibiendo amenazas y ataques, sufriendo criminalización, tortura o malos tratos,  y muchos de ellos son desaparecidos o pierden la vida a manos de agentes estatales y no estatales que buscan precisamente silenciarlos.»

El documento continúa proponiendo un viraje de la actual agenda conservadora de la organización señalando que “la misión central y prioritaria de la OEA debe ser revertir la desigualdad estructural mediante la adopción de políticas para proteger y garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de la población, involucrando la participación efectiva, de la sociedad civil.

El hilo conductor de todas las acciones debe ser poner al centro a las personas, protegiendo sus derechos humanos.”

Por último las organizaciones recordaron que “el compromiso de los Estados con la seguridad humana y los derechos humanos se demostrará a través de acciones concretas, y una de ellas debe ser el aumento significativo del presupuesto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos mediante resolución adoptada en esta Asamblea General. “

Entre las asociaciones firmantes, se encuentran Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” (Tlachinollan), Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Comité Digna Ochoa, Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social (Documenta), Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia,  Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana (Letra S) y el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER).

El documento completo de la Coalición de organizaciones de la sociedad civil Mexicana, junto a los documentos expuestos por otras coaliciones pueden accederse en este enlace