Por Observatorio Ciudadano

La Presidenta Bachelet ha formulado una serie de anuncios sobre la Araucanía, los pueblos indígenas en general y el pueblo mapuche en particular, en el marco del We Xipantu, año nuevo mapuche, y del día nacional de los pueblos indígenas.

Destacable sin duda es el perdón que la mandataria pidió al pueblo mapuche “por los errores y horrores que ha cometido o tolerado el Estado en su relación con ellos o sus comunidades”. Se trata de un perdón que había sido formulado por el primer Intendente de su gobierno, Francisco Huenchumilla, y que tuvo en su momento impacto importante en la región, ya que fue considerado como un gesto de que las políticas del Estado en relación al mundo mapuche serían revisadas y reformuladas, cuestión que lamentablemente no ocurrió.

Importantes también fueron los anuncios hechos por la Presidenta en el sentido de la inclusión de las propuestas que surgieron del proceso constituyente indígena para el reconocimiento de los derechos colectivos de estos pueblos en el texto de la nueva constitución que propondrá al Congreso; la  suma urgencia a los proyectos de ley que crean el Ministerio de Pueblos Indígenas y también el Consejo de Pueblos Indígenas; y la firma del proyecto de ley que establece como feriado nacional el 24 de junio como Día Nacional de los Pueblos Originarios, el año nuevo indígena.

Sin embargo, muchos de los anuncios de la Presidenta –entre ellos los referidos a la creación de un Comité Interministerial presidido por el ministro de Desarrollo Social, para que actualice el catastro de tierras y aguas indígenas; el impulso de la política de Desarrollo Productivo Regional y Territorial, con una inversión en obras públicas; la puesta en marcha de una política para la protección y el apoyo a todas las víctimas de la violencia en la región; y el anuncio de un proyecto de Ley Araucanía, que pone foco en el fomento productivo–, estuvieron claramente enfocados en dar respuesta a las propuestas emanadas de la Comisión Asesora Presidencial de la Araucanía, presidida por el Obispo Vargas, e integrada por veinte representantes del Ejecutivo, de Iglesias y del sector privado, pero de precaria participación mapuche. Este último hecho estuvo motivado por el rechazo que provocó en las organizaciones representativas de este pueblo la designación de sus interlocutores por quienes coordinaron dicha Comisión, sin respeto al derecho de todo pueblo indígena, en este caso mapuche, a definir a sus propios representantes en ella.

Cabe recordar en este sentido que las propuestas emanadas de la Comisión Asesora, lejos de dar respuesta a las preocupaciones del pueblo mapuche por la protección de sus derechos a la tierra y al territorio, a formas de autonomía y control de los espacios en que habitan,  y del derecho a definir sus prioridades en materia de desarrollo en el contexto de la expansión de proyectos de inversión –en particular forestales e hidroeléctricos– en la Araucanía y regiones aledañas, sin procesos adecuados de consulta y consentimiento y sin participación en sus beneficios, respondieron a las preocupaciones de los gremios productivos de la Araucanía. Por lo mismo, las recomendaciones de la Comisión Araucanía constituyen un claro retroceso en relación a aquellas formuladas hace ya más de una década por la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, lo que consecuentemente, generó malestar y frustración en el mundo mapuche.

Los anuncios de la Presidenta se hacen a menos de un año de terminar su gobierno, administración que ha estado marcada por una política errática en relación al pueblo mapuche y a otros pueblos indígenas que habitan en el país. En efecto, su gobierno ha distado mucho de responder a las reivindicaciones de estos pueblos por sus derechos colectivos –los que ahora anuncia serán constitucionalizados–, derechos que el Estado chileno se ha comprometido a respetar y promover al ratificar el Convenio 169 de la OIT y al adherir a la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de pueblos indígenas.

Más grave aún, se trata de un gobierno que no ha enfrentado, y en esa medida se ha hecho responsable, los innumerables actos de violencia policial en contra de personas mapuche, muchos de ellos en contra de  niños y niñas, como los ocurridos hace solo una semana atrás en la comunidad de Temucuicui. Al respecto cabe señalar que la responsabilidad del gobierno frente al actuar policial abusivo en decenas de casos durante los tres años de gestión de la Presidenta Bachelet, está determinada de acuerdo a la propia Constitución vigente, la que otorga el control del actuar de las fuerzas policiales al Ministerio del Interior y Seguridad pública, de las que dependen. Se trata de hechos de gravedad sobre los cuales lamentablemente la Presidenta omitió referirse en sus anuncios.

Los anuncios presidenciales, además, se hacen a pocos meses del término de su gobierno, y por lo mismo contienen iniciativas tanto legislativas como de política pública que no podrán llevarse a cabo en un período tan breve, cuestión por cierto también lamentable. Todo ello hace presagiar que estos anuncios no tendrán gran impacto en la superación de la situación de creciente conflictividad entre el Estado y pueblo mapuche, la que por lo mismo, quedará como un desafío pendiente para para una próxima administración.

Tal como hemos señalado reiteradamente, ello no será posible sin un diálogo con agenda abierta, que tenga los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo el derecho a identificar a sus interlocutores, al centro, y en un clima de confianza en que la violencia sea erradicada como forma de relacionamiento, desafío respecto al cual el Estado, como garante del bien común, tiene la responsabilidad principal.

Temuco-Santiago, Wexipantu de 2017