Por Federico Larsen.

Este jueves en el Reino Unido se celebran elecciones generales anticipadas. Lo que debía ser un trámite para los conservadores se transformó en un profundo debate sobre el modelo de país.

La campaña electoral británica se puso más interesante de lo que cualquier analista podía pensar en sus comienzos. Cuando en abril pasado la actual primera ministra, Theresa May, anunció la convocatoria a elecciones generales anticipadas, nadie podía prever un escenario como el que se presenta a pocas horas de los comicios.

En ese entonces la estrategia de May era clara: una victoria contundente, con más de 18 puntos de ventaja, le entregaría una mayoría sólida en la Cámara de los Comunes y hundiría las esperanzas del cuestionado líder opositor, Jeremy Corbyn, de construir una alternativa sólida a su gobierno conservador. Una vez cerrado el trámite electoral, y refrendado su liderazgo –Theresa May asumió tras la renuncia de David Cameron, necesita entonces legitimar su cargo en elecciones-, podría encarar su plan de divorcio de la Unión Europea y negociar las cláusulas del famoso Brexit con mayor espalda. Sin embargo varias sorpresas se interpusieron en su proyecto.

En primer lugar, su estrategia frente a los negociadores europeos se vio rápidamente entorpecida por la firmeza con la que éstos se opusieron a las pretensiones británicas. No habrá aceleración del proceso, cuyo comienzo fue fijado para el 19 de junio próximo, ni contemplaciones acerca de lo que el gobierno británico deberá pagar en concepto de obligaciones asumidas con los 27 países de la Unión Europea (UE): 100.000 millones de euros.

Ante el desafío, la primera ministra, digna representante de los Tories ingleses, redobló la apuesta prometiendo una salida “dura” de la UE y beneficiosa para los británicos. “Strong and Stable” (“Duro y estable”), se convirtió en el lema de la campaña conservadora. Pero esta primer sorpresa comenzó a resquebrajar el apoyo “seguro” con el que contaba antes de comenzarse la campaña.

El segundo punto de inflexión se registró el 16 de mayo pasado, cuando el candidato del Laborismo, Jeremy Corbyn, presentó su programa electoral. En él, el otrora partido de los trabajadores e intelectuales de la izquierda inglesa, devenido en ejecutor del neoliberalismo de fin de siglo, renovó su imagen y volvió a seducir al progresismo británico.

Nacionalización de trenes, agua, correos y energía, impuestazo a los salarios más altos, protección del empleo, garantía de los derechos ciudadanos a los europeos residentes en el país y aumento al 26% del impuesto a las transacciones financieras, son algunas de sus propuestas. El Laborismo de Corbyn despertó el interés de miles de británicos, y especialmente de los sectores más jóvenes y contrarios al Brexit, con una campaña antiajuste que parece haber dado en el blanco.

El tercer cambio en el escenario político del Reino Unido llegó con los atentados de Manchester y Londres de las últimas semanas. En ambos casos, los dos principales candidatos intentaron acumular consensos a partir de enrostrar al otro sus pecados frente a la crisis terrorista. Y esto a pesar de haber vivido la década con la menor cantidad de actos de este tipo en la historia reciente del país.

May denunció cierta simpatía de su oponente hacia grupos como Hamas o Hezbollah, por unas declaraciones que Corbyn había pronunciado en otro sitio y tiempo. El opositor pidió que el gobierno haga público un informe confeccionado por el gobierno desde principios de 2016, que revela la financiación que reciben los grupos jihadistas en el Reino Unido, y que complicaría a uno de los principales socios internacionales de los conservadores, la monarquía saudita. Asimismo, Corbyn culpó a la primera ministra de acompañar los recortes de presupuesto que sacaron de las calles a 20 mil policías armados, los mismos que los medios convirtieron en héroes tras su intervención en los ataques del sábado en la capital.

Ese es, en efecto, el hilo conductor de la campaña laborista: anular los efectos de los siete años de ajuste conservador sobre la sociedad, principal causa, según ellos, del voto favorable a la salida de la UE.

En octubre de 2010, el gobierno británico anunció un ajuste fiscal que redujo en 130.000 millones de dólares el gasto estatal y eliminó medio millón de puestos de trabajo en el sector público. En 2011 los estatales protagonizaron la más grande huelga de la historia del sector en el Reino Unido. Aprovechando la ola austericida que se cernía sobre toda Europa tras la crisis financiera de 2008, los sectores más nacionalistas en ese entonces lograron sumar consensos en contra de los culpables: la UE y los migrantes. En 2013 el entonces primer ministro David Cameron impuso el mayor ajuste fiscal de la historia del Reino Unido. Disminuidos los subsidios sociales, los destinados a los hogares de bajos recursos, reformadas las prestaciones sociales públicas, Londres decidió al mismo tiempo alivianar en un 5% la presión fiscal sobre los salarios más altos. En 2015 otros 37.000 millones de euros fueron arrancados del gasto social.

Así y todo, May sigue siendo la gran favorita para estas elecciones. Si bien las encuestas marcan la pérdida de unos 15 puntos respecto a abril, la ventaja promedio que los diarios británicos muestran a horas de los comicios sigue dando por ganadores a los conservadores con una ventaja de entre tres y cinco puntos. Para el laborismo, obligar a May a un gobierno de minoría y la pérdida de representantes en el legislativo, ya podría considerarse una victoria, frente a las perspectivas de hace unos meses.