Imelda Daza está cumpliendo una labor muy concreta en el parlamento colombiano. Ella es parte de las voces del proceso de paz que está llevando Colombia.

¿Imelda, cuál es el trabajo que están llevando las Voces de Paz, cómo están avanzando, y cuáles son las dificultades que han encontrado?

Colombia en su historia ha padecido de los rigores de una violencia política, atenuada en unos periodos e incrementada en otros. Han sido distintas formas de violencia y de distinto origen, que en las últimas cinco décadas han disparado una violencia motivada por dos factores fundamentales.

El primero es la estructura de la tenencia de tierras, que es nuestro principal factor productivo dado que no somos un país industrializado. Por tanto, necesitamos utilizar la tierra como fuente primaria de producción. La altísima concentración de la propiedad en muy pocas manos, ha generado condiciones de injusticia muy graves y ha condenado a la miseria a casi 5 millones de campesinos colombianos. Este es una de las principales razones de la guerra y la violencia de grupos insurgentes que ha marcado las últimas cinco décadas de la historia de Colombia.

El segundo factor es la falta de democracia. Nos llamamos un país democrático, una república democrática pero solo en el papel. En la práctica, la democracia es una asignatura pendiente. Nunca hemos vivido en democracia y lo que ha caracterizado la vida política en Colombia es la implementación de una política funesta, la eliminación del contrario, la eliminación física por parte del Estado colombiano al usar sus cuerpos de seguridad y sus fuerzas armadas para arremeter contra la protesta popular y contra movimientos sociales.

La Unión Patriótica por ejemplo, al haber tenido éxito electoral fue condenada a la eliminación, a la desaparición, a un genocidio político que todavía está impune y cuyas víctimas no han recibido reparación alguna.

Yo soy una sobreviviente de ese genocidio político en contra de Unión Patriótica. Ese genocidiome obligó a un exilio de 26 años en un lejanísimo país, Suecia. Regresé hace dos años animada por el proceso de paz que nos va a permitir construir esa Colombia que todos hemos soñado y que todos merecemos.

En ese marco político, las FARC y la mayoría de organizaciones guerrilleras decidieron negociar con el gobierno la finalización del conflicto armado. Hace algunos años, lo hicieron otras guerrillas menores, mientras que las FARC lo intentó hace 32 años con Belisario Betancur, pero en esa época la negociación fue muy débil, frágil y rápida. No se sostuvo.

Tuvimos que pasar por miles de muertos más y por mucho más dolor y tragedia para que por fin las FARC y el gobierno se sentaran a negociar en La Habana hace unos cinco años. En ese lugar se llegó a un acuerdo final que fue sometido desafortunadamente a un plebiscito que el Gobierno no promovió, no supo encarar, no supo manejar y el resultado fue catastrófico. Sin embargo, la persistencia de la paz ha sido la constante.

En el acuerdo se convino la creación de un grupo de opinión, de una organización política transitoria que hiciera la veeduría de ese acuerdo. Fuimos escogidas seis personas: cuatro hombres y dos mujeres para realizar, en el Congreso, la veeduría a los proyectos de ley y actos legislativos que tradujeran el acuerdo al lenguaje jurídico para aprobar las leyes que serán de obligatorio cumplimiento por toda la institucionalidad colombiana.

Lo que se está haciendo es convertir el acuerdo – texto escrito en un lenguaje común y corriente- en múltiples leyes, en múltiples actos legislativos, y también en decretos del Gobierno para que sean de obligatorio cumplimiento y para que formen parte del conjunto de normas que regulan el funcionamiento del país y de la sociedad colombiana.

Nosotros tenemos ese encargo, la función de vigilar que cada ley y acto legislativo que se expida en el Congreso se ajusten estrictamente al espíritu y al contenido del acuerdo, es decir, nada se puede cambiar, nada se puede suprimir, ni agregar ni quitar. Adicionalmente, tenemos la función facilitar funciones a las FARC para que puedan dar ese último paso, que es en realidad la meta de todo el proceso de negociación: convertirse en un nuevo partido político que construya una política sin armas, sin uniformes.

Es complejo el contexto histórico en el cual se está luchando de manera tan persistente para construir esta paz de manera legal, es a través de un marco normativo que se espera garantizar la continuidad en todo este nuevo proceso colombiano porque en realidad está naciendo una nueva Colombia y que está costando mucho construir. ¿Imelda, existen muchas dificultades para el cumplimiento de los acuerdos? ¿Hay realmente un esfuerzo serio por parte del gobierno de Juan Manuel Santos para cumplir con este acuerdo de paz?

Existe un compromiso del gobierno de Santos, de él y de quienes están más cerca de él que es el implementar el acuerdo, de hacer realidad el fin de la confrontación armada y de silenciar los fusiles. Existe voluntad del gobierno, pero la paz tiene muchos enemigos en Colombia. La paz resulta difícil para los sectores privilegiados porque la guerra oculta los privilegios, los problemas del país, no permite hablar de la injusta distribución de la tierra, no permite hablar de nada más que no sean muertos, heridos, secuestrados, etc.

Hay gente que se beneficia de la guerra, no solo porque oculta privilegios, sino porque la guerra es también un negocio económico que le cuesta al Estado colombiano 22 000 millones de pesos diarios, dinero manejado en parte por funcionarios y en parte por las fuerzas armadas. La gente que tiene a su cargo esos manejos y que atiende negocios ligados a la guerra no quiere la paz, esa es una verdad terrible. Es este sector el que se ha encargado de manipular a la opinión ciudadana, de engañar a un pueblo ignorante e inculto con mentiras que repetidas mil veces terminan convirtiéndose en falsas verdades que la gente cree. Inventa, por ejemplo, que el país se les ha entregado a las FARC y uno se pregunta, ¿qué se les ha entregado?¿se les ha entregado tierras, el presupuesto, o han sido nombrados embajadores, ministros o fiscales? Pero nada de eso ha ocurrido, sin embargo, los enemigos siguen luchando a brazo partido para frenar el proceso de implementación.

A partir del acuerdo de paz empiezan a emerger de manera mucho más clara un sin número de conflictos, como el conflicto de los cocaleros, el conflicto en Chocó y Buenaventura, la persecución de los defensores de derechos humanos (…)

Así es, la paz permite que afloren otros conflictos como la pobreza, la miseria y los bajos salarios. Ahora se sabe la gravedad general de todos los conflictos del país, ahora que los fusiles se silenciaron emergen los otros problemas, y eso es lo que los enemigos de Colombia no quieren que se escuche.