El programa de Renta Garantizada de Ciudadanía empezará el próximo mes de setiembre y durará dos años, con el objetivo de analizar el impacto de la medida sobre los vecinos.
El proyecto europeo, que cuenta con 13 millones de euros, analizará sobre tres ciudades-laboratorio, Helsinki, Utrech y Barcelona, las políticas de ayudas para «mejorar la intervención».
El representante europeo del programa piloto de Renta Garantizada de Ciudadanía define el plan como inédito para «revolucionar la lucha contra pobreza urbana».
Por Sergi Franch
1.000 vecinos del Besós, una área especialmente afectada por la pobreza en Barcelona, participarán a partir del mes de setiembre en un programa europeo para evaluar la Renta Garantizada de Ciudadanía durante los dos próximos años. El programa, definido por sus responsables como un «laboratorio», estará dotado con 13 millones y se llevará a cabo en las ciudades de Utrech y Helsinki, además de la capital catalana.
Según ha explicado en rueda de prensa el coordinador de programas europeos B-Mincome, Raffaele Barbato, se trata de «cambiar radicalmente, revolucionar la lucha contra pobreza urbana». En el caso de Barcelona la evaluación científica del programa se llevará a cabo por diferentes organismos y universidades locales, como la Universitat Pompeu Fabra, el IESE o el Centro para la Innovación Social Nova.
Barbate ha apuntado que el objetivo es analizar, tras dos años de aplicación de cuatro modelos de renta mínima, «cuál es la más eficaz e inclusiva». Un consejo asesor formado por grupos de análisis e investigación social, colectivos de lucha contra la exclusión social, universidades y entidades del tercer sector analizarán el impacto de la aplicación de medida.
En programa piloto participarán un millar de vecinos, de 25 a 60 años y usuarios de la red de servicios sociales, que se elegirán de manera aleatoria. A todos ellos se les concederá una prestación que el ayuntamiento ha estimado entre 400 i 525 euros. Los beneficiarios participaran en el programa con diferentes proyectos de inserción laboral, promoción de la autoocupación, de rehabilitación de viviendas o programas de fomento de la participación social.
La teniente de alcaldía de derechos sociales del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Ortiz, ha recordado la existencia previa de hasta 68 rentas monetarias en la ciudad, sumando las que concede el Estado y la Generalitat. En la aplicación de esta nueva ayuda barcelonesa, de nombre «renta municipal de inclusión», se monitorizará qué impacto tiene su implantación para las familias.
Según los cálculos realizados, una pareja con dos hijos podría percibir entre 1.000 y 1.500 euros, excluyendo los gastos para el alquiler o la hipoteca. «Queremos comprobar que una vez cubierto el derecho a la vivienda, qué autonomía y qué impacto produce», ha puntualizado la responsable municipal.
El proyecto establecerá cuatro grupos de vecinos de 250 individuos cada uno que percibirán 4 tipos de renta para evaluar los beneficios y los cambios que suponen. Una vez se implanten se analizarán con base científica las medidas y mecanismos de inserción social que promueven. «No se concibe como un ejercicio administrativo sino como un proyecto de aprendizaje», aseguran sus responsables.
De esta forma, han advertido los promotores municipales, se constatará «la validez de tópicos y discursos recurrentes» sobre el reconocimiento de la renta mínima, poniendo como ejemplo que las personas que se beneficiarían de este derecho «no tendrán incentivos para buscar trabajo».
