Por Agustín Galo Samario
Este día concluye la visita oficial a México del Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Léo Heller, a quien organizaciones civiles y activistas de todo el país le fue presentaron un informe en el que se advierte que el Estado mexicano sostiene un modelo de gestión insustentable y privatizador que, además de considerar al líquido como mercancía, privilegia principalmente a las industrias extractivas y los megaproyectos.
En este contexto, Javier Sentíes Laborde, de la organización civil Acción Colectiva Socio Ambiental que asistió a las reuniones con el relator, dijo que Guanajuato es ejemplo de un «problema mayor» que el gobierno no está entendiendo: que la vida está en riesgo.
Explica que más allá de las enfermedades recurrentes que padece la población por consumir agua contaminada, como leucemia, insuficiencia renal, cardiovasculares y diversos tipos de cáncer, hay un contexto estructural que revela que los ecosistemas se están destruyendo, que las condiciones de vida están en peligro y que al final todos saldremos afectados.
Lo que pasa en la Cuenca de la Independencia, insiste, es muestra de que en Guanajuato hay «un problema mayor. Lo que me llama la atención es que en la cuenca bajan los niveles de agua y cuando se le extrae (a grandes profundidades) ya está contaminada. Pero no se hace nada (por parte del gobierno) y si no se atiende ese problema vamos a generar una estela de muerte para el futuro.
«La economía campesina cada vez está más afectada porque no hay agua, el clima cambia, los ciclos de lluvia… el problema es inmenso. Entonces, a la Cuenca (de la Independencia) se le saca cada vez más agua, pero no se reforesta, no se hace nada para reducir la extracción en un 50 por ciento, no se crean zonas de recarga. Lo mismo pasa en el acuífero de León, no hay ni una sola política pública para su regeneración. Dicen que con el agua de (la presa) El Zapotillo se va a recargar. Una tontería. Son sistemas vivos que dependen de la naturaleza, de las plantas».
Respecto del encuentro con Léo Heller, comenta que ayudará mucho porque además de que las comunidades, activistas y representantes de organizaciones se sintieron escuchadas, se lleva consigo muchas solicitudes ante «el nulo apoyo del gobierno» para resolver el problema. Las autoridades «pueden decir que no es tan grave», pero las mismas recomendaciones que pueda hacer el relator podrían «evidenciar que el gobierno viola derechos» y que está obligado a cumplir los acuerdos internacionales que ha firmado. La visita del relator no llevará a «una acción de cambio radical, pero servirá para levantar la bandera igual que ha sido con la de las torturas, las desapariciones, porque el agua es un derecho que es violado impunemente. Todo por un gobierno ineficiente y un modelo económico insustentable».
Y a la vez de que se fomenta la sobrexplotación y contaminación del agua «otorgando miles de concesiones a las empresas», el proyecto Presa El Zapotillo-Acueducto Zapotillo-León -con el que se pretende «la venta de agua en bloque»- vulnera el derecho a la disponibilidad y acceso al agua, el derecho a la información, y genera discriminación e inequidad, toda vez que favorece a empresarios en perjuicio de las poblaciones campesinas «con el falso argumento de llevar agua para consumo humano a las poblaciones de Los Altos de Jalisco, León y Área Metropolitana de Guadalajara».
Agua y violaciones a los derechos humanos
En el Informe sobre violaciones a los derechos humanos al agua y saneamiento, que le entregaron representantes de comunidades, organizaciones civiles y activistas a Léo Heller, se denuncian «de forma detallada las distintas estrategias que el Estado mexicano ha implementado para impulsar políticas públicas que buscan la privatización del líquido, que en lugar de buscar la reducción de la desigualdad de su acceso, privilegia a empresas vinculadas a la industria extractiva y de megaproyectos».
También se señalan los impactos que empieza a tener la reforma energética promulgada por el gobierno de Enrique Peña Nieto en las comunidades de distintos estados del país, y las amenazas y riesgos que se ciernen contra las y los defensores de derechos humanos, activistas ambientales y las poblaciones que defienden el agua y los benes naturales
El documento da cuenta de que el gobierno de la República reporta una cobertura nacional de agua potable del 92.3 por ciento, un indicador que «presenta problemas, no sólo porque los promedios nacionales invisibilizan las disparidades existentes entre regiones, entidades federativas y entre municipios, sino porque también es un indicador de infraestructura, que no da cuenta de si la población recibe efectivamente un suministro de agua suficiente, continuo y salubre, apta para uso personal y doméstico (bañarse, cocinar y beber, asear hogar y lavar ropa), como corresponde al derecho humano al agua».
Respecto de la descentralización de los servicios de agua, alcantarillado y saneamiento del agua a los municipios, sostiene que la ineficiencia y opacidad con que se conducen los organismos operadores resultan en una baja recaudación de pagos, excusa para no garantizar los derechos humanos al agua y saneamiento, y argumento principal para empujarlos hacia la privatización.
«En la mira»
A la vez, organizaciones civiles y representantes de comunidades de Jalisco aseguraron que «la situación del agua» en su estado está «en la mira» del relator Léo Heller, quien fue informado de que la construcción de la presa El Zapotillo es «una forma de privatización del agua», como se ha hecho con el derecho al saneamiento.
El Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo -comunidades que han resultado afectadas por ese embalse-, el Instituto VIDA, el Colectivo de Abogadxs y el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) informaron que al relator se le hizo saber que en Jalisco prevalece un modelo institucional que desconoce la gestión comunitaria del agua, amenaza y criminaliza las luchas de la población y la labor que realizan las organizaciones civiles
Es un modelo «que favorece a la iniciativa privada y considera al vital líquido como un negocio y mercancía. Las políticas hídricas se encuentran desarticuladas y existe ausencia de coordinación en los tres niveles de gobierno, lo que ocasiona que los movimientos y organizaciones (…) tengan que peregrinar para encontrar soluciones a las problemáticas que enfrentan».
En referencia a la presa El Zapotillo, donde se pretende almacenar agua del Río Verde para de ahí transferir tres mil 800 metros cúbicos por segundo a León, Guanajuato, dijeron que se pusieron a disposición de Léo Heller evidencias de que en Jalisco las políticas públicas privilegian «las grandes obras de ingeniería hidráulica como la construcción de mega-presas, acueductos-trasvases para desplazar el agua de una cuenca a otra, generando grandes conflictos sociales e impactos ecológicos, para entregarla a la agro-exportación, la industria automotriz, inmobiliaria y extractiva».
Y afirma que no obstante de que «frente a la escena internacional» en México se reconoce la importancia de conservar los ecosistemas hídricos de las cuencas, de usar el agua en la cuenca donde es producida y de incluir en la toma de decisiones a los usuarios, lo que prevalece es un «modelo de gestión excluyente e insostenible que favorece a los negocios muy particulares» y que al tiempo que otorga miles de concesiones a las industrias, permite «contaminar mientras se pague».
Para concluir su visita oficial a nuestro país, en la que también se reunió con legisladores y funcionarios estatales y federales, el Relator Especial de la ONU, Léo Heller, ofrecerá sus conclusiones preliminares este viernes en una conferencia de prensa en la Ciudad de México, la cual podrá ser vista a las 14:00 de la tarde a través de la cuenta de OnudhMexico de Facebook.
