Por Agustín Galo Samario
Son iniciativas de los partidos y desconozco si en realidad vayan a beneficiar a los activistas. La falta de credibilidad de los políticos es grave, porque todo lo que hacen va a ser en contra de los pueblos. Desconocemos cuál es el objetivo, cuál es el fin. Creo que ahí debimos participar porque somos los que estamos enfrentando cosas difíciles. El problema es que todo lo hacen así.
Graciela Martínez Delgado, defensora del agua en Dolores Hidalgo.
El pleno del Congreso del Estado de Guanajuato (Centro de México) dio marcha atrás el pasado jueves a la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. La envió para nuevo análisis a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables. Decisión que llega antecedida de críticas a nivel nacional por parte de expertos y organizaciones defensoras de la libertad de expresión, y la incredulidad, por lo menos, de buena parte de activistas y periodistas guanajuatenses que desconocían la existencia de la iniciativa de ley, que la conocían de oídas o que de plano advierten que la verdadera intención de los legisladores es crear un instrumento para controlar comunicadores y organizaciones civiles.
Paulina Uribe, de la organización ambientalista irapuatense Signos, dice que no puede dar una opinión sobre algo que desconoce, pues nunca fue invitada a participar en un foro o mesa de análisis para la creación de una ley de protección. En principio, añade, “no debería haber una ley porque no deberíamos sentirnos amenazados. Pero en este país la persona que defiende un derecho es inmediatamente amenazada. En un país con autoridades corruptas y ligadas al narco, ¿quién te va a defender? Cuando tienes un estado fallido las leyes no se cumplen”.
Aunque con otras palabras, con ella coincide Miguel Mejía, periodista en el noreste del estado. Pese a estar enterado de que el proceso legislativo inició desde hace tres años, considera que las mesas de consulta organizadas por los legisladores no fueron suficientes ni sus convocatorias ampliamente difundidas. El problema más importante es, sin embargo, que el dictamen propuesto para su aprobación contiene una cláusula de conciencia en términos totalmente subjetivos; un registro de periodistas y activistas a cargo de la Secretaría de Gobierno, que funciona como “una especie de policía política” y cuando más del 60 por ciento de las agresiones son cometidas por funcionarios públicos; y un reglamento con el que “ahora nos van a decir qué perfil debemos tener”.
Esta ley es prácticamente para lavarse las manos, para decir que en Guanajuato ya nos pusimos al tanto. “Ni lo quiero mencionar, pero las cosas se van a seguir agravando en Guanajuato y si no se hace algo lo vamos a lamentar. Todavía no está claro lo de Comonfort (el asesinato del periodista Gerardo Nieto) y no digamos lo de Karla Silva”, cuyo proceso continúa.
Excesos, restricciones y pocas obligaciones
Edgar Cortez, experto del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y quien ha participado en el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, comenta que el dictamen que se intentó aprobar en el Congreso del Estado tiene varias inconsistencias y que, en resumen, “es una ley bastante mala”.
Sostiene que establecer un registro de periodistas y activistas es un exceso, pues lo que otorga el carácter como tales es la actividad que realizan y no el estar incluido en el registro, lo que además puede llevar al riesgo de constituirse en un requisito para brindar protección; las atribuciones que el artículo 19 concede a la Secretaría de Gobierno (recibir y monitorear casos de agresiones; tramitar solicitudes, ejecutar y dar seguimiento a las medidas de protección, y presentar denuncias, entre otras) “es un serio problema, pues todo queda centralizado en esa secretaría”, además de que el artículo 23, referido a las tareas a realizar en casos de peligro inminente contra periodistas y defensores, la realización de una evaluación de riesgo “es un punto de mucho riesgo, pues lo que va a predominar es la visión policiaca”.
La organización defensora de la libertad de expresión y de periodistas Artículo 19 publicó el miércoles 24 de este mes un extenso documento en el que señala que el dictamen presenta “serias falencias que, lejos de proteger la labor periodística, la sujeta a una serie de criterios y condiciones que incrementan su situación de vulnerabilidad, ya que contiene diversas disposiciones que resultan restrictivas y desproporcionales para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información”.
En el estado de Guanajuato, añade, aún continúan vigentes los delitos contra el honor (difamación y calumnias) en su Código Penal, con lo que se incumplen los estándares internacionales en la materia y se desatienden recomendaciones de organismos como la ONU o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la necesidad de derogar este tipo de delitos que “resultan criminalizantes y que generan un efecto amedrentador para el ejercicio periodístico”.
También se pronuncia por regular la asignación de las pautas de publicidad oficial, de acuerdo con los Principios sobre regulación de publicidad oficial y libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2011, documento que reconoce que la publicidad oficial “configura un mecanismo de censura indirecta a los medios de comunicación”.
El conocimiento preciso de la iniciativa de Ley de Protección que tienen Edgar Cortez y Artículo 19, sin embargo, no lo comparten la mayoría de los activistas y periodistas del estado. Contrario a lo que opina el diputado del PRD, Isidoro Bazaldúa Lugo, quien los culpa de no haber hecho propuestas para el diseño de la nueva norma que, asegura, sí la conocen. “En el foro de Guanajuato hubo 60 participantes, entre activistas, medios y personas interesadas, pero no todas aportaron”. Además, “no estoy obligado a hacer que todos se enteren, a que todos lo sepan. Estoy obligado a hacer el llamado”.
Sin convocatoria amplia, sin información y una certeza
La visión de activistas y periodistas sobre una realidad cada vez más compleja y amenazante para el desempeño de sus actividades es otra, donde la coincidencia es que cada vez hay más riesgos en su contra y que el interés de los diputados por legislar al respecto es por la coyuntura desatada por los asesinatos del periodista Javier Valdez y la defensora Miriam Rodríguez Martínez.
Gustavo Lozano, de Acción Colectiva, no conoce la iniciativa pero sabe de su existencia “por comentarios de otros activistas y periodistas que hablan de ello. Pero no he sido invitado, no ha habido una convocatoria amplia”. Si bien habría sido interesante participar, “creo que en general los ciudadanos aunque tenemos representantes para legislar en temas de interés público no desencadenan un proceso de participación amplia para legitimar las propuestas que van a impactar en la vida de las personas”.
– ¿Por qué crees que no lo hacen?
Las autoridades no son democráticas y les basta con tener una iniciativa. Lo hacen porque pueden. No quieren invitarnos. No soy de la idea de que debamos tener leyes por tener, porque muchos de los problemas no son por falta de leyes sino por impunidad y corrupción en la impartición de justicia. Más leyes no implican mayor respeto a la legalidad. Pero los tiempos cambiaron, la ciudadanía exige más espacios de participación. Ha habido más esfuerzos de la ciudadanía que de la autoridad.
Joan Ochoa, de las organizaciones Cabildo Ciudadano de Irapuato y Congreso Nacional Ciudadano, tampoco conocía la iniciativa ni recibió invitación a participar en algún foro. Enterado de que los diputados trabajaban en una ley de protección buscó la iniciativa, pero se la negaron a pesar de que, señala, la solicitaron formalmente en la oficina de gestión de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Irma Leticia González Sánchez.
Cuenta que para los miembros de las organizaciones en que participa es importante esa ley. En enero fueron criminalizados por el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, quien anunció públicamente que el ayuntamiento interpondría denuncias en su contra al acusarlos de ser los autores intelectuales de los saqueos de negocios y hechos de violencia en el contexto de las protestas por el alza a los combustibles.
“Nos presentamos en el Ministerio Público para conocer la denuncia y nos contestaron que no éramos parte, que la denuncia nada más era contra quien resultara responsable. La acusación generó que ya no hubiera marchas y a mí me despidieron del trabajo. Este tipo de actos utiliza el gobierno para amedrentar, es muy riesgoso ser activista y periodista. Estamos al borde del caso de Sinaloa por una cuestión de información, porque los activistas queremos exponer esta situación a la ciudadanía, porque es deplorable que no haya certidumbre, no sabemos con quién contamos o no. Los diputados son tapaderas de las autoridades municipales”.
Entrevistado antes de que se conociera que los diputados regresarían a comisiones el dictamen, Alberto Martínez, periodista residente en Guanajuato capital, considera que no es suficiente que con uno o dos foros se elabore la ley y menos cuando estuvo atorada tanto tiempo, más de un año, por falta de voluntad política.
Relata que la semana pasada asistió con un grupo de reporteros a una reunión con las y los diputados Guilermo Aguirre, María del Sagrario Villegas, Araceli Medina, Libia Dennise García e Isidoro Bazaldúa, “y quedaron de agregar o analizar algunas observaciones que les hicimos. Pero acudieron pocos informadores, prácticamente los que como él cubren la fuente del Congreso.
Considera que de incluirse las sugerencias del grupo que acudió con los legisladores habrá un avance en favor del gremio y de los activistas. “Estamos muy a tiempo en Guanajuato para legislar y sacar una ley, probar cómo funciona y modificar esa misma ley antes de llegar a lo que pasa en Tamaulipas o en Guerrero, porque aquí la dinámica económica y criminal es muy parecida a la que antes hubo en esos estados”.
Periodista freelance de Celaya, Manuel Rodríguez cuenta que conoce vagamente la iniciativa de ley, pero que no fue invitado a participar en las mesas de discusión organizadas por el Congreso. Le preocupa, al mismo tiempo, que la mayoría de los integrantes del Consejo Estatal de Protección que contempla la ley sean funcionarios, un “absurdo que hace vulnerable a los periodistas”, y la manera en que se elabore el reglamento para elegir a los dos representantes de los periodistas, pues, “como se dice, hay algunos chayoteros y no sé cómo van a representar al gremio”.
Mario Armas es un fotoperiodista que a lo largo de su carrera ha trabajado con medios estatales, nacionales y agencias internacionales, lo que le ha permitido conocer el contexto en que trabajan los informadores en Guanajuato. Por todo ello, su opinión resulta reveladora sobre el proceso legislativo llevado a cabo para la ley de protección.
Mario Armas dice: «No conozco la forma ni cómo quieren hacer esta ley. Ojalá busquen legislar para beneficio de los verdaderos periodistas. Lo que veo es que se debe hacer una ley acorde a la realidad de nosotros en Guanajuato, porque hay muchos periodistas que lo que buscan es tener fuero, que, de verdad, no ejercen el periodismo. Está el caso de El Universal, que su corresponsal trabaja para la Secretaría de Gobierno. ¿Cómo un medio como ese, el más antiguo de México, no se da cuenta? Es absurdo. Yo nunca fui convocado a nada, pero sé que los únicos que fueron a los foros son los de siempre. A mí, como a muchos, nunca me tomaron en cuenta. Hubiera sido importante que los diputados tuvieran la opinión de la mayoría, no la opinión de unos cuantos. Todos debemos tener conocimiento de cómo van las cosas y cómo nos podemos defender».
¿Cuál es la intención?
Sí llama la atención que después de tres años sean pocos periodistas y activistas los que han sido invitados por los diputados para hacer propuestas a la ley, “a estas alturas, para empezar, debería darnos vergüenza que haya que dar protección a quienes protegen los derechos humanos”, dice Alfonso Díaz Rey, ambientalista y miembro del Frente Regional en Defensa de la Soberanía, organización con sede en Salamanca.
“Parece que todo lo quieren arreglar haciendo una ley. Ahí está la constitución y ya sabemos lo que han hecho con ella”, añade al tiempo que confirma que él tampoco ha sido invitado a ninguna reunión para hacer propuestas a la ley. “¿Dices que se hicieron foros en Guanajuato (capital) y en San Miguel de Allende? (…) Temo que si se hicieron fue con la gente que los mismos diputados quieren, con los que ellos escogen. Aquí se acostumbra hacer todo a espaldas de la ciudadanía, así que imagínate a la hora de tomar una decisión de qué lado se van a cargar”.
Respecto al registro estatal de periodistas y defensores, considera que la calidad de informador o de activista no la da el hecho de ser incluido en un directorio oficial. “Creo que esto tiene otra intención, la de mantener el control de quienes les son incómodos, y como la seguridad no se da por ley, me surgen dudas. Apunta a que si no te registras y te pasa algo, pues no te protegen porque no estás registrado. Creo que eso es parte de la demagogia, acaba de suceder lo de Javier Valdez y lo de Miriam (Rodríguez), a nivel de la presidencia de la República se hacen declaraciones y aquí con ánimos de ser los primeros retoman algo que habían archivado”.
Por el tono de su voz, a Graciela Martínez Delgado, del Centro de Desarrollo Agropecuario (Cedesa) de Dolores Hidalgo, parece que se le hace una revelación cuando se le pregunta si se le ha invitado a hacer propuestas para la ley de protección. “No hemos participado en nada de eso. En realidad nos invitan a algunas cosas, pero de esto no supimos nada”.
Repuesta de la sorpresa, considera que tratándose de iniciativas surgidas de los partidos políticos en el Congreso del Estado no se sabe si en realidad van a beneficiar a los activistas. “Es un asunto de interés público, el problema es que todo lo hacen así. La falta de credibilidad de los políticos es grave, porque todo lo que hacen es en contra de los pueblos.
“Desconocemos cuál es el objetivo, cuál es el fin. Creo que debimos participar porque somos los que estamos enfrentando cosas muy difíciles y no nos toman en cuenta. Tal vez lo hacen para decir que ya hay protección, pero tú sabes cuál es la realidad. Lo hacen para justificar lo que hacen, pero no hay confianza en lo que se elabora desde arriba. Lo hacen para quedar bien, pero en realidad es que hay una desprotección muy fuerte. Lo que va a beneficiar a los defensores es que participemos de manera organizada; haríamos un gran cambio si a la sociedad civil organizada se nos tomara en cuenta”.
