Una conversación con el investigador Max Yuri Gil(1)

En el marco de la implementación del acuerdo entre las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el gobierno colombiano, comienzan a aparecer algunos factores desestabilizadores que, en el mediano y largo plazo, podrían convertirse en una seria amenaza para el logro de una paz completa.

Entre ellos, se destacan el incumplimiento del Gobierno con las adecuaciones de las Zonas Veredales de Transición para el reagrupamiento de las FARC y el reciente fallo de la Corte Constitucional sobre el mecanismo de Fast Track, que pretendía lograr trámites rápidos para la implementación del acuerdo de La Habana, que ahora tendrán que ser revisados artículo por artículo y no en bloque, como se pretendía, además de despojar al ejecutivo de un aval para revisar que se cumpliera en las leyes lo acordado en La Habana.

Sin embargo, se podría decir que a día de hoy, los dos factores de mayor preocupación en medio de la implementación de los acuerdos son: el asesinato selectivo y sistemático de líderes sociales en distintas regiones del país y el copamiento, por parte de otros grupos armados, de los territorios que dejaron las FARC en el proceso de tránsito y desmovilización, para ocupar las 25 zonas veredales pactadas para este propósito.

En relación con el segundo fenómeno, es decir, el copamiento de los territorios de los que han salido las FARC, el investigador Max Yuri Gil afirma que “el Estado ha demostrado incapacidad en su presencia integral, porque no solo se trata de fuerza pública”. Grupos paramilitares como el Clan del Golfo y las Águilas Negras, así como las organizaciones guerrilleras ELN -Ejército de Liberación Naciona-(2), algunos reductos de lo que queda del EPL-Ejército Popular de Liberación(3) y las disidencias de las FARC, avanzan sobre dichos territorios.

Según Gil, los grupos paramilitares que ahora siembran el miedo en algunos territorios no están desvinculados del anterior fenómeno paramilitar(4) : “son grupos que entroncan su historia en el anterior proceso de desmovilización paramilitar”. Su continuidad en los mismos territorios y sus relaciones con grupos de élites locales y regionales se mantienen, al igual que, como lo resalta Gil “el reciclaje de sus integrantes, mandos y prácticas”, traducidas en combatientes que estuvieron en los anteriores grupos y formas de victimización aprendidas en ellos, es decir, “las amenazas, las intimidaciones, el descuartizamiento y el asesinato selectivo”.

Por tanto, no se trata de simples grupos delincuenciales sino de estructuras armadas que sostienen el poder territorial y de mando que ejercieron en el pasado los grupos de autodefensa, pero que han mutado según los virajes del conflicto, los procesos de desmovilización y las denominaciones que cada gobierno les ha acuñado: Bandas Criminales Emergentes (Bacrim), Grupos Armados Organizados (GAO), Organizaciones Integradas al Narcotráfico (ODIN), Rastrojos, Urabeños, Oficina de Envigado, Autodefensas Gaitanistas o Clan del Golfo (5).

Max Yuri Gil resaltados asuntos que marcan distancia con esa continuidad. El primero es que, a pesar de que hay unas élites que se mantienen en su coincidencia con el paramilitarismo, ahora “el sector de las élites que está liderando el proceso de paz, ha roto con ese paramilitarismo los nexos que tuvieron en el pasado. Porque en un momento hubo convergencia de la mayoría de las élites nacionales y regionales en su respaldo activo o silencioso frente a la pacificación paramilitar, salvo algunas excepciones”.

El otro factor que subraya es que el respaldo de la fuerza pública a estos grupos es menor y esto se evidencia en los choques y persecución por parte de la policía al Clan del Golfo . En ese sentido afirma que, “uno no pudiera decir hoy que tienen ese respaldo de altos mandos y la connivencia tan abierta como la que tuvieron en el pasado”. Ese respaldo, junto a la articulación con proyectos políticos regionales y locales, fue lo que dio un cierto carácter político a las acciones de los grupos de autodefensa.

Sin embargo, como lo reconoce Gil “hoy estos grupos se repolitizan en unión y articulación con los sectores enemigos del proceso de paz”. Por consiguiente, están dedicados a dos cosas: “a copar el territorio que las FARC dejaron, igual que lo está haciendo el ELN” y, al mismo tiempo, “mantienen y, en algunos casos incrementan, una labor de boicot a la implementación del proceso de paz”.

La democratización local y regional que, por lo menos en el papel, pretende el acuerdo de La Habana, sugiere una amenaza para los intereses de las estructuras armadas que mantienen poderes en las regiones y, de ahí su descontento, no solo con el proceso mismo, sino también con quienes lo respaldan en sus territorios.

Max Yuri Gil considera que en primera instancia buscan “impedir y obstaculizar los programas de sustitución de cultivos con la intimidación a los campesinos que quieren acoger el acuerdo. La segunda es el ataque y la intimidación a lo que ellos identifican como la base social de las FARC en los territorios y, tercero, algo que se expresa en los puntos de objeción de las élites opuestas al proceso de paz: el tema de tierras y la aparición de los llamados ejércitos antirestitución”

Notas:
(1) Max Yuri Gil es sociólogo y Magister en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia. Actualmente es estudiante de Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín. Su trabajo de investigación se ha desarrollado fundamentalmente en temáticas relacionadas con los derechos humanos en una perspectiva integral, las violencias, el conflicto armado y la convivencia ciudadana.
(2) A pesar de que en la actualidad se adelanta un proceso de negociación entre el ELN y el gobierno colombiano en Quito (Ecuador), el grupo insurgente continúa con su accionar en las zonas donde ha tenido presencia tradicionalmente y, con la salida de las FARC, ha pretendido copar algunos de esos territorios.
(3) El Ejército Popular de Liberación es un grupo que se desmovilizó en el año 1991, en el marco del proceso de paz que también llevó a la dejación de armas al M19. Un reducto de sus combatientes que no estuvo de acuerdo con la desmovilización, decidió continuar su accionar. Ubicados en el departamento de Norte de Santander, esta disidencia se ha caracterizado por sus nexos con el narcotráfico e incursiones armadas en esta zona del país. En el año 2015 fue abatido por el ejército colombiano su comandante más visible, alias Megateo.
(4)Hace referencia a las Autodefensas Unidas de Colombia, lideradas por los hermanos Castaño y que se desmovilizaron entre noviembre de 2003 y agosto de 2006.
(5)En la actualidad es considerada por las autoridades colombianas la mayor agrupación criminal del país, por el número de personas vinculadas y los territorios donde tienen presencia. Reciclaje de los desmovilizados grupos de Autodefensa que lideraron los hermanos Castaño, están dedicados a acciones de narcotráfico, asesinato de integrantes de la fuerza pública, la extorsión, la intimidación, el secuestro, el desplazamiento forzado.