El gobierno de Nicolás Maduro subestimó las consecuencias que tendrían las decisiones judiciales 155 y 156 emitidas por la Sala Constitucional, que disuelven formalmente las competencias y la autonomía parlamentaria de la Asamblea Nacional, tanto en el plano internacional como en las mismas fuerzas del chavismo.

No midió el impacto que las fricciones generadas por la disolución de la Asamblea Nacional generaba dentro mismo del oficialismo, donde la Fiscal General, Luisa Ortega, opinó abiertamente sobre las implicaciones que derivaban de las decisiones del TSJ, obviamente con el aval de otros dirigentes chavistas. El gobierno escogió el Consejo de Defensa de la Nación para dirimir la controversia interna, y retractarse parcialmente.

Asimismo, el gobierno de Nicolás Maduro evaluó mal la declaración conjunta de 20 países en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), suponiendo un triunfo el hecho de que no se activara la Carta Democrática, y la reacción internacional parece haber tomado al gobierno por sorpresa.

Y así, el Consejo Permanente de la OEA aprobó el martes 3 de abril una resolución en la que expresa su profunda preocupación por la grave alteración inconstitucional del orden democrático en Venezuela, y calificó las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de incompatibles con la práctica democrática, y una violación del orden constitucional. Venezuela y Bolivia calificaron de ilegítima la reunión y como “un golpe de Estado” la forma de la resolución, orquestada por México y la canciller argentina Susana Malcorra a pedido de EE.UU.

Tampoco pareciera haber hecho un análisis certero sobre la política exterior de Washington desde la llegada de Donald Trump a la presidencia, donde figuras de extrema derecha como Marco Rubio –quien hasta denuncia vinculaciones del gobierno venezolano con el terrorismo y el narcotráfico- han tomado (junto al Pentágono)  la batuta en la agenda sobre América Latina, desplazando al Departamento de Estado. Rubio amenazó a Haití y República Dominicana con aplicarles “recortes masivos” a las ayudas por no respaldar la intervención contra Venezuela.

El catedrático chileno-español Marcos Roitmann señala que mientras se urdía el plan para dar la puntilla al orden constitucional en Venezuela, se hacían públicas las conversaciones de enero de 2016 entre el almirante Kurt Tidd, comandante en jefe del Comando Sur, y el actual secretario general de la OEA, Luis Almagro, para coordinar la acción de los organismos regionales contra el poder legítimo del gobierno de Caracas. Servicios de inteligencia, ONG, corporaciones privadas de comunicación, prensa radio, televisión y redes sociales debían entrar en sincronía y asestar el golpe definitivo.

La meta era inaugurar un Estado paralelo, encabezado por el Parlamento, en manos de la oposición, tensionando el Poder Judicial, desacreditando sus resoluciones, obligando al gobierno a tomar medidas de excepción y, de esa manera, justificar la intervención para salvaguardar, curiosamente, el orden constitucional, agrega.

Para el analista opositor Michael Penfold, no se trata de un asunto semántico que pueda aclararse simplemente con distinguir entre impasse (como dijo Maduro) y ruptura: pues detrás de todo estos trágicos eventos comienza a reflejarse un importante cambio en el juego de poder, restringido por las fuerzas internacionales y por las mismas fisuras internas del chavismo, más que por la propia capacidad de movilización de la oposición.

“El presidente Maduro ahora tiene que enfrentar una realidad sumamente compleja y a un grupo chavista que probablemente sea mucho más poderoso que la misma oposición (cuyos partidos lamentablemente muestran un gran músculo electoral, pero hasta ahora han revelado muy poco tino político)”, señala, al alertar sobre el profundo problema de credibilidad de la derecha venezolana.

El Partido Comunista, por su parte, evaluó que las sentencias y aclaratorias del TSJ, y lo sucedido en torno a ellas, tiene que ver “con la agudización de la lucha por el control y el poder en Venezuela”; con la agudización de las contradicciones en el seno del bloque del Gobierno y el de la oposición.

Desinflando el globo del golpe

La gran prensa hegemónica nacional y sobre todo internacional insitió cartelizadamente en que hubo un golpe de Estado o un autogolpe, en una nueva ofensiva contra la Revolución Bolivariana. Causa gracia que autoridades de los gobiernos neoliberales de la región se preocupen por la población venezolana, que según los informes de la ONU sigue tendiendo mejores indicadores sociales que casi todos los países de la región.

La actual coyuntura política requiere jugar estratégicamente tanto en el tablero nacional como en el internacional. Amerita plantarse en la lógica de las decisiones políticas y actuar a partir de la evaluación de las condiciones reales. Comunicacionalmente demanda un discurso argumentativo con pretensiones de validez y provisto de una “racionalidad” estratégica. Urge la construcción política de significados que doten de sentido las decisiones, más la dinámica confrontacional impone una estrategia discursiva desgastada y reiterativa, señala la socióloga Maryclén Stelling.

El tan publicitado “golpe” sirvió también para tapar las miserias de estos gobiernos: la crisis institucional, social y humanitaria que vive Paraguay, el sistemático asesinato de líderes sociales en Colombia (156 en los últimos 14 meses), la matazón en Honduras, las fosas comunes y los asesinatos masivos y continuos en México (más de 30 mil desde marzo), la corrupción galopante y la crisis social del Brasil golpista…

Hablan de democracia quienes avalaron desde la OEA los golpes de Estado e invasiones estadounidenses desde 1948 y por eso se hace indispensable “matar” al chavismo, locomotora en la última década de los impulsos integradores en la región (Unasur, ALBA, Petrocaribe, Celac).

Nuevamente se ha usado la presión internacional como estrategia central de la ofensiva con el único fin de terminar con el chavismo, convencidos que no se puede confiar en lo que internamente pueda hacer la tan publicitada oposición. No lo han logrado con el sabotaje económico, aunque sí han descalabrado al país. Es oportuno, para la derecha, apelar a la comunidad internacional en momentos en que la correlación de fuerzas le favorece y cuando el gobierno de Maduro sigue perdiendo aliados.

Y el asedio externo es cada vez más fuerte, y no solo desde el Mercosur o de la OEA, sino también desde organismos de Naciones Unidas. Por eso, más d 30 dirigentes de la oposición salieron del país para recorrer el mundo en busca de su única salida: la intervención externa.

Elecciónes ¿cuándo?

La evolución de la situación política de Venezuela tendrá un momento decisivo en las –aún sin definición- elecciones presidenciales de 2018, para las cuales ni oficialistas ni opositores tienen candidato definido y mucho menos un proyecto de país para debatir.  Y el problema de la falta de candidatos condiciona planes y tiempos.

Mientras los expresidentes  Martín Torrijo (Panamá), Leonel Fernández (República Dominicana) y José Luis Rodríguez Zapatero (España) ratificaron su compromiso de continuar como mediadores en el proceso de diálogo “fructífero”convocado por el gobierno venezolano, la sola mención de la palabra diálogo desata la furia en la oposición. “La decisión es disparar a mansalva contra la posibilidad de que el diálogo frustre la aventura”, señala el exvicepresidente José Vicente Rangel.

En todos estos años de desestabilización por parte de la oposición, los sectores de la derecha no han logrado consensuar sobre un candidato. La llamada Mesa de Unidad Democrática (MUD), tras dilapidar en solo un año la mayor parte de un capital político enorme (cayó de 80 % de apoyo en diciembre del 2015, apenas ganadas las elecciones parlamentarias hasta menos del 15% en marzo de 2017), ahora se dispone a reestructurarse ella misma y en las mejores escuelas de administración del mundo deben estar pendientes.

La arremetida internacional no logró que la oposición lograra concretar su prometido levantamiento popular contra el gobierno, y apenas insinuó alguna que otra acción callejera aislada y una escuálida concentración, bien cubierta por medios nacionals y extranjeros, claro. Como dice Gerardo Szalkowicz, a la desestabilización le sigue faltando pueblo. El descontento y el hastío por esta difícil cotidianeidad no parecen dar consenso para una salida violenta o una intervención externa. Por ahora.

Henrique Capriles Radonsky es el eterno candidato, tras dos fracasos anteriores. Leopoldo López, el más radicalizado y con mayor prensa internacional, está inhabilitado políticamente, y preso. Henry Ramos Allup, líder de la socialdemócrata Acción Democrática, viene en caída libre en las encuestas. María Corina Machado es la figura femenina, amiga de Bush. Henry Falcón, gobernador de Lara, no encuentra rendijas por donde filtrar una candidatura más conciliadora.

Pareciera que tampoco Washington tiene definido qué candidato le conviene para la transición con la que sueña, y allí aparece recurrentemente el nombre de Lorenzo Mendoza, el dueño de la mayor empresa del país -Polar-, que repite desde hace años que él no quiere ser presidente, pero…

Cuadro político, cuadro económico

El analista Leopoldo Puchi señala que, de avanzarse en el proceso de diálogo, es probable que se produzca una alternancia y que el candidato de la oposición se convierta en Jefe de Estado. De no concretarse estas negociaciones, será difícil que la alternancia tenga lugar, porque supondría, para quienes están hoy en el Gobierno, consecuencias equivalentes al derrocamiento por la vía de un golpe militar: destierro del sistema, exclusión de las instituciones y hasta un posible aniquilamiento.

Más allá de las elucubraciones políticas, los resultados electorales de 2018 estarán determinados esencialmente por los efectos del cuadro económico sobre las condiciones de vida de la gente, máxime cuando el respaldo electoral al sector gubernamental se ha venido deteriorando de manera persistente por el descontento que han generado la escasez y el aumento de los precios de los bienes y servicios, lo que impide que sean cubiertas las necesidades básicas de la población, en particular las de alimentación.

Las dificultades económicas por las que atraviesa el país tienen que ver con el descenso de los precios del petróleo y con acciones de la denominada guerra económica en la que se inscriben acciones de boicot en el sistema financiero internacional y prácticas comerciales ilícitas como la especulación y el contrabando, junto a los sistemáticos y continuos errores en la conducción de las líneas macroeconómicas, que incluyen elementos fiscales y monetarios y, de manera fundamental, las políticas cambiarias.

En la actualidad solo hay 5 partidos legales: tres son muy pequeños y quedaron en pie debido a prácticas poco honestas de sus patrocinantes. Los otros dos son el PSUV y la Mud que está en manos de 5 personas que presentaron la tarjeta ante el Consejo Nacional Electoral, que ha llamado a la reafiliación, que no solo caerá sobre la oposición sino también en el Gran Polo Patriótico, donde el Partido Comunista y Redes están a punto de convertirse en víctimas de la medida

La traición

La falta de unidad y las acusaciones de traición están a la orden día. El que tiró la primera piedra fue el presidente Nicolás Maduro que denunció que “tendencias reformistas de derecha, algunas encabezadas por traidores abiertos, y tienen asesores de marketing y mucho dinero detrás… (…) ¡Alerta, bolivariano, que a Nicolás Maduro le quieren meter una puñalada por la espalda traidores de nuevo cuño para asumir un proyecto reformista para entregar la Revolución bolivariana al capitalismo internacional!”

En vez de ubicar las causas y condiciones que permiten comprender y explicar la actual “crisis de gobernabilidad popular” se construye fundamentalmente una narrativa de “ataques y traiciones” como contradicción principal, hecho que elude las responsabilidades propias y los factores de debilidad interna del movimiento bolivariano, popular y revolucionario, en un cuadro complejo que no deja de reconocer que estamos en una situación de “guerra política”, con aristas de sabotaje económico y presiones internacionales inocultables, señala el sociólogo Javier Biardeau..

Desde tiempo atrás se sabe que el monolítico cuerpo político estructurado por Hugo Chávez había dejado de ser todo eso. Los corrillos políticos hablan de una fuerte puja interna por el poder, pero también por el financiamiento. Los cambios permanentes de gabinete –reincorporando a miembros de la familia Chávez- parecen conducir a Maduro a rodearse con sólidos aliados, mientras Diosdado Cabello, Aristóbulo Istúriz, Elías Jaua, Alcalá Cordones, transitan por otras veredas.

¿Qué ocurre cuando el arma que antes se utilizó para limpiar la maleza al régimen anterior empieza a talar las raíces del movimiento popular?, se preguntan Chris Gilbert y Cira Pascual desde la Escuela de Cuadros. En el momento en el que el auge popular de una revolución entra en declive, abundan los fantasmas que ésta evocó, ahora peleando no por los ideales revolucionarios sino por el poder en sí.

“Evidentemente no podemos ver con indiferencia este estrepitoso ocaso de los ídolos bajo la suposición de que, con la caída de las máscaras, se desataría un nuevo impulso revolucionario”, añaden. Y el tema de la corrupción galopante, la ineficiencia y la ineficacia, que denunciara el propio Chávez, siguen galopando.

(Auto) candidatos hay demasiados en el oficialismo. Una nueva candidatura de Maduro llevará al fracaso al PSUV: el 58% de los ciudadanos considera que su salida del poder es la solución a todos los problemas que atraviesa el país, según una encuesta de Hinterlaces.

Hay quienes quieren apoyar a una mujer, la esposa del presidente y exparlamentaria, Cilia Flores (a quien sindican como cabeza de las decisiones de la Sala Constitucional), aunque ahora le saliera competencia de la Fiscal General Ortega Peña; otros al alcalde caraqueño Jorge Rodríguez o el vicepresidente Tarek El Aissami. Distanciados de Maduro están “presidenciables” como Diosdado Cabello, Istúriz, Jaua, pero ninguno aparece con fuerza suficiente.

Más alejados, dentro de lo que podría calificarse como chavismo no madurista (fuera del PSUV) están ex ministros de Chávez (Jorge Giordani, Héctor Navarro , Ana Elisa Osorio, Gustavo Márquez) junto a Marea Socialista.

El debate está instalado en el chavismo, quizá no en la cúpula del gobierno ni en los consejos de sus asesores externos. “La falta de discusión se debe a que se ha ido reduciendo en los hechos la trama de la democracia revolucionaria. Esta situación es una oportunidad para el debate, para preguntarnos qué estamos construyendo, si nos acercamos a la idea de democracia que imaginamos o si por el contrario retrocedemos a concepciones que nos habíamos planteado superar”, señala la organización popular Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora.

Mientras, las Fuerzas Armadas se han mantenido silentes.