El Ejecutivo pospuso otra vez la presentación de un Anteproyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes.
La Coalición por una Comunicación Democrática denuncia una nueva afrenta del Gobierno Nacional a los compromisos asumidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la audiencia del 8 de abril de 2016, donde se señaló que el derecho a la comunicación y la libertad de expresión estaban en riesgo por decretos que afectaban las garantías de inclusión, diversidad y pluralismo en las comunicaciones en Argentina.
Por medio de la Resolución 601/2017 del 28 de marzo de 2017, el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad incumplió otra vez la promesa que se había impuesto y postergó por otros 180 días la presentación de un Anteproyecto de Ley de unificación de las Leyes 26.522 y 27.078. Ambas leyes fueron seriamente intervenidas por el Decreto de Necesidad y Urgencia 267 de diciembre de 2015, firmado por el presidente Mauricio Macri.
Ese decreto gubernamentalizó la autoridad regulatoria, disolvió los órganos de representación federal y sectorial y puso en funciones una administración opaca y arbitraria que gestiona la comunicación como un negocio y no como un bien social.
Lo dijimos hace un año y lo reiteramos ante cada acto de gobierno tomado en base al recurso de los decretazos: han convertido lo provisorio en permanente y han invocado el pretexto de la modernización para re regular en favor de las principales corporaciones audiovisuales y de telecomunicaciones. Mediante una limitada metodología de consultas y audiencias enclaustradas ganan tiempo para “ordenar” los intereses particulares de un mercado de amigos.
El Gobierno está en mora con todos los argentinos y con la CIDH en su promesa de remediar la vulneración al derecho humano a la comunicación y los estándares elaborados por el Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos.
Lejos de buscar el proclamado consenso, el Ejecutivo se dedicó al dictado sistemático de actos administrativos sin sustento legal suficiente, creando un contexto de inseguridad jurídica. Habrá en 2018 una convergencia para pocos, en sectores sensibles a la democracia y caros a los intereses empresarios como la televisión, la telefonía, la conectividad a Internet y los acontecimientos de interés relevante como el fútbol. Al tiempo que se agudiza la concentración geográfica de la producción de contenidos en la Capital Federal, cae la producción nacional y se ignoran cuotas de pantallas para contenidos de producción nacional.
Mientras tanto, el Congreso está prácticamente inactivo sobre estos temas. La prórroga de la presentación del proyecto oficial hasta finalizar las sesiones ordinarias de 2017 es un intento de clausurar la discusión parlamentaria y eludir una elaboración participada de normas con sentido plural que tenga en cuenta los aportes de todos los actores y las particularidades regionales.
Durante su trabajo —cuya duración ya se prorrogó una vez— la Comisión Redactora realizó reuniones con escasa difusión y sesgada participación, que mostraron una clara preeminencia del sector empresario sobre los demás sectores y la ausencia de los pueblos originarios. Además, decidió no mostrar avances de trabajo antes ni después de las presentaciones.
Esta Coalición profundizará la difusión en ámbitos políticos, sociales, empresariales y sindicales, de los Nuevos 21 Puntos por el Derecho a la Comunicación en todos los soportes y plataformas, impulsará foros federales de debate y participación, y pondrá a disposición de los legisladores su actualización y seguimiento para los proyectos legislativos que hagan falta, en pos de recuperar mayores garantías de pluralismo informativo y comunicacional como base de la democracia.
Para actualizar el Plan de Acción 2017 sobre las estrategias propuestas por las organizaciones que la integran, la Coalición por una Comunicación Democrática – Buenos Aires se reunirá el próximo 11 de abril a las 14 horas en Alsina 1750, CABA.
Coalición por una Comunicación Democrática
