Por Darío Aranda

El referente wichí de Ingeniero Juárez, Agustín Santillán, fue detenido luego de reclamar por los derechos de su pueblo. Según la familia, los jueces y fiscales son presionados para procesar y condenar al dirigente indígena.

Agustín Santillán, referente wichí de Ingeniero Juárez (Formosa), siempre enumera los reclamos de su pueblo: territorio, salud, educación, trabajo y agua. Está preso desde el viernes y su familia denuncia que “le armaron causas” por exigir el cumplimiento de esos derechos. Pesan sobre él más de veinte causas judiciales y no cuenta con abogado defensor. “Lo persiguen por luchar. Lo quieren muerto”, denunció su esposa, Gabriela Torres.

Ingeniero Juárez está ubicado en el extremo oeste de Formosa, casi en el límite con Salta. Una de las localidades más pobres del norte y región ancestral del pueblo wichí. En las últimas décadas se aceleró el proceso de despojo territorial (por el avance agroganadero y petrolero), y las comunidades indígenas pasaron a engrosar los márgenes pobres de la ciudad.

Agustín Santillán era un joven docente bilingüe cuando, en 2007, comenzó a reclamar falta de escuelas, postas sanitarias, viviendas, trabajo y agua. Decenas de notas a los ministerios provinciales que nunca tuvieron respuesta. Sobrevinieron cortes de ruta y viajes a Buenos Aires para visibilizar las injusticias. Así se lo vio en el acampe Qopiwini (Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé) de Avenida de Mayo y 9 de Julio, y articuló luchas con otros referentes formoseños, como los qom Israel Alegre y Félix Díaz, y el pilagá Bártolo Fernández. Lo echaron de su trabajo en la escuela y comenzó a ser perseguido por el poder político provincial.

En 2014 fue entrevistado por Canal 13, en horario central, denunciando las escuelas rancho y la violación de derechos. El ataque posterior fue sistemático. La policía de Ingeniero Juárez comenzó a amenazarlo con cárcel y muerte. El intendente Cristino Vidal Mendoza se expidió públicamente en Facebook: “Para ser prócer hay que matar indios? Sí. Y sobre todo si se llama Agustín”.

El 24 de marzo de 2015, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la policía de Formosa reprimió a las comunidades wichí de Ingeniero Juárez (Santillán estaba al frente del reclamo). Exigían agua, salud y educación, al costado de la ruta 81 (no la estaban cortando), pero igual fueron reprimidos.

Con el cambio de gobierno nacional y la reelección de Gildo Insfrán, gobernador desde 1995), Santillán siguió con los reclamos. En 2016 formó parte de una manifestación por nombramientos irregulares de maestros indígenas (la provincia había designado a familiares de funcionarios y punteros políticos). Ante la falta de respuesta, ocuparon de manera pacífica la delegación zonal. Santillán estuvo preso 15 días.

La última década hubo un cambio drástico en las comunidades indígenas urbanas del oeste de Formosa: se hizo frecuente la presencia de alcohol y paco, sobre todo en los jóvenes. Y comenzaron a ser reclutados como grupos de choque de los partidos políticos. En diciembre de 2015 ganó la intendencia Rafael “Pachanga” Nacif. Por sólo cuatro puntos, dejó segundo a Cristino Mendoza (intendente durante doce años). Y comenzó un enfrentamiento entre ambos (aunque los dos están alineados con Insfrán). Se valen de los jóvenes de comunidades wichí como fuerza de choque.

Desde hace más de un mes, Juárez padece inundaciones. Las comunidades indígenas denunciaron la falta de ayuda estatal y los reclamos fueron en ascenso. En ese contexto, y con el ingrediente del alcohol, jóvenes robaron viviendas y saquearon un comercio.

En redes de WhatsApp comenzaron a circular audios (muchos de punteros del gildismo) pidiendo la detención de Santillán, aunque él no habría participado de los incidentes. El viernes la policía lo detuvo, lo golpeó y trasladó a Las Lomitas (a 160 kilómetros de su casa). “Agustín no estuvo en los disturbios. No son jóvenes que trabajan con él. Está todo armado. Lo apresaron porque no se calla ante los políticos”, lamentó su esposa, Gabriela Torres. Y cuestionó que el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) no le haya brindado asistencia legal.

Santillán no tiene abogado defensor (ante la imposibilidad de contratar un abogado de forma privada, el Estado debe proveer defensor público, pero aún no ha sucedido). Sólo se sabe que está golpeado.

Durante el fin de semana se replicaron los audios en WhatsApp que incitan a presionar a jueces y fiscales para condenar a Santillán. Y piden cárcel para todos los wichís, a los que acusan de los males de Formosa. También hubo campaña de trolls en Facebook y Twitter. Los wichís explican que esos mismos criollos son los que venden alcohol y droga en las comunidades indígenas.

Daniel Cabrera es abogado de Las Lomitas, parte de la Asociación Argentina de Abogados de Derecho Indígena (AADI). Es defensor de Santillán en una veintena de causas antiguas, todas por reclamar los derechos básicos de los pueblos indígenas. “Agustín cometió un pecado, mostrar y denunciar la realidad de Formosa, por eso está privado de su libertad”, afirmó Cabrera y precisó que el poder político y judicial inició siete nuevas causas contra Santillán. Las acusaciones son tan diversas como insólitas: intimidación pública, instigación a cometer delitos, asociación ilícita, robo en banda, amenazas, lesiones, agresión y usurpación. Está a cargo el juez Marcelo López Picabea.

La esposa de Santillán aún no pudo visitarlo porque teme ser detenida. “La policía le dijo a vecinos que van a encarcelar a toda la familia. Es injusto esto, sólo reclamamos nuestros derechos”, afirmó Gabriela Torres. Cabrera resumió: “Está todo armado como para que esté preso mucho tiempo. Quieren aleccionar a los que luchan”.