Por ANRed | En estos días
En Viedma entregaron un documento al Gobierno y legisladores. Pueblos originarios rechazan el nuevo Código de Tierras que abre las puertas a la megaminería.
La multitudinaria marcha de pueblos originarios, que se inició hace cuatro días, llegó a Viedma para manifestarse en contra del proyecto legislativo por el nuevo Código de Tierras. Ese proyecto elimina la figura de la propiedad como bien social, para darle apertura a la explotación minera, inmobiliaria y de capitales extranjeros.
Al grito de “la lucha sigue, el pueblo mapuche vive”, unas 300 personas que llegaron desde diversos puntos de la Provincia se congregaron en las puertas de la Casa de Gobierno, y se instalaron con ollas populares en plaza San Martín. Sus reclamos son claros: el cumplimiento de las leyes nacionales vigentes, la Constitución provincial, y los tratados internacionales para con las comunidades mapuches.
“Nunca se hizo conocer el Código de Tierras que se quiere sacar el Gobierno. Se pasa por arriba lo que dice la Constitución nacional, es decir la consulta libre, previa e informada a los pueblos originarios. Una cosa es que nos llamen para consensuar un proyecto y otra que nos llamen con uno ya hecho, eso es imponerlo”, aseguró Cristina Marín, representante de la Comunidad Lafkenche de Bariloche.
En una nota que los manifestantes entregaron a los tres poderes y también a los legisladores de los diferentes bloques legislativos aseguran que “el Estado ha avanzado con intervenciones inconsultas e inconstitucionales sobre nuestros territorios, tales como los cateos mineros que denunciamos. En este sentido es absolutamente legítimo peticionar por nuestros derechos para dar forma concreta a políticas públicas de reparación histórica”.
En su tramo final, la movilización fue acompañada por dirigentes de la CTA y por la Madre de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas.
Siguiendo con el estilo que la gestión de Weretilneck ha adoptado en los últimos meses, la Casa de Gobierno se encontraba vallada y todos los edificios públicos céntricos con custodia policial. Incluso, en la Legislatura personal de Seguridad se apostó en el sexto piso, donde el vicegobernador Pedro Pesatti tiene sus oficinas.
Foto: Mauricio Martín/Patagonia Fotopress
El proyecto propone un régimen de tierras fiscales “que responda a todas las formas de producción, ampliando las posibilidades y usos de la tierra, la que podrán destinarse a la producción agrícola, pastoril, forestal, energética, minera, turística, industrial, tecnológica, mixta, u otra”. Así, el modelo de coexistencia de la producción frutícola y el fracking puesto en marcha en el Alto Valle -sobre todo en la localidad de Allen-, se replicará en otros puntos de la Provincia.
Bajo el supuesto fin de alcanzar “la estabilidad económica, el progresivo bienestar, libertad y dignidad del hombre, el ordenamiento metódico y racional de las tierras fiscales provinciales, la integración y armónico desarrollo de la Provincia, en lo económico, político y social”, se estipula un cambio conceptual sobre el significado de la tierra, así como un ordenamiento de nomenclatura que divida el territorio según su posibilidad de explotación.
Si bien el proyecto menciona el concepto fundante de que “la tierra es para aquel que la trabaja”, establece una serie de condiciones que hará imposible para pequeños productores, crianceros, habitantes de esos territorios, competir contra iniciativas que propongan nuevas formas de producción, supuestamente más propicias para el amplio concepto de “desarrollo” de la Provincia.
