El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva destacó la huelga nacional como un ‘éxito total’ y una demostración de fuerza del movimiento sindical.
Según el líder y fundador del Partido de los Trabajadores (PT), el paro está ampliando la conciencia del pueblo brasileño en relación con los impactos de las reformas. «La gente decidió parar en protesta contra la supresión de derechos, contra la reforma laboral, la reforma de pensiones, el desempleo y los recortes salariales», declaró el viernes a la radio Red Brasil Actual.
El exmandatario (2003-2010) consideró que no se han cumplido las promesas de que la situación económica del país podría mejorar después de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. «Qué va a mejorar. Es una mentira. Destruir los derechos no mejora la vida de nadie», resaltó.
El viernes, el Gobierno del presidente Michel Temer vivió su primer paro nacional convocado por movimientos sociales de izquierda contra las propuestas gubernamentales de reformas laborales y de seguridad social.
Lula da Silvia puso de relieve que la alta participación en la huelga evidencia que «las personas decidieron parar contra la supresión de los derechos». Por su parte, el Gobierno de centroderecha de Temer afirmó que el paro había sido un fracaso.
Para el expresidente la paralización promovida por sindicatos y movimientos sociales de izquierda puede servir para presionar a los legisladores y que reconsideren sus decisiones.
Entre tanto, la expresidenta Rousseff indicó en un comunicado que «la lucha por días mejores para todos los brasileños está apenas comenzando. La ampliación de la democracia nos llevará a la victoria».
La expresidenta calificó de un «día histórico» que generó un «momento de esperanza y de resistencia».
Desde que asumió en agosto del año pasado el cargo, después de que el Senado destituyera a Rousseff por supuestas irregularidades administrativas en el área fiscal, el mandato de Temer ha estado marcado por críticas a sus medidas económicas y polémicas decisiones, como haber impulsado una enmienda constitucional que congela el gasto público durante 20 años.
El presidente brasileño y los principales miembros de su partido están además bajo investigación por sus nexos con varios casos de corrupción, entre ellos, recibir financiamiento ilegal de la empresa petrolera Petrobras.
