Por Darío Aranda

Una investigación de Greenpeace señaló que al menos treinta funcionarios y legisladores y empresas de transgénicos, que dominan el 60 por ciento del mercado mundial de semillas, están detrás del impulso a la nueva ley.

“Quien controla las semillas, controla la alimentación”, señala en el comienzo la reciente investigación de Greenpeace que denuncia el lobby empresario que impulsa una nueva ley de semillas y precisa que al menos treinta funcionarios tienen conflictos de intereses por sus vínculos con las compañías que serían beneficiadas con la ley. El estudio también denuncia el rol de ONG y fundaciones que se presentan como “apolíticas” y “científicas” pero son financiadas por las empresas dedicadas a productos transgénicos. Cuatro conglomerados dominan el 60 por ciento del mercado mundial de semillas: Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina, Dow-DuPont y BASF.

 La red de políticos interesados

“Ley de semillas: del campo al plato, el lobby de las empresas químicas” es el nombre de la investigación que detalla los intereses detrás del nuevo proyecto para modificar la legislación vigente. “Conflicto de intereses, ‘puertas giratorias’ (ayer en las empresas, hoy en el Gobierno, y viceversa), negocios compartidos y lobby son algunas de las situaciones que confirman que se trata de un proyecto de ley que sólo busca beneficiar a las grandes compañías”, denuncia Greenpeace.

Entre los funcionarios señalados con preocupación en el informe figuran Ricardo Buryaile (ministro de Agroindustria), Guillermo Bernaudo (jefe de Gabinete de Agroindustria), Ricardo Negri (secretario de Agricultura), Pablo Torello (diputado nacional), Beatriz “Pilu” Giraudo (coordinadora de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable), Ignacio Garciarena (director nacional de Agricultura), Gustavo Lopetegui (coordinador Económico de Jefatura de Gabinete), Martín Lema (director nacional de Biotecnología), Leonardo Sarquís (ministro de Agroindustria de Buenos Aires) y Gustavo Idígoras (ex Ministerio de Ciencia, actual Monsanto), entre otros. Todos ellos figuran con conflictos de intereses por pertenecer a espacios (como ONGs y empresas) que tienen vínculos con las compañías que impulsan la nueva ley de semillas.

En octubre, el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley que avanza en el Derecho de Propiedad Intelectual (DPI) sobre semillas, un paso más hacia el patentamiento de semillas, como si fueran un invento empresario, que limita el “uso propio” (guardar semillas de una cosecha y utilizarlas en la próxima siembra, una práctica tan antigua como la agricultura). El oficialismo intenta aprobarla este año. “La connivencia política entre los gobiernos y las grandes empresas, en particular del agronegocio, atenta contra la democracia y es un importante factor de destrucción de los ecosistemas”, alerta el informe.

Fundamental es el rol de organizaciones que se presentan como “apolíticas” o “científicas”, pero son parte fundamental del lobby empresario: Aapresid (Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa), Aacrea (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología), ASA (Asociación Semilleros Argentinos), Asacim (Asociación Argentina de Ciencia de las Malezas), Arpov (Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales), Casafe (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), ILSI (Instituto Internacional de Ciencias de la Vida), Fundación Barbechando. Todas ellas impulsan la nueva ley y tienen vínculos directos con las compañías de semillas y agroquímicos.

La investigación cuenta con un apartado que explicita el vínculo entre funcionarios y empresas. Una de las personas mencionadas es la funcionaria Beatriz “Pilu” Giraudo, hasta 2016 presidenta de Aapresid (impulsores del modelo transgénico), entidad que cuenta con financiamientos y auspicios de Monsanto-Bayer, Syngenta, Dow-Dupont y BASF. “Aapresid es una organización clave para camuflar el uso de agrotóxicos con un discurso ‘sustentable’”, denuncia Greenpeace. Giraudo asumió en el ministerio de Agroindustria un área que le crearon especialmente, desde donde impulsa beneficios para el agronegocios.

“Argenbio se presenta como un espacio científico, difunde las supuestas bondades del modelo transgénico. Ejercen lobby en el ámbito académico pero desde allí proponen políticas públicas de promoción del agronegocios. Sus fundadores y financiadores son Basf, Bayer, Bioceres, Dow, Monsanto, Nidera, Piooner y Syngenta”, señala el informe.

Greenpeace cuestiona los intentos de una ley que pretende limitar el uso libre de semillas, en beneficio de las grandes empresas. Al mismo tiempo, no se contempló ninguna de las solicitudes de agricultores familiares, campesinos, indígenas, académicos y universidades. “Se trata de un proyecto de ley de semillas que da más poder a empresas agroquímicas, y sólo puede traer más contaminación para los pueblos fumigados, más destrucción de bosques nativos y menos alimentos saludables”, explicó Franco Segesso, de Greenpeace.

Sobresale el rol de la Fundación Red de Acción Política (RAP), que tiene como objetivo fundacional “ocupar espacios de poder para transformar el país en función de valores y conductas compartidas”. Es apoyada por empresas de la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense (Amcham): Dow Chemical, Barrick Gold, Coca Cola, Luis Dreyfus, Los Grobo, Monsanto y el fondo NML Capital (presidido por Paul Singer).

La Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas, conformada por más de 50 organizaciones sociales, campesinas, ambientales y académicas, rechaza cualquier modificación a la Ley de Semillas vigente (20.247) y exige que los senadores y diputados detengan “las maniobras que benefician a los actores del agronegocio y legislen a favor de la salud, la vida y la alimentación de los argentinos”.