Por Fernando González (@FerNarso) y Gabriela Franchini (@gabyfranchini) para Notas Periodismo Popular
El “Tribunal Internacional contra Monsanto” concluyó este martes su simulacro de juicio en La Haya y consideró a la multinacional culpable por el delito de ecocidio, por contaminar el medioambiente, enfermar la salud de las personas, vulnerar los derechos de las personas a acceder a un medioambiente sano e impedir la libre investigación científica.
Aunque la decisión del tribunal no tiene validez legal, sin fiscales ni demandados, la recomendación será utilizada para promover la incorporación de la figura de ecocidio al Estatuto de Roma que rige a la Corte Penal Internacional de La Haya. Será así una fuente de derecho en cada instancia judicial relacionada con el tema.
Además el proceso dejó en evidencia el daño que produce el paquete tecnológico que sostiene el agronegocio (cultivos con semillas genéticamente modificadas funcionales a los herbicidas y otros venenos) y el deber de los Estados de garantizar el cumplimiento de la normativa existente en relación a garantizar el derecho fundamental de las personas a vivir en un medioambiente sano y a proteger su salud.
El evento sucedió el año pasado, entre el 14 y el 16 de octubre, en La Haya (Países Bajos). Diferentes colectivos de víctimas de agrotóxicos, médicos, investigadores, agricultores y abogados establecieron esta “iniciativa de la sociedad civil para que Monsanto se responsabilice por violaciones a derechos humanos, crímenes contra la humanidad y ecocidio”, como sostienen en su página web.
Un Tribunal compuesto por cinco jueces de renombre de diversas procedencias recogieron testimonios para “enjuiciar simbólicamente a la compañía estadounidense por crímenes contra la humanidad”. Se trata de la senegalesa Dior Fall Sow (primera mujer en ser nombrada procuradora general en dicho país), el mexicano Jorge Fernández Souza (magistrado del Tribunal en lo Contencioso Administrativo de México), la argentina Eleonora Lamm (subdirectora de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Mendoza), la belga Françoise Tulkens (ex jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos) y el canadiense Steven Shrybman. Otros dos abogados de sobrada trayectoria (Gwynn MacCarrick y Jackson Nyamuya Maogoto) oficiaron de amicus curiae (“amigos del tribunal”).
Durante los días en que se desarrolló la audiencia, se recogieron testimonios de diferentes latitudes y sectores sociales: participaron víctimas de agrotóxicos, abogados, médicos e investigadores de países tan distantes como Bangladesh, Sri Lanka, India, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Francia, México, Brasil, Argentina y Paraguay. Campesinos, y agricultores de esos mismos países pero también Burkina Faso, Dinamarca y Australia.
Entre los testigos de la delegación argentina se encontraba Maria Liz Robledo, habitante de la localidad Baigorrita, dentro del partido de General Viamonte, en el noroeste bonaerense. Su caso cobró tanta repercusión que la documentalista Marie Monique Robin lo ha seleccionado para sus documentales donde denuncia los impactos de los agrotóxicos en la población. Otro testimonio argentino de importancia es el del médico rosarino, Damián Verzeñassi (único médico latinoamericano convocado a atestiguar), quien compartió la información de los 27 campamentos sanitarios realizados desde el Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario en diferentes localidades afectadas por los agrotóxicos.
La resolución final del Tribunal, que se puede consultar en la página web del tribunal, se estructura en seis ejes:
1- Monsanto se ha involucrado en prácticas que han impactado de forma negativa el derecho a un medioambiente sano, debido a las fuertes repercusiones en la salud humana (especialmente en agricultores), suelos, plantas, organismos acuáticos, salud animal y biodiversidad
2- Monsanto se ha involucrado en prácticas que tienen un impacto negativo en el derecho a la alimentación, afectando la disponibilidad de alimentos para individuos y comunidades, e interfiriendo con la habilidad de los individuos y comunidades de alimentarse.
3- Monsanto se ha involucrado en prácticas negativas para el derecho a la salud, dado que el glifosato es considerado en algunos estudios como un “carcinógeno probable para humanos” por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
4- Monsanto afecta de forma negativa el derecho a la libertad para la investigación científica al intimidar, desacreditar investigaciones independientes. Al mismo tiempo existen reportes de investigación falsos y presión sobre gobiernos que están transgrediendo la libertad para la práctica científica.
5- Entre 1962 y 1973, Monsanto comercializó más de 70 millones de litros de Agente Naranja (conteniendo dioxina) para ser utilizado como defoliante en la guerra de Vietnam. Sin embargo “debido al estado actual de la legislación internacional y la ausencia de evidencia específica, el Tribunal no puede dar una respuesta definitiva” a la pregunta sobre la complicidad con crímenes de guerra por esta acción.
6- El Tribunal concluye que si el crimen de ecocidio fuera reconocido en la legislación penal internacional, las actividades de Monsanto posiblemente podrían enmarcarse en ese delito. Entre prácticas dañinas con el medio ambiente mencionadas en ese marco se encuentran la producción y suministro de herbicidas con base de glifosato a Colombia en el contexto de su plan para aplicación aérea en cultivos de coca; el uso a gran escala de agroquímicos peligrosos en la agricultura industrial; el diseño, producción, introducción y liberación de cultivos genéticamente modificados que generan dependencia con dichos insumos, entre otras.
La decisión del tribunal se siguió en vivo desde Buenos Aires en la sala “Arturo Illia” del Senado de la Nación, en una transmisión televisada por la Comisión de Ambiente. Al finalizar el encuentro Miryam Gorban, coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad de Buenos Aires (UBA), recordó a Andrés Carrasco, referente de la ciencia argentina “que con sus investigaciones no solo aportó al desarrollo de la ciencia, sino que aportó a la humanidad en defensa de la vida”.
“Ahora, nos cabe una responsabilidad mayor, necesitamos difundir y articular todas las luchas para que esto se convierta en un verdadero torrente que liquide para siempre la prepotencia de las corporaciones en nuestro país y en el mundo entero”, aseguró Gorban.
