Desde el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de Argentina hacemos responsables a los poderes del Estado de la provincia de Formosa de la vida del dirigente indígena Agustín Santillán, detenido por la policía formoseña días atrás, quienes lo golpearon salvajemente en la ciudad de Ingeniero Juárez. Junto a Santillán también fueron detenidos otros dos integrantes del pueblo Wichí, Roberto Frías y Juan José Grande, quien fue internado en el hospital Central de Formosa. Sin atenderlo ni operarlo, lo trasladaron a la alcaidía –en la misma celda que Santillán– con una bala aún alojada en su cuerpo.

Santillán, a quien le inventaron 28 causas judiciales, fue encarcelado primero en Ingeniero Juárez, en donde fue golpeado por los uniformados, quienes no sólo lo maltrataron sino que se burlaron del dirigente detenido y aplaudieron largo rato, expresando frases discriminatorias por su condición de indígena. Trasladado a la cárcel de la ciudad de Formosa, recién en ese lugar, el viernes 21 de abril, pudo ser visitado por familiares y por la comitiva del Consejo Consultivo Participativo de Pueblos Indígenas, encabezada por Félix Díaz, acompañado de la esposa de Santillán, los dirigentes indígenas Ariel Araujo y Luis Galván junto con abogados del organismo, quienes pudieron observar los golpes que Agustín presentaba en varias partes de su cuerpo y en el rostro, como así la debilidad física de Roberto Frías y la endeble salud de Juan José Grande, con una bala alojada en su cuerpo y muy dolorido.

El día domingo 23 de abril Santillán volvió a ser trasladado a la cárcel de Las Lomitas, lo cual genera enorme preocupación en sus familiares, compañeros y dirigentes de los pueblos indígenas.

En ese marco, denunciamos la manifiesta animosidad demostrada por el fiscal Diego González, el juez de Instrucción Marcelo López Picabea y el gobernador Gildo Insfrán, en el marco de una campaña feroz de odio racial en la provincia de Formosa en general y en la ciudad de Juárez en particular, en donde se observan constantes provocaciones de la policía contra los pobladores indígenas, en especial en los barrios Obrero, Viejo, Belgrano y 52 viviendas.

La resultante de esa situación de violencia institucional es tremendamente dolorosa: niños indígenas que no quieren ir más a la escuela por las diversas agresiones que sufren a diario; hombres amenazados que si salen de sus casas reciben de inmediato provocaciones de la policía que busca de inmediato detenerlos. Las mujeres no se animan ni a realizar las pocas compras que puedan hacer porque sufren las mismas provocaciones, que tienen como principales destinatarios a los jóvenes de esos barrios pobres y olvidados.

Durante su estadía por menos de un día en Juárez, la comitiva del Consejo Consultivo (que por razones de seguridad debió alojarse en Las Lomitas) fue permanentemente seguida por móviles policiales y uniformados antimotines que se desplazaban en vehículos especiales. Ese mismo despliegue es el que se repite a diario en los barrios pobres de las comunidades wichi de Juárez, en una verdadera cacería cotidiana no demasiado distante de las prácticas del terrorismo de Estado que nuestro pueblo conoció en trágicas épocas pasadas.

Reclamamos la urgente intervención del Gobierno nacional ante esta realidad acuciante que muestra el costado más cruel del poder autoritario de una gobernación provincial, la de Gildo Insfrán, que viola permanentemente los derechos humanos de las comunidades indígenas.

Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de Argentina.