El pasado sábado 1 de abril tuvo lugar en la sala central de las Cotxeres de Sants de Barcelona el acto organizado por la Marea Pensionista en conmemoración del cuarto aniversario de su constitución como plataforma en defensa de las pensiones públicas.
Ramon Franquesa: “La economía va muy bien para unos pocos porque va mal para la mayoría”
Entre los ponentes del acto, en primer lugar ha tomado la palabra el profesor de Economía de la UB Ramon Franquesa quien, después de referirse a algunos indicadores macroeconómicos utilizados por el gobierno para señalar la mejora de la situación económica, ha denunciado la existencia de otros indicadores económicos y sociales que muestran que la economía sólo va bien para una ínfima minoría a costa del empeoramiento del nivel de vida de la mayor parte de la sociedad: la inversión productiva pública (hospitales, carreteras…) se ha reducido a la mitad; se ha disparado el coste de bienes básicos como la electricidad; 476000 viviendas han sido desahuciadas en estos últimos años, afectando a alrededor de un millón y medio de personas que se han quedado sin casa mientras la SAREB (“banco malo”) posee 3’5 millones de viviendas vacías esperando venderlas a bajo coste a fondos buitre; tres personas acaparan la misma riqueza que el 30% de la población; el SMI español es la mitad del de Francia y un 33% de la población está en riesgo de exclusión; han aumentado el empleo y la productividad pero ha disminuido la masa salarial y por lo tanto el salario real…
En relación a las pensiones públicas, Franquesa ha denunciado la volatilización del fondo de pensiones mientras hay dinero para rescatar a la banca, las autopistas o para duplicar el gasto en defensa. El gasto en pensiones es 4 puntos inferior al de Francia, mientras las pensiones de más de la mitad de los 9’4 millones de perceptores se encuentran por debajo del índice de pobreza (654 euros), un 67% en el caso de las mujeres.
Franquesa ha denunciado que lo que se pretende es una desvalorización de las pensiones actuales haciéndolas crecer por debajo del IPC (el IPC ha aumentado un 3% el último año mientras las pensiones sólo lo han hecho un 0’25%), junto a una reducción generalizada de las futuras pensiones mediante la aplicación del llamado factor de sostenibilidad.
Después de denunciar que, de persistir la situación actual, buena parte de los jóvenes no tendrían derecho a una pensión, ha denunciado como una estafa la pensiones privadas: la rentabilidad de los fondos de pensiones gestionados por la banca es del 1’4% más comisiones, mientras la del sector público es del 5’4%. Por otra parte, los ejemplos de algunos países muestran la envergadura de la estafa: los poseedores de planes de pensiones privados los han visto reducidos en un 68% en EEUU, un 63% en Chile o un 10% en Holanda.
En relación a la edad de jubilación, Franquesa ha denunciado el objetivo de retrasarla en línea con lo expresado por la directora gerente del FMI cuando señaló que “los ancianos vivían demasiado y constituían un riesgo para la economía global”. Es decir, el propósito de las reformas de pensiones no es otro que reducirlas y forzar a trabajar a los jubilados. Frente a ello, Franquesa ha subrayado algunas de las salidas reales para el sostenimiento y mejora de las pensiones: la creación de empleo de calidad con salarios dignos, la lucha contra el fraude fiscal, el restablecimiento de las cotizaciones patronales…
Finalmente ha apelado a la unidad (con otros sectores en lucha como estibadores, taxistas, otras mareas…) frente a quienes pretenden arrebatarnos los derechos sociales, concluyendo que el primer paso ya está dado con la creación y extensión de las mareas y que con “unidad, inteligencia y transversalidad esta lucha la vamos a ganar”.
Imagenes de Esther Vázquez y Esperanza Fernández
Carolina Gala: “la discriminación de la mujer se da por factores laborales y sociales”
A continuación, la profesora de Derecho de la UAB Carolina Gala Durán ha abordado la situación de la mujer en relación a este derecho.
Después de constatar que la normativa de la Seguridad Social es neutra desde una perspectiva de género, ha señalado que la discriminación de la mujer se produce por una serie de factores.
En primer lugar, por la brecha salarial que hace que los asalariados masculinos cobren un 19’3% más por hora que las mujeres, y un 26’3% más si lo que se considera es el salario medio anual, situación que se produce en todos los niveles laborales. Con la crisis además la brecha salarial ha crecido, por ejemplo en el caso de Catalunya en un 25%.
Un segundo factor es el tipo de contratación, ya sea indefinida o temporal, o a tiempo completo o parcial, porque influye en la cotización: la mayoría de la contratación temporal y a tiempo parcial corresponde a la mujer sobre quien recae la principal responsabilidad en los cuidados familiares (hijos, ancianos…) lo que se agrava por la falta de servicios públicos adecuados. Y aunque por sentencias de la UE se ha acabado equiparando el tiempo mínimo de cotización de los contratos a tiempo parcial con los que son a tiempo completo para tener derecho a percibir una pensión (15 años), lo cierto es que las pensiones de estas mujeres serán las mínimas (actualmente 360 euros).
En tercer lugar, algunos sectores y trabajos feminizados como el servicio doméstico carecen de derecho a paro, la pensión es baja… Otro factor es la existencia de limitaciones a la promoción profesional de la mujer.
Finalmente, las medidas legales para la conciliación familiar son elocuentes. Por ejemplo: se tiene derecho a reducción de jornada por cuidado de hijo o hija hasta que cumpla 12 años, pero afectará a la cotización para la futura pensión salvo en los dos primeros años: significativamente sólo el 8% de estas reducciones de jornadas son realizadas por hombres. Algo parecido ocurre con las reducciones de jornadas por atención a la pareja o un familiar directo, o en las excedencias.
Gala se ha referido a continuación a la ley 23/2013 reguladora del factor de sostenibilidad, que se pondrá en marcha el 1 de enero de 2019 y supondrá una reducción general de todas las pensiones. Además se amplió el período de cómputo de 35 a 37 años para percibir el 100% de la pensión y la base reguladora pasó a calcularse sobre los últimos 25 años cotizados, y ya se habla de ampliarla a 40 en la próxima reforma.
Comparando la desigualdad entre hombres y mujeres en cifras ha señalado que la media de la pensión de Incapacidad Permanente es de 1011 euros el hombre por 840 la mujer; 1400 por 987 en las de régimen general, y 521 por 766 en las de viudedad (por la desigual cotización entre hombre y mujer). Los hombres se jubilan también un año antes (63 por 64).
Héctor Illueca: “El estado debe financiar la Seguridad Social con impuestos por ser un derecho constitucional”
El último ponente en intervenir ha sido Héctor Illueca, doctor en derecho e Inspector de trabajo y Seguridad Social, quien en un tono muy didáctico ha recordado que en el Estado Español el sistema público de pensiones es de reparto, financiado principalmente con las aportaciones de empresarios y trabajadores, además de con impuestos del Estado. Las cotizaciones son proporcionales a los salarios, tanto las de la empresa como las del trabajador, con un techo de cotización de la cuota obrera de 3642 euros. Se calcula que por esta vía 24.000 millones de euros de las rentas más altas que superan ese tope no cotizan (y se dejan de recaudar 7000 millones). La cuota patronal es proporcional a los salarios de la empresa: se paga por trabajadores no por beneficios, lo que favorece a muchas empresas con poco personal y grandes ganancias.
En el Pacto de Toledo de 1996 se estableció la separación de las fuentes de financiación: las pensiones contributivas a cargo de la Seguridad Social y las no contributivas, del Estado. Se estableció también la constitución de un Fondo de Reserva para cubrir la caída de los ingresos por cotizaciones en períodos de crisis.
Sin embargo, con la crisis la caída de los ingresos fue superior a la prevista por varios motivos. El principal, la políticas de reforma laboral aplicadas por el PSOE y por el PP que han supuesto una devaluación de los salarios sin precedentes, destruyendo el poder negociador de los trabajadores a través de la desregulación de la negociación colectiva y del abaratamiento del despido. Ello ha llevado a una caída del Fondo de Reserva desde los 66.000 millones de 2013 a los 15.000 que ya sólo quedaban en 2016, mientras que la previsión de un nuevo déficit de 19.000 millones para 2017 agotará la “hucha de las pensiones” y podría poner en peligro el pago de las pensiones en diciembre.
Sin embargo, ha señalado Illueca, el debate no es sobre si es o no sostenible el sistema de pensiones, puesto que la constitución establece el derecho de toda la ciudadanía a una pensión actualizada y suficiente. La cuestión es cómo el Estado garantiza este derecho constitucional.
A ese respecto Illueca ha ilustrado el problema con cifras: mientras en el Estado Español el gasto en pensiones es del 10% del PIB, la media en la UE es del 12%, y del 11% en la zona euro. Ha añadido, además, que las previsiones que hace el propio gobierno es que en el 2030 alcance el 10’6% del PIB, que es lo mismo que se gasta hoy en pensiones en Alemania, y que en 2050 alcance el 14%, cantidad que Francia, Italia o Austria ya gastan en pensiones ahora. Y para completar las cifras ha señalado que el 20% de las pensiones contributivas y la totalidad de las no contributivas se sitúan por debajo del umbral de pobreza, un 70% de las pensiones son inferiores a 1200 euros mensuales y el 50% no alcanzan los 500 euros.
La conclusión de su análisis es que esta situación se da por el gran poder de la banca y las aseguradoras sobre una clase política corrupta que “vende a trozos el país”.
Como alternativas, Illueca ha propuesto varias medidas para incrementar la recaudación en lugar de actuar sobre el gasto como hasta ahora. Entre ellas, aumentar las cotizaciones sociales un 2% con carácter general extraordinario, eliminar los 1800 millones de bonificación de las cotizaciones empresariales, suprimir los topes de cotización para recaudar 7000 millones más y, en todo caso, que el Estado financie la Seguridad Social con impuestos por tratarse de un derecho constitucional.
Illueca ha concluido su intervención situando el ataque a las pensiones como parte de la expropiación de los salarios de los trabajadores por parte de la oligarquía económica, dado que las pensiones no son otra cosa que salario diferido, y ha reclamado trabajo decente para los jóvenes y trabajadores activos y pensiones dignas en el marco de un nuevo acuerdo constituyente.
Video de Esther Vázquez y Javier Belda
Unidad y movilización: Intervienen los estibadores, los estudiantes, los trabajadores de AENA, los taxistas…
Entre lemas de los asistentes coreando que “esta batalla la vamos a ganar”, se ha dado paso a la intervención de un representante de los estibadores de Barcelona en lucha, que ha dado lectura a un comunicado de apoyo y ha llamado a la alianza de los pensionistas con el resto de la clase trabajadora, exigiendo la derogación de las reformas de las pensiones, su actualización con el IPC y la recuperación del poder adquisitivo perdido. Finalmente ha anunciado la presentación la semana próxima de CICLO, una Coordinadora de sindicatos y colectivos por las luchas obreras, concluyendo su intervención entre apoyos de “Ni un paso atrás”, “La lucha sigue, cueste lo que cueste”.
A continuación han intervenido dos estudiantes en representación de la Assemblea oberta de Mundet, quienes han señalado que la lucha por pensiones públicas dignas también es de los estudiantes, como la educación lo es de los pensionistas, y que el objetivo común es la movilización contra las políticas de la Troika, el TTIP y el gobierno para revertir las privatizaciones y por pensiones y salarios dignos.
Un portavoz de los trabajadores de AENA del lote 22 ha explicado la lucha del colectivo contra el objetivo del ministro de la Serna de liquidar sus condiciones de trabajo actuales a través de sacar a concurso el servicio del aeropuerto fragmentándolo en distintos lotes, lo que llevaría a una bajada de salarios, posibles EREs… apelando a la unidad de las movilizaciones contra un sistema que nos empobrece a todos.
Por su parte, un representante del colectivo de taxistas ha saludado la lucha de la marea pensionista como un espejo para todos, ha criticado las políticas ultraneoliberales contra las clases populares y ha defendido la unidad de los colectivos y plataformas en lucha. Durante su intervención un asistente de edad avanzada le ha interrumpido afirmando que él también era taxista y votante del PP. Finalmente y entre el abucheo de buena parte de los activistas presentes, se le ha invitado a salir del recinto sin mayores problemas.
Por último, una joven representante de la Coordinadora de estudiantes de Sabadell ha recordado la reciente constitución de la marea pensionista de Sabadell y Cerdanyola, ha llamado a las mujeres y a la juventud a ponerse a la cabeza de la lucha, ha defendido la organización y la movilización para conseguir los objetivos y ha recordado, entre aplausos y gritos de unidad, la importancia de la jornada de lucha del 27 de mayo convocada por las Marchas de la Dignidad para hacer frente unitariamente a las políticas de la troika y el gobierno.
Domiciano Sandoval: “Reforzar las mareas y la Marcha de la Dignidad del 27 de mayo”
Después de la lectura de un comunicado de apoyo de la Marea de Mareas, ha intervenido Domiciano Sandoval, en nombre de la Marea Pensionista.
Sandoval ha recordado la actividad desarrollada por el movimiento en sus cuatro años de existencia y ha subrayado que la marea pensionista no incumbe únicamente a los derechos de los actuales pensionistas sino que también mira por los derechos de los hijos y nietos, por lo que se deben unir los pensionistas actuales con los que lo serán en el futuro, los estudiantes y trabajadores activos o en paro, en un movimiento de solidaridad de ida y vuelta.
Después de denunciar el boicot al movimiento por parte de los principales medios de comunicación, ha reivindicado la potencia de un movimiento que se ha ido extendiendo por toda Catalunya, un objetivo que se va logrando gracias a la iniciativa, las ideas y el trabajo de unos activistas curtidos que no van a permitir que se les arrebaten derechos.
En relación a la situación actual, ha recordado que la política de liquidar las pensiones públicas fue planificada hace más de 30 años y que actualmente el Pacto de Toledo está reunido para abordar la tercera reforma en 5 años.
En ese contexto, Sandoval ha planteado que hasta junio la tarea del movimiento es organizar y participar en varias movilizaciones potentes. Entre ellas, en la manifestación unitaria del Primero de mayo que debe marcar distancias de las organizaciones cómplices de la situación actual por acción u omisión, en alusión implícita a CCOO y UGT. Por otra parte, el 18 de mayo las mareas promoverán en los principales ayuntamientos pronunciamientos favorables a sus reivindicaciones, así como en los parlamentos autonómicos. Finalmente, ha señalado que la movilización del 27 de mayo de la Marcha de la Dignidad adquiere una gran importancia por su carácter unitario y estatal y porque tiene como eje principal precisamente la defensa de las pensiones públicas.
Sobre las demandas judiciales presentadas, Sandoval ha indicado que se pretende llegar hasta el Tribunal constitucional y al de Estrasburgo, aunque la principal herramienta de lucha es la lucha de clases, la movilización en la calle, por lo que hay que extender las mareas a cada barrio, pueblo o ciudad.
Tras la intervención del portavoz de la Coordinadora, los iaioflautes han subido al escenario para cantar a coro varias canciones de denuncia entre el aplauso general.
Acción simbólica en la Plaça de Sants contra Rajoy, Báñez, Toxo y Álvarez
El acto conmemorativo ha finalizado con una acción simbólica en la Plaça de Sants en el que varios jubilados han quemado la hiriente carta recibida del ministerio de Trabajo comunicándoles el humillante aumento del 0’25% en sus pensiones en 2o17, para concluir con el vuelo a los cielos de 4 globos simbolizando a Rajoy, Báñez, Toxo y Álvarez como personificación de los responsables del actual estado de las pensiones públicas y de los regresivos planes futuros.
