Por Sin Fin/Memoria Abierta
«De las 4449 leyes vigentes, 417 fueron pensadas, escritas y aprobadas durante la última dictadura cívico militar. Es decir que casi una de cada diez normas que hoy regulan nuestra sociedad fue creada durante el gobierno de facto más sangriento de la historia argentina y carga con el espíritu de aquella época.»
Así presenta el colectivo de periodistas Sin Fin su primer investigación, realizada conjuntamente con Memoria Abierta y apoyo financiero de Bertha Foundation.
El trabajo permite acceder a todas las leyes de la dictadura todavía vigentes, analizando algunas particularmente. Compartimos a continuación parte breve de esta excelente producción, íntegramente disponible en www.leyesdeladictadura.com
Las leyes de la última dictadura regulan muchos aspectos de nuestra vida cotidiana: desde el funcionamiento de los bancos y la relación del Estado con la Iglesia, hasta el régimen de tiendas libres de impuestos en aeropuertos (free-shop), pasando por la estructura judicial y aduanera. En Sin Fin identificamos esas leyes y las hicimos accesibles para fomentar el debate sobre la necesidad de que la democracia genere una nueva legislación acorde a los estándares de respeto a los derechos humanos, sociales, culturales y económicos. (…) Elegimos tres normas del gobierno de facto para mostrar sus efectos concretos en el presente: el régimen penal juvenil, la ley para el personal de la policía y la ley de entidades financieras.
Ley 22.278, Régimen penal juvenil
Según datos del Relevamiento Nacional sobre Adolescentes en Conflicto con la Ley publicado por Unicef, en 2015 había 1.305 adolescentes de hasta 17 años en establecimientos de privación de libertad, contradiciendo los estándares de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
La ley 22.278, que rige sobre los menores en conflicto con la ley a nivel nacional, fue sancionada en 1980. Su permanencia en democracia habilitó condenas perpetuas a jóvenes y le costó al país una sanción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Permite penar a adolescentes como si fueran adultos y encerrar a chicos y chicas por debajo de la edad de imputabilidad en institutos con regímenes carcelarios.
Determina la edad de punibilidad y otorga a los jueces la posibilidad de disponer tutelarmente de los menores y de dictar penas equivalentes a las de los adultos, contrariando el derecho internacional vinculado a los adolescentes. Desde la recuperación de la democracia, la necesidad de revisar y discutir este artefacto jurídico que regula las vidas de los menores que cometen delitos se topó con una dificultad extra: cada vez que el tema se puso sobre la mesa, lo hizo junto a sendos intentos por bajar la edad de imputabilidad.
Ley 21.965, Personal de la Policía Federal
Entre 2004 y 2014, 580 personas fueron asesinadas por un policía que no estaba en funciones en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. En ese mismo período y distrito, 279 efectivos policiales fallecieron al intervenir en presuntos hechos delictivos mientras estaban fuera de servicio.
La Ley Para el Personal de la Policía lleva la firma del Teniente General Jorge Rafael Videla y del ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz. Al igual que la Ley Orgánica de la Policía (sancionada por la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu en 1958), sufrió algunas modificaciones en democracia pero sigue vigente. Sus textos definen una institución vertical y autoritaria que, entre otras distorsiones: impide denunciar ilícitos por fuera de su estructura avalando circuitos de financiamiento ilegal y permite que sus funcionarios lleven arma fuera de servicio, lo que origina tres de cada cuatro muertes producidas durante una intervención policial.
Ley 21.526, Entidades financieras
En 1977, el Banco Central contabilizaba 725 entidades financieras entre bancos privados, públicos, cooperativos, cajas de crédito y compañías financieras. 40 años después, la cantidad se redujo en un 89 por ciento: tan sólo 78 entidades financieras permanecen funcionando.
La Ley 21.526 de Entidades Financieras fue la punta de lanza de la última dictadura para hacer un cambio total en el sistema económico y financiero argentino. Junto a la descentralización de los depósitos y la liberalización de las tasas de interés, la ley 21.526 desreguló el sector, que pasó a buscar sin límites el rédito económico para dejar de fomentar la actividad productiva. A lo largo de 40 años construyó un sistema financiero concentrado, extranjerizado y privatizado.
Con 40 años de historia, la ley no perdió actualidad y continúa regulando nuestra economía.
