Por RBA, Rede Brasil Atual / Traducción Pressenza
La Corte Interamericana de Derechos Humanos anuncia visita de jueces al país y designa audiencia pública para tratar el tema en mayo, en Costa Rica, con representantes del gobierno brasilero.
San Pablo. La CIDH emitió de forma inédita una resolución que reclama del gobierno brasilero explicaciones sobre violencia y superpoblación en el sistema carcelario del país. Los esclarecimientos deberán hacerse hasta el 31 de marzo. La Corte enviará una delegación al Brasil para observar la situación de las cárceles y las unidades de medidas socioeducativas. Los datos relevados se presentarán en una audiencia pública en Costa Rica en mayo, con presencia del gobierno brasilero.
El documento se basa en cuatro casos brasileros que tramitan actualmente en la Corte: El Complejo Penitenciario de Curado, en Pernambuco; el Complejo Penitenciario de Pedrinhas, en Maranhão; el Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, en Río de Janeiro y la Unidad de Internación Socioeducativa (UNIS), en Espíritu Santo. A pesar de tener como punto de análisis las cuatro unidades, miembros del tribunal afirman que las violaciones de derechos en las prisiones brasileras son “un problema estructural de ámbito nacional del sistema penitenciario”.
En el texto la Corte exige del Brasil que indique qué medidas concretas viene adoptando para reducir la población carcelaria y el número de presos provisorios en el país, además de cómo enfrenta a las bandas criminales instaladas en las unidades carcelarias, si controla las rebeliones de forma no violenta y lo que hace para prevenir la entrada de armas y drogas en las prisiones.
El órgano solicitó también informaciones actualizadas e inéditas sobre 52 puntos relacionados al sistema carcelario, entre ellos el número de muertes intencionales y no intencionales en los últimos cinco años en los presidios, el número de médicos y equipos de salud que trabajan en las unidades y el número de denuncias de malos tratos y torturas en los últimos cinco años.
“El reconocimiento de la Corte de que el problema es estructural y resultado de una política equivocada basada en el encarcelamiento masivo, y no de una supuesta crisis, es visto como una victoria para organizaciones y movimientos que luchan por la garantía de derechos humanos de las personas privadas de libertad en el Brasil”, dice la organización Justicia Social, en nota.
En la resolución, la Corte recuerda que recibe desde hace años informaciones que dejan claro que el sistema carcelario brasilero “no sólo tornaría impracticables los padrones mínimos indicados por la comunidad internacional para el tratamiento de personas privadas de libertad, sino que configurarían posibles penas crueles, inhumanas y degradantes, violatorias de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
La resolución entiende asimismo que el sistema socioeducativo que mantiene en custodia adolescentes en conflicto con la ley, también debe ser analizado dentro del contexto de los presidios brasileros, ya que existen denuncias de malos tratos, torturas y superpoblación en esas unidades.
