Por Nicolás Boeglin (*)
A un año de conmemorarse la muerte de la líder indígena hondureña Berta Cáceres, las ONG hondureñas e internacionales reclaman que se haga justicia y que se ponga fin a la impunidad rampante que rodea este asesinato (véase nota de prensa).
Al momento, los órganos de la justicia hondureña han enfocado sus labores en identificar a los autores materiales del asesinato, sin interesarse mayormente por los comanditarios de esta violenta acción en contra de esta renombrada líder ecologista. Medios de prensa, en mayo del 2016, señalaban como co-responsables a la cúpula empresarial y militar hondureña (véase artículo del Semanario Universidad). Por su parte la ONG GlobalWitness ha publicado un revelador informe sobre la alarmante situación de los defensores de derechos humanos en Honduras.
A raíz de la actitud de las autoridades hondureñas, en mayo del 2016 el banco holandés FMO optó por suspender sus aportes en capital al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, así como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) (véase nota de prensa). En setiembre del 2016, se informó del robo del expediente sobre este asesinato (véase nota de prensa).
Notemos que en una entrevista a las dos hijas de Berta Cáceres editada en junio del 2016 (véase nota de La Nación), se puede leer que: «La presencia policial constante ha garantizado el desarrollo de estos proyectos, del Ejército de Honduras, de las fuerzas especializadas del Ejército de Honduras, creadas especialmente para las regiones en conflicto, que son las regiones donde quieren instalar proyectos hidroeléctricos, mineros y monocultivos»
La obligación de investigar debidamente y de sancionar a todos los responsables de este y muchos otros casos contra líderes indígenas, ecologistas y defensores de los derechos humanos hondureños deriva de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En el año 1994, la muerte de la líder ecologista Blanca Jeannette Kawas Fernández dio lugar a una demanda contra Honduras que culminó en el 2009 con una histórica sentencia (véase texto completo) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el párrafo 190 se lee que:
«190. El Tribunal reitera que el Estado está obligado a combatir esta situación de impunidad por todos los medios legales disponibles, ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas, quienes tienen derecho a conocer la verdad de los hechos. El reconocimiento y el ejercicio del derecho a la verdad en una situación concreta constituyen un medio de reparación. Por tanto, en el presente caso, el derecho a conocer la verdad da lugar a una justa expectativa de las víctimas, que el Estado debe satisfacer225. La obligación de garantía del artículo 1.1 de la Convención Americana implica el deber de los Estados Partes en la Convención de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos«.
En momentos en que los líderes ecologistas de América Latina sufren diversos tipos de amenazas e intimidación, causándoles la muerte en varios casos, y en los que se asiste, como por ejemplo en Costa Rica, a una verdadera regresión por parte del mismo juez constitucional en materia de participación ciudadana en temas ambientales (véase nota del Semanario Universidad), esta conmemoración ha adquirido dimensiones que interpelan al movimiento ecologista como tal.
Al recordarse en el 2016 en Costa Rica tres años de la muerte de Jairo Mora, son varios los pendientes que se mantienen en Costa Rica (véase nota de este mismo sitio). El caso de los cuatro integrantes de AECO, de los cuales tres fueron encontrados calcinados en diciembre de 1994 en una casa de habitación en San José y uno fallecido en julio de 1995 en un parque público de la capital costarricense, constituye otro ejemplo de investigaciones que se archivan ante la extraña inoperancia de los órganos estatales (véase artículo editado en el 2014 para conmemorar los 20 años de estas cuatro muertes).
Diversas ONG han convocado a marchas y protestas frente a las legaciones diplomáticas de Honduras en las capitales de Centroamérica, así como en Canadá y en varias capitales europeas, en señal de solidaridad con los familiares y los compañeros de lucha de Berta Cáceres, y, más generalmente en señal de protesta e indignación por la impunidad que prevalece cada vez que un líder comunitario o un ecologista son asesinados.
(*) Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR
