A la comunidad guaraní Happo Puau (Raíces Nuevas) de Embarcación, Salta, le tocó protagonizar la semana pasada el conflicto permanente de los pueblos originarios por el avance sistemático sobre sus tierras. Mientras reclamaban por la libertad de César Arias, un integrante de su comunidad detenido a fines de enero, fueron reprimidos mientras cortaban un carril de la Ruta Nacional 34. Finalmente, Arias fue liberado en la madrugada del 10, pero el conflicto por la tierra no culminó, aunque pocos medios lo difundan.
«Hace diez días está preso nuestro hermano César Arias. Estamos pidiendo su libertad, ya que la justicia, el gobernador, el intendente están en nuestra contra por ser originarios. El miércoles la comunidad a la que él pertenece decidió cortar media calzada de la ruta nacional 34. En 5′ empezó a llegar la policía, quizás más de cien, y empezó a reprimir. A un periodista de Orán que estaba filmando los hechos se lo llevaron, le borraron el material. Hubo cinco detenidos: dos hijos del cacique (Luis Situe), una hija de Arias y un chico de 15 años. Estuvieron cuatro horas y media incomunicados». Así comenzó el relato Evelina Veliz, integrante de la Comunidad wichí Matadero, que rápidamente se solidarizó con sus hermanos guaraníes.
—¿Golpearon a los chicos?
—Sí. La hija de Arias tiene el cuerpo golpeado. A Aníbal Correa, de 16 años, lo subieron a la fuerza al móvil golpeándolo. Tenemos material de eso, no pueden decir que no es así.
—El motivo del conflicto tiene que ver con la tierra.
—La lucha empieza porque el hermano César Arias empezó a pelear con el terrateniente Huberto Bourlon de Rouvre. Nosotros tenemos sembradíos, cultivamos verduras para sobrevivir con la familia. Huberto Bourlon va al territorio cuando quiere, a la hora que quiere, y nos destroza las chacras, machetea. Una vez echó veneno para matar a las plantas. Encima, fue con policías, custodiándolo. Él se burla de nosotros, dice que no valemos nada, que los pueblos originarios no existimos, que nunca hemos existido. La Ley 26.160 nos ampara.
Arias (en el centro) al llegar al acampe ayer (10) por la mañana. Foto La Retaguardia
Bourlon de Rouvre sostiene que compró la Finca Tres Lomas en 1971. Claro que en estos casos suele haber pequeños detalles no resueltos, que en general son comunidades originarias que habitan esas tierras desde hace tantos años que muchas veces es difícil saberlo. El terrateniente se presenta ante la AFIP con la actividad principal «Cultivo de soja» y desencadenó este último episodio en la disputa por la tenencia de la tierra el 15 de octubre, al colocar un portón con candado en el camino. Al día siguiente, la comunidad acampó frente al portón en señal de protesta.
Según pudo reconstruir La Retaguardia, el tono de la discusión se elevó y el del empresario Bourlon, además de hacer honor a su nombre, también se convirtió en amenazante para quienes acampaban, que lo denunciaron; a la vez el empresario denunció a integrantes de la comunidad por usurpación. En enero de este año César Arias acudió a la justicia para acusar a Bourlon de envenenar los sembradíos de maiz y unas semanas después ambos discutieron ante la presencia policial, que no tardó en ir a buscar a Arias para detenerlo el 30 de enero. Allí comenzaron las protestas, apareció la represión, que incluyó la detención de menores y finalmente, la liberación de Arias, ocurrida esta madrugada.
Si bien parece cerrado el capítulo de la historia, el nudo central es la disputa por la posesión de la tierra. El gobierno de Urtubey parece tener posición tomada, ya que incluso iniciaron un pedido de juicio político contra la fiscal Lorena Martínez por no haber actuado en favor del empresario.
En la reforma constitucional de 1994, en el inciso 75 del artículo 17, se estableció: «Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones». Sin embargo, es el propio Estado el que hace lo posible para no cumplirlo.
