«Discriminatorio, excesivo, arbitrario e injusto», así como una forma de castigo colectivo. Con estas enérgicas palabras el Juez del Tribunal Supremo en Kenia, JM Mativo, rechazó, el 9 de febrero, el decreto por medio del cual el gobierno de Nairobi quería cerrar el campo de refugiados de Dadaab, el más grande del mundo, donde en la actualidad se encuentran más de 260.000 refugiados somalíes.
La sentencia del Tribunal Supremo había sido solicitada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de Kituo Cha Sheria, dos ONG de Kenia que recibían el apoyo de Amnistía Internacional.
La sentencia también recuerda la obligación de derecho constitucional e internacional de Kenia para proteger a las personas que buscan protección contra la persecución.
