El domingo 19 de febrero de 2017 es un día muy importante, no solamente para Ecuador y sus habitantes, sino para todos los que poblamos la América Latina y el Caribe.

Esta jornada electoral es fundamental no sólo por las consecuencias que podría tener para el pueblo ecuatoriano en temas de política interna, sino por lo que podría significar para toda la región una eventual modificación de los parámetros que han hecho de Ecuador un país que ha dado un fuerte impulso a la unidad entre las naciones de NuestrAmérica. No es casual que la sede central de uno de los proyectos más ambiciosos en la historia de la integración, la Unasur, en la que concurren los 12 países de Sudamérica, esté en Quito.

Tampoco es menor el haber ejercido hasta Enero de este año la presidencia pro témpore de la CELAC, u ostentar la actual presidencia del grupo más grande de países en las Naciones Unidas, el G77+China. Todos estos son claros indicadores de la orientación soberanista que ha tenido el gobierno de Correa. No menor en este sentido ha sido el cierre de la base norteamericana en Manta, un acto valiente y coherente con la constitución aprobada en Montecristi, Manabí, en el año 2008.

Los candidatos presidenciales han sido explícitos al referirse a sus intenciones en cuanto a la política exterior. Mientras el candidato del oficialismo ofrece una perspectiva de continuidad en la postura soberanista, una diplomacia orientada al multilateralismo activo, la cooperación Sur-Sur y la integración regional emancipadora encarnada en organismos como la UNASUR o la CELAC, los candidatos opositores han señalado un giro estructural en la política internacional y regional, expresando iniciativas tales como cerrar la sede de la UNASUR, salir del ALBA y adherir a la Alianza del Pacífico.

Incluso uno de los candidatos manifestó su deseo de expulsar a Julian Assange de la Embajada de Ecuador en Londres y entregarlo, postura totalmente contraria a la política de asilo humanitario y de defensa de los DDHH esgrimida anteriormente.

La relevancia de esta elección se comprende aún mejor si se toma en cuenta el mapa regional. Los gobiernos de Argentina y el gobierno ilegítimo de Temer en Brasil, junto al gobierno derechista de Paraguay, han forzado con argumentación ficticia y ante la pasividad cómplice del gobierno uruguayo la suspensión de Venezuela del Mercosur en un verdadero golpe institucional y pretenden ahora alinear a este bloque con la Alianza del Pacífico, constituida por los gobiernos neoliberales de Perú, México, Chile y Colombia.

Dichas maniobras cuentan con el visto bueno de los EEUU, quienes quieren reflotar la OEA, como mecanismo al servicio de EEUU en un intento de quitarle impulso a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en la que confluyen todos los 33 países de América Latina y el Caribe, excluyendo explícitamente a EEUU y Canadá.

Una derrota del oficialismo significaría restar a Ecuador del bloque progresista, luego de haber derrocado mediante golpes al gobierno de Zelaya en Honduras, de Lugo en Paraguay, de Dilma Rousseff en Brasil, mediante un proceso con enorme influencia mediática, cargados de denuncias no probadas y promesas que luego se develaron como mentiras de campaña, como lo ha probado el caso argentino.

Justamente la similitud observada en los últimos procesos electorales de la región, habla de una suerte de intereses transnacionales que han apuntado a derribar todo intento de avance popular y de autonomía política regional de alineamientos extranjeros.

En todas esas campañas, los conglomerados mediáticos de la prensa privada, han sido actores políticos de oposición, abandonando toda ética periodística, tomando abiertamente partido por posturas ultracapitalistas e intentando socavar diariamente con editoriales y denuncias de todo tipo las medidas de los gobiernos progresistas. Todo lo anterior se ha observado claramente en la campaña electoral en Ecuador.

Esta es una elección clave para el equilibrio regional. En ella se se está arriesgando volver a los regímenes plutocráticos, de farsa democrática, donde al pueblo solo le quedaba consentir la desigualdad, la exclusión y la proscripción de propuestas políticas alternativas al bipartidismo de la oligarquía.

Por ello la cobertura mediática en otros lugares es la misma. En el grupo Clarín se relativizan las encuestas y no hablan de los diez años de gobierno y mucho menos del caos anterior, sino que señalan apenas la coyuntura difícil, producto de los bajos precios de las materias primas. El periódico O Globo de Brasil habla de “la pesada herencia”, mismo argumento en el que se escuda día y noche el discurso oficial del gobierno argentino para justificar el estancamiento económico y el retroceso social producidos en apenas un año de gobierno.

Justamente por la difícil situación que atraviesan las poblaciones es que los latinoamericanos, salvo los conjuntos más organizados y atentos a lo que sucede en la Patria Grande, permanecen distantes de esta importante cita. Suficiente tienen con lidiar con la baja de salarios reales, la quita de subsidios a los servicios básicos, los recortes en salud y educación, la emergente ola de xenofobia y la violencia, que, lejos de menguar, se acrecienta alimentada por la desigualdad y la exclusión.

Esperamos que el pueblo ecuatoriano decida sabiamente en esta elección, poniendo en la balanza el peso que este hito tiene para la soberanía y la integración de nuestros pueblos.