Texto y fotos de Kevin Sanabria Prado

Candidatas de tres movimientos políticos para la Asamblea Nacional presentaron sus propuestas y perspectivas sobre la agenda de las mujeres este 1 de febrero en la Universidad Andina Simon Bolívar. El evento Género y Política contó con la presencia de Pachakutik, Izquierda Democrática y Unidad Popular.

El mes de febrero, mes electoral en Ecuador, comenzó en Quito con el foro organizado por el área de Letras y Estudios Culturales y el área de Salud de la Universidad Andina Simon Bolívar junto con el colectivo Vivas Nos Queremos y la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES). Los principales puntos tratados estuvieron alrededor del Plan Familia, programa gubernamental en torno a derechos sexuales y reproductivos, aborto y violencia de género. En el encuentro estuvieron presentes Silvia Buendía de Pachakutik, Rossana Palacios de Unidad Popular y Margarita Carranco de Izquierda Democrática.

La representante de Pachakutik, Silvia Buendía, mencionó que “el punto es luchar por la reivindicación de derechos”. Aclaró que su bandera de lucha es el aborto; “estamos a favor de que cada mujer tome la decisión sobre un tema que le compete a ella” mencionó. El aborto debe ser tratado como un asunto de salud pública y de interés de los miembros de la Asamblea Nacional.

Margarita Carranco, por su parte, enfatizó la propuesta de Ley Orgánica Integral contra las violencias que ha venido trabajando con la Coalición de Mujeres. Dice que su movimiento está interesado en crear un sistema de protección integral que incluya prevención, protección inmediata, reparación de derechos, control social y sanción por contravención o por delito. Mencionó que defenderá la soberanía del cuerpo y propone derogar el Plan Familia y recuperar el ENIPLA (Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del embarazo en adolescentes), propuesta de política anterior al Plan Familia.

El tema del feminicidio como categoría para reemplazar el femicidio estuvo en el debate. Es necesario entender que el femicidio es la tipificación de la violencia de género hacia las mujeres pero no se puede olvidar que el Estado también tiene responsabilidad en estos crímenes. “El odio hacia las mujeres es institucional” mencionó Buendía.

La representante de Unidad Popular, Rossana Palacios, enfocó su participación alrededor de la educación. Propone reformar la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), para garantizar una relación favorable de los maestros con toda la comunidad educativa, especialmente en temas de embarazo adolescente. Recordó que “el Plan Familia es igual a sexo con infinito amor”, con referencia a que los programas del gobierno no pueden tener un enfoque cristiano.

Al respecto Ruth Montenegro, quien forma parte del colectivo Vivas Nos Queremos, comentó que “el estado punitivo solo se queda en el castigo pero apelamos a la concienciación de la sociedad como tal”. La agenda de mujeres busca crear entre todas una cultura de noviolencia y de allí la importancia de crear espacios de debate sobre estos temas en tiempo de elecciones.

Xavier Maldonado, de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, afirmó que es importante para los legisladores tomar en cuenta el aborto y los asuntos referidos a la concepción, con el fin de crear mecanismos para garantizar que las mujeres tomen control de su feminidad.

Durante el diálogo con los asistentes, el Centro de Defensa de Derechos Humanos Surkuna compartió que según datos de fiscalía, desde el año 2009 al 2016, hay 200 mujeres que han sido criminalizadas por aborto en el país.

Silvia Buendía respondió que para comenzar se debe entender que en el país el aborto ya es legal en dos casos específicos y que debe trabajarse en protocolos para su correcto funcionamiento.

Se habló también sobre la población LGBTIQ. Cayetana Salao, activista por los derechos de esta comunidad, mencionó que existen trabas en el momento de denunciar a los miembros de las familias de la población LGBTIQ que les internan en centros de “deshomosexualización”.

Las candidatas coincidieron en que se necesita una solución sistémica que incluya capacitación a jueces, fiscales y quienes conformen el sistema de protección. Margarita Carranco llamó a la sociedad a reactivarse y alzar su voz por sus derechos.