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Los brasileños se sienten sobrepasados por la lluvia de informaciones sobre los enormes tentáculos de corrupción con que operó la mayor constructora del país, Odebrecht, un conglomerado de empresas con presencia en decenas de sectores y países.
El imperio empresarial construido por tres generaciones de la familia Odebrecht se está desmoronando en tres años de la llamada operación “Lava Jato” (lavado de automóviles) del Ministerio Público Federal (fiscalía general), que investiga la corrupción que desvió miles de millones de dólares de los grandes negocios del grupo petrolero estatal Petrobras.
Marcelo Odebrecht, quien presidió el grupo empresarial de 2008 a diciembre de 2015, está detenido desde junio de 2015 y condenado en primera instancia a 19 años de prisión.
En octubre dejó de resistir y aceptó colaborar con las investigaciones judiciales, como decisión empresarial. Un total de 77 dirigentes del conglomerado, buena parte ya alejados de sus funciones, prestó más de 900 testimonios a fiscales de Lava Jato, provocando un terremoto entre políticos brasileños y de toda América Latina.
El compromiso es revelar todas las ilegalidades cometidas por la empresa y sus agentes en los países donde ya se identificaron prácticas de soborno para obtención de contratos de obras públicas.
El Departamento de Justicia estadounidense divulgó en diciembre que Odebrecht destinó presuntamente 1.038 millones de dólares para sobornar políticos y funcionarios gubernamentales en 10 países latinoamericanos y dos africanos, incluido Brasil, donde quedó 57,7 por ciento de esa suma.
Estados Unidos hace sus propias investigaciones, que podrían culminar con condenas penales locales, porque varias empresas del grupo, como la constructora y la petroquímica Braskem, operan allí y sus acciones se cotizan en la Bolsa de Nueva York.
Eso pasa también con Petrobras, considerada víctima de la corrupción en sus megaproyectos de extracción petrolera y sometida a varias investigaciones judiciales por parte de tenedores de acciones en Estados Unidos.
Estados Unidos y Suiza, cuyos bancos fueron utilizados para ocultar o legitimar capitales ilegales, firmaron acuerdos de cooperación con el Poder Judicial de Brasil, en la actual ofensiva contra la corrupción en este país latinoamericano.
Los efectos son abrumadores. En Brasil se espera que las revelaciones de Odebrecht provoquen un tsunami en la política. Se habla de dos centenares de parlamentarios y gobernantes que habrían recibido sobornos, incluso miembros de las cúpulas actuales de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
El grupo empresarial había creado un departamento especializado en la compra y pago de favores que, según la justicia estadounidense, resultaba un buen negocio. Cada dólar “invertido” en sobornos producía 12 dólares en contratos.
Esa estimación se basa en más de 100 proyectos ejecutados o en marcha en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, más los africanos Angola y Mozambique.
Parte del valle de Caracas, desde el Metrocable de San Agustín, una de las numerosas obras asignadas a Odebrecht en Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez (1999-2013), cuando la empresa brasileña se convirtió en la mayor constructora del país. Crédito: Raúl Límaco/IPS
La orden de detención solicitada por tribunales de su país contra el expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006), quien residiría en Estados Unidos, y denuncias que involucran a los actuales presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Panamá, Juan Carlos Varela, constituyen solo la punta del iceberg.
Aún no se conocen lo que revelaron dirigentes y exdirigentes de Odebrecht, como exdirectores del área externa del conglomerado y expresidentes de brazos especializados en infraestructura, ingeniería industrial o logística.
Se espera que nuevas cifras sobre presuntos sobornos se añadan en los próximos meses a las ya reveladas en Estados Unidos, encabezadas por los 599 millones de dólares distribuidos en Brasil, 98 millones en Venezuela, 92 millones en República Dominicana, 59 millones en Panamá y 50 millones en Angola.
En Perú fueron “solo” 29 millones de dólares desde 2005. Es poco considerando que solo en el gasoducto del Sur, aún en construcción, las inversiones previstas suman 7.000 millones de dólares. El gobierno peruano ya decidió quitarle el control de esa obra a Odebrecht.
La Carretera Interoceánica que cruza el sur peruano, de la frontera brasileña a puertos en el océano Pacífico, involucra juntó Odebrecht a otras tres constructoras brasileñas, Camargo Correa, Andrade Gutierrez y Queiroz Galvão, todas investigadas por sospecha de corrupción.
Durante la presidencia de Alan Garcia (2006-2011) se firmó con Brasil un acuerdo para la construcción de cinco grandes centrales hidroeléctricas en Perú, anulado por su sucesor, Ollanta Humala (2011-2016), que sin embargo tiene su campaña electoral bajo sospecha de haber recibido tres millones de dólares brasileños.
Odebrecht, que tiene la concesión de Chaglla, la tercera mayor central hidroeléctrica de Perú, con 462 megavatios de potencia, sería la principal constructora de las nuevas plantas.
La multiplicación de los escándalos locales o sectoriales iluminan los tentáculos de Odebrecht. Braskem, brazo petroquímico del grupo, es acusada de distribuir 250 millones de dólares en sobornos para apoyar su papel de líder americano en producción de resinas termoplásticas, con 36 plantas en Brasil y Estados Unidos, además de Alemania.
El imperio nacido en 1944 como una simple constructora se fue diversificando el último medio siglo para expandirse a actividades tan diversas como la agroindustria de la caña de azúcar, el desarrollo de tecnologías militares o empresas de servicios petroleros, de logística y de industria naval, entre otras.
A comienzos de los años 70 construyó la sede de Petrobras, sellando una relación que desembocó en el desastre actual, que destruyó la reputación de la empresa orgullosa de su “Tecnología Empresarial”, un conjunto de principios éticos y operativos a que se atribuye su rápida expansión, pero no previó la corrupción.
Se puede atribuir el auge del conglomerado a su visión estratégica y un modo de operar que resultó exitoso hasta empezar la operación Lava Jato. La de ser “amigo del rey” era parte de sus métodos.
Angola es el mejor ejemplo. El aún presidente del Consejo de Administración del grupo, Emilio Odebrecht, hijo del fundador Norberto Odebrecht, se reúne anualmente con el presidente angolano, José Eduardo dos Santos, en Luanda, para discutir proyectos para el país.
Oficialmente se trata de hacer el balance de las obras ejecutadas por la empresa y definir nuevas metas.
Esa prerrogativa del gran empresario se justifica por la fuerte presencia de su constructora en las obras vitales del país en reconstrucción, en energía, en recursos hídricos, carreteras y urbanización.
Odebrecht cuenta con un prestigio único en Angola, desde que construyó la central hidroeléctrica de Capanda, en el río Kwanza, entre 1984 y 2007, con interrupciones y riesgos por la guerra civil (1975-2002). Ahora construye la mayor central angoleña, Lauca, también sobre el mismo Kwanza, con 2.067 megavatios de capacidad.
Su omnipresencia en el país le lleva a administrar el Belas Shopping, centro comercial de lujo en el sur de Luanda, ejecutar el plan hídrico para abastecer la capital, preparar la primera parte del distrito industrial en las afueras de Luanda, construir conjuntos de viviendas y recuperar la industria azucarera angolana.
En Cuba también ocupó el estratégico proyecto de la ampliación del Puerto Mariel y la gestión de una central azucarera, en búsqueda de recuperar ese decaído sector de la isla caribeña.
En otros países, como Panamá, Perú y Venezuela, sobresale la cantidad de obras y proyectos a cargo de la empresa brasileña, en áreas tan diversas como transportes urbanos, carreteras y puentes, puertos, centrales eléctricas, hidrocarburos e, incluso, agricultura.
Ese ciclo expansivo acabó. Muy endeudada, con su facturación desplomándose, sin acceso al crédito, incluso en bancos de fomento brasileños, y con el estigma de corruptor, el conglomerado trata de colaborar con la justicia de los países involucrados, buscando acuerdos que le permitan seguir operando y recuperarse más adelante.
Ahora queda por saber si Odebrecht es “tan grande que no puede quebrar”, como se dijo de algunos bancos en la crisis mundial estallada en 2008.
