Jorge Antonio Parral Rabadán fue ejecutado por elementos de las Fuerzas Armadas, pero nadie ha sido llevado a la justicia.
Por SomosMass99
Al cabo de un año de litigio y casi siete de ocurridos los hechos, la familia Parral Rabadán lograron que el Poder Judicial ordenara a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la Procuraduría General de la República (PGR), les entregara copias certificadas de la averiguación previa de las indagatorias por la ejecución extrajudicial de Jorge Antonio Parral Rabadán a manos de elementos del Ejército en 2010.
Así lo informó la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) a través de un comunicado de prensa, en el que puntualiza que la sentencia emitida la semana pasada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México se da después de que en diciembre de 2015, “para ejercer adecuadamente su derecho a la coadyuvancia”, la familia Parral solicitó copias de una de las averiguaciones previas radicadas en la SEIDO, pero el agente del Ministerio Público opuso como argumento la confidencialidad en la investigación. “Con esa interpretación la PGR violó los derechos de las víctimas reconocidos en la Constitución, los tratados internacionales y la Ley General de Víctimas, por lo cual fue necesario recurrir al juicio de amparo”.
Según información de la CMDPDH en su página de internet, Jorge Antonio Parral Rabadán era graduado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de las Américas, Puebla, estudiaba una maestría en la Universidad del Valle de México y trabajaba como administrador de la plaza de cobro PC-30 de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) en Ciudad Camargo, Tamaulipas.
La navidad de 2009 fue la última vez que estuvo con su familia, pues el 24 de abril de 2010 fue secuestrado junto con otro funcionario federal por un comando que se presume formaba parte de la delincuencia organizada. “Jorge estaba descansando en una de las habitaciones dentro de las instalaciones de CAPUFE cuando unos hombres armados entraron por la fuerza y se lo llevaron. Esto se relaciona con el hecho de que él en varias ocasiones había pedido a la institución apoyo para que les garantizaran seguridad a todos los empleados que con él laboraban, esto debido al incremento de violencia en la zona.
“El 21 de febrero de 2011, la familia Parral, por medio de sus propias investigaciones, halló el cuerpo de Jorge en una fosa común de un panteón municipal en el estado de Nuevo León. Su caso se relacionó en con un supuesto enfrentamiento entre el Ejército mexicano y un grupo de la delincuencia organizada ocurrido el 26 de abril de 2010, dos días después de su secuestro. En el supuesto enfrentamiento fallecieron tres personas, a quienes sin sustento alguno la SEDENA calificó como sicarios. Entre ellas estaba Jorge, además cuatro personas fueron detenidas y otros siete supuestamente fueron liberados. Desde entonces las autoridades y la propia CNDH han identificado como responsables por la ejecución y desaparición de Jorge Antonio a miembros del Ejército Mexicano; sin embargo, nadie ha sido presentado ante la justicia”.
Ahora, a escasos dos meses de cumplirse siete años de los hecho, la CMDPDH señala que la sentencia emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México dentro del juicio de amparo 195/2016, es consistente con las obligaciones del Estado mexicano reconocidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo Rosendo Radilla Pacheco vs. México, resuelta en 2009. Una de ellas, la 256, dice a la letra: “(…) en casos como el presente, la negativa de expedir copias del expediente de la investigación a las víctimas constituye una carga desproporcionada en su perjuicio, incompatible con el derecho a su participación en la averiguación previa. En el caso que nos ocupa, esto se tradujo en una violación del derecho de la señora Tita Radilla Martínez a participar plenamente en la investigación. Al respecto, los Estados deben contar con mecanismos menos lesivos al derecho de acceso a la justicia para proteger la difusión del contenido de las investigaciones en curso y la integridad de los expedientes (…)”.
Desde la CMDPDH, señala a su vez el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, “señalaron que la muerte de Jorge Antonio ‘se suma a las 151 mil 233 víctimas que han perdido la vida debido a la política militarizada de seguridad interior del Poder Ejecutivo Federal, por lo que la lucha de su familia se suma a la de muchas familias mexicanas que con todo el dolor que existe, recorren instituciones en la búsqueda de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.
En el video presentado a continuación, realizado por la CMDPDH en 2014, familiares de Jorge Antonio Parral explican lo ocurrido el 24 de abril de 2010 y de la actuación de las autoridades hasta esa fecha.
