Por Ramiro Avila Santamaría
No podemos callar ante el intento de clausura de una organización que ha luchado durante 30 años por los derechos de los pueblos indígenas y de la naturaleza: #SOSAccionEcologica
En 1986 nació Acción Ecológica, una de las voces más cuestionadoras en la sociedad ecuatoriana. El nombre no podía ser más adecuado. Por un lado, ACCIÓN, que tiene que ver con activismo, con emprendimiento, con transformación. Y por otro, ECOLÓGICA, que va con la preocupación por los daños que el ser humano hace a la naturaleza y a la comunidades. Pero más que una organización lo que surgía en el Ecuador era el discurso verde, tan necesarios en tiempos de depredación ambiental.
Acción Ecológica se puso ciertos objetivos: defender los derechos de las personas y pueblos a un medioambiente sano, denunciar la contaminación, capacitar a comunidades y pueblos que la sufren para actuar pacíficamente, investigar y colaborar con las instituciones públicas o privadas nacionales y extranjeras en la defensa y protección del medioambiente.
Y vaya que lo han cumplido.
Han estado en todas las luchas contra los proyectos extractivos. Han debatido los temas más importantes para las comunidades: agua, petróleo, minería, soberanía alimentaria, transgénicos, fumigaciones, agricultura orgánica, Yasuní, territorios ancestrales, indígenas en aislamiento, democracia directa y consulta popular, cultura de paz.
A muchas organizaciones y personas les parece que Acción Ecológica (AE) es radical. SI ser radical significa que ir a la raíz del problema, no negociar principios, no venderse, y no comerse el cuento del desarrollo y de todos sus amigables variantes —como socio bosque, desarrollo sustentable y el sacrificio para el desarrollo del país— entonces sí, Acción Ecológica es radical. Además, todos sus miembros son coherentes y consecuentes con lo que piensan. Si uno los llama y no los encuentra, seguro es porque están en el campo. Además, practican la igualdad, la democracia interna, la solidaridad, la espiritualidad (con algo de magia), sufren y sienten el dolor ajeno. También tienen viva la esperanza (y la Esperanza) que les mueve a buscar mundos y sueños mejores. Por eso cuando hablan, tienen autoridad moral para hacerlo.
Acción Ecológica investiga los efectos de la destrucción a la naturaleza desde hace rato. Desde lo que ve y analiza, propone. En la Asamblea Constituyente y en la Constitución de Montecristi están algunas de sus ideas, fruto de años de luchas: los derechos de la naturaleza, el mandato minero, la amnistía a los defensores de derechos, la prohibición de los transgénicos, la prohibición de explotación petrolera en zonas donde hay pueblos en aislamiento…
Por sus posturas y frontalidad, en marzo de 2009, el gobierno ecuatoriano intentó cerrar Acción Ecológica, En ese entonces se había pronunciado en contra de la ley de minería. En múltiples sabatinas el presidente Correa se les ha burlado: les han dicho infantiles, les persiguen ilegalmente con la “inteligencia” del gobierno. Hace siete años fracasó el intento de clausurarla, pero ahora lo están buscando de nuevo.
¿Cuál es el pretexto?
Según el informe del Ministerio del Interior por denunciar los impactos de la violencia en la zona Shuar, por decir que hay violaciones a los derechos, por afirmar que los pueblos indígenas resisten y llamar a vigilar la violencia en la zona. Es decir: por cumplir sus objetivos y de paso con cumplir también la Constitución quieren cerrar Acción Ecológica. Pero, vaya paradoja, según el informe “al respaldar y promover acciones de violencia social y de oposición a supuestas políticas públicas contrarias al buen vivir, que atentan contra la seguridad interna del Estado, la paz y el orden público” están actuando para fines distintos para los que fue creado. La verdad es que la quieren cerrar por cumplir exactamente con los motivos por los cuales fue fundada. Peor aún: el Viceministro del Interior en la petición de cierre de Acción Ecológica al Ministerio de Ambiente invoca la Ley de Seguridad Pública y del Estado aludiendo a “situaciones de violencia, delincuencia común y crimen organizado” (Art. 11, b). En otras palabras: el gobierno ha pasado de llamar infantil a Acción Ecológica a catalogarlos como delincuentes y criminales.
Pero ¿Cuál es la verdadera razón?
En las ruedas de prensa que han dado las personas de Acción Ecológica queda claro que quieren callar su voz de solidaridad con la población Shuar. Cómo no ser solidarios con ellos cuando por el conflicto en sus territorios tienen ya tres muertos: Bosco Wisum (2009), Fredy Taish (2013) y José Tendetza (2013). Llevan a su cuenta cuatro desalojos de sus tierras: octubre de 2015, diciembre 2015, febrero de 2016 y agosto de 2016. Acción Ecológica sabe las empresa EXSA, ECUACORRIENTE, EXPLOCOBRES RESOURCES tienen operaciones mineras en territorio ancestral Shuar (es ancestral aunque la empresa tenga título de propiedad, que vale menos que la posesión y el despojo que han sufrido nuestras poblaciones indígenas). Cómo no solidarizarse con los Shuar, que llevan más de diez años reclamando sus derechos al Estado ecuatoriano —y ahora sus líderes están siendo detenidos y enjuiciados—, y hay un estado de excepción y una desproporcionada militarización en la zona. El pecado de Acción Ecológica es haber sido solidaria y expresarlo en comunicados en su página de Internet: uno por la violencia de noviembre de 2016 y otro por la violencia de diciembre de 2016.
El gobierno acusa de promover y respaldar los enfrentamientos en la zona Shuar a una organización que, paradójicamente, pide paz y verdad. O sea, el sustento del cierre a Acción Ecológica es una doble mentira: dicen que incumplen sus objetivos cuando lo realizan al pie de la letra, y dicen que promueven la violencia cuando piden y practican la paz.
La clausura de Acción Ecológica anularía y restringiría severamente varios derechos: asociación, libertad de expresión, libertad de pensamiento, defensa de derechos humanos. No hay nada más severo que liquidar una organización como ella: acabaría con la existencia de un colectivo comprometido con derechos. Además, en el contexto de alta conflictividad en territorios indígenas por políticas extractivas, los pueblos indígenas pierden una voz que tiene legitimidad en el Ecuador y el mundo, y que ha documentado y denunciado excesos de poder y violación de derechos humanos, individuales y colectivos, y de la naturaleza en los últimos treinta años.
A Acción Ecológica le debemos la lucha por la dignidad de los pueblos y de la naturaleza de forma cotidiana y en el campo. Le debemos, también, ideas, propuestas, inspiración.
La sociedad ecuatoriana le debe solidaridad, respaldo, apoyo.
Y el gobierno tienen también una deuda con Acción Ecológica. a AE —y no porque lo digan los relatores de Naciones Unidas, el Comité de la Tortura (párr. 43 y 44), la CIDH, la Declaración de Defensores de DDHH— sino porque lo manda la Constitución: respeto y garantía de sus derechos fundamentales.
Cerrar Acción Ec0lógica es una grave, injustificable y arbitraria violación de derechos humanos, por eso: #SOSAccionEcologica
