Cada día se hace más claro que Odebrecht ha negociado con funcionarios de distintos colores, en distintos países del continente, siempre con corrupción de por medio. Esta nota sintetiza muy bien la situación en Perú, tristemente una entre varias.
Por Mirtha Vásquez/NoticiasSER
«Ecocidio por corrupción». Así, con una frase, los campesinos y pobladores de las comunidades en Cajamarca han resumido el escandaloso caso de corrupción de la empresa Odebrecht.
Desde hace años la gente afectada por los megaproyectos mineros, energéticos y viales, cuestiona la imposición de los mismos dados sus altos costos territoriales, ambientales y sociales. El discurso de cada gobierno ha sido prácticamente el mismo, «desarrollo y crecimiento para el país». La población por supuesto nunca se ha creído este discurso, más bien, siempre ha sospechado de los intereses empresariales y corrupción detrás de ellos, sin embargo la magnitud y las conexiones en las que se sostenía, apenas se empiezan a descubrir ahora.
Si al país le escandaliza que una empresa como Odebrecht haya llegado a ser beneficiada con tantos millonarios megaproyectos en el Perú sólo por corrupción, a la gente que vive en estos lugares donde se ejecutaban o se tenía previsto hacer los mismos, los indigna profundamente.
En Cajamarca apenas se empieza a atar cabos. Se sabía de la empresa Odebrecht y sus millonarios contratos con su principal socia en la región, Minera Yanacocha, a quien le ha hecho múltiples trabajos de infraestructura minera desde el año 1996. Le construyó obras en cada una de sus minas, accesos, y se había hecho de la construcción de la primera etapa del proyecto minero Conga por más de 500 millones de dólares. Simultáneamente a este último encargo, en junio del 2010 el ex Presidente Alan García firmaba el acuerdo hidroenergético Perú-Brasil, con el que se autorizaba el represamiento de varios ríos. Incluso emitió antes de irse del gobierno el Decreto Supremo 020-2011-EM, que declara de interés nacional y social la construcción de 20 centrales hidroeléctricas en el río Marañón.
Por supuesto la población se preguntaba por las razones de este acuerdo, los objetivos del mismos, ¿sería acaso que estos represamientos y las hidroeléctricas resolverían el problema de los miles de pueblos que aún carecen de electricidad? Porque el costo iba a ser alto, poblaciones desplazadas, actividades económicas tradicionales eliminadas, pueblos inundados, pérdida de recursos ambientales valiosos y, finalmente, la muerte del río.
Pronto se fueron absolviendo tímida y solapadamente estas interrogantes. La energía no era para resolver las carencias energéticas del país, era para exportarla al Brasil; la energía no era para los pueblos, era para proveer mega proyectos como Conga y otros que se encuentran en el norte del país. El sucesor de Alan García, Humala, lo confesó abiertamente en la 39va. Convención Minera Perumin.
Los nexos se empezaban a notar, los intereses empresariales salían a la luz, los beneficios mutuos y trueques de los grandes socios (Odebrecht- Yanacocha) se evidenciaban. ¿Era por el desarrollo del país que a estas transnacionales querían construir estos proyectos?
Así como descubrimos que los famosos proyectos de la IIRSA que promovían una supuesta integración vial, no partieron de una necesidad del Estado sino de una propuesta de Odebrecht, hoy tenemos más claro que las hidroeléctricas o proyectos mineros como Conga también partieron de este interés particular de empresas hoy altamente cuestionadas.
El costo social y ambiental de la imposición de estos proyectos no importaba, la gente puede ser desplazada, puede quedarse sin tierra, sin agua, los ríos pueden ser destruidos, las fuentes de agua desaparecidas. Y todo, absolutamente todo, por la corrupción.
