El 21 de enero, dentro del día europeo de acciones descentralizadas, se ha convocado una manifestación que tendrá lugar a las 17:30 horas, desde la Glorieta de Atocha, pasando por Jacinto Benavente para terminar en la Puerta del Sol.

Las organizaciones ciudadanas, sindicales, políticas y culturales que formamos parte de la campaña No al TTIP-CETA-TISA seguimos presionando a todos los niveles para conseguir que no llegue a ratificarse en el Parlamento Europeo, pero necesitamos el apoyo de toda la ciudadanía.

Durante estos años de campaña hemos recogido tres millones y medio de firmas de ciudadanos y ciudadanas europeas que han dicho claramente que no quieren un tratado que hipoteque sus vidas en manos de los mercaderes. Más de mil quinientos municipios y regiones se han declarado zonas libres del TTIP y CETA, defendiendo la democracia ante el asalto de las multinacionales.

De acuerdo a la agenda provisional, el pleno del Parlamento Europeo, donde se ratificará o no el CETA, tendrá lugar el 1 o 2 de febrero en Bruselas. Pero antes de esta votación decisiva  varias comisiones parlamentarias expresarán y votarán su opinión sobre el tratado. Ya tenemos la resolución de la Comisión de Empleo y Asuntos sociales que ha recomendado votar en contra del CETA. También hay un borrador de resolución de la Comisión de Medioambiente que propone rechazar el CETA. Y finalmente el día 24 de  enero será la Comisión de Comercio Exterior-INTA quien tenga que definirse sobre el tratado.

Por eso el día 21 de Enero los ciudadanos y ciudadanas europeos saldremos a la calle para reclamar a los europarlamentarios su voto negativo a un tratado, que al igual que el TTIP, que amenazan a las personas, la democracia y el planeta.

Porque el CETA:

  • Autorizaría a las multinacionales a demandar a los gobiernos por adoptar leyes democráticas.
  • No protegería con eficacia los derechos laborales, sociales y medioambientales.
  • Limitaría seriamente la capacidad de los gobiernos para crear, expandir y regular los servicios públicos, y para revertir liberalizaciones y privatizaciones fracasadas.
  • Hace que Canadá y la Unión Europea sean más vulnerables a las crisis financieras.
  • Limitará capacidad de los gobiernos de generar políticas públicas sociales y sostenibles.
  • Expondría a los agricultores a presiones competitivas que minarían su modo de vida, haciendo imposible una agricultura sostenible.
  • Las medidas de precaución que protegen a los consumidores, a la salud pública y al medio ambiente pueden ser puestas en cuestión.