Este será un semestre decisivo para la suerte del gobierno de Michel Temer en Brasil. Por su propia voluntad, se votará en el legislativo Congreso Nacional una drástica reforma del sistema de previsión social.
La propuesta enviada al parlamento el 5 de diciembre fija en 65 años la edad mínima para la jubilación tanto de hombres como de mujeres. Actualmente los brasileños, especialmente las mujeres, pueden jubilarse incluso antes de cumplir 50 años, si aceptan una remuneración limitada o si trabajan en condiciones peligrosas o insalubres.
Las modificaciones exigen una enmienda en la Constitución que rige e país desde 1988. El gobierno las presenta como indispensables para evitar el “colapso” del sistema dentro de algunos años, debido al agravamiento de su déficit ante el envejecimiento acelerado de la población brasileña, de 205 millones de personas.
Pero las medidas anunciadas ya provocaron protestas en las calles de muchas ciudades, al igual que de la oposición de las centrales sindicales e incluso de algunos legisladores de la amplia alianza progubernamental.
“Es difícil lograr su aprobación, las posibilidades son de menos de 50 por ciento”, evaluó Raul Velloso, consultor económico especializado en cuentas públicas, residenciado en Brasilia.
La reforma previsional es indispensable para el ajuste fiscal que el gobierno conservador que rige Brasil desde mayo pasado, pretende impulsar dentro del marco fijado por otra enmienda constitucional ya aprobada, que establece un límite para el gasto público durante los próximos 20 años.
Los gastos anuales no podrán superar los del año anterior en términos reales, es decir solo podrán ser incrementados en un tope equivalente a la tasa de inflación del período anterior.
Ese “techo de gastos” se aprobó con inusual celeridad, cumpliendo la exigencia de dos votaciones en la Cámara de Diputados y otras dos en el Senado, luego del proceso de inhabilitación de la izquierdista expresidenta Dilma Rousseff, suspendida provisionalmente del poder el 12 de mayo y destituida el 31 de agosto.
La rapidez con que el Congreso ha respondido a las iniciativas del Poder Ejecutivo comprueba el fuerte apoyo parlamentario al presidente Temer, cuyo gobierno muchos ya definieron como “semiparlamentarista” o de “parlamentarismo informal”.
El poder del hasta mayo vicepresidente de Rousseff emana del parlamento, no de la población que mayoritariamente rechaza su gobierno, según recientes encuestas.
Eso le permitió adoptar rápidamente medidas económicas como la repatriación de cerca de 50.000 millones de dólares que brasileños mantenían ilegalmente en el exterior y la reducción de los yacimientos petroleros controlados por la empresa estatal Petrobras, entre otras medidas.
Sin embargo, con la reforma previsional es distinto, porque “afecta directamente a toda la población, el tema moviliza a la gente, incluso el noticiero en los medios de comunicación”, observó Velloso a IPS.
Aceptar una “reforma suave”, con modificaciones sustanciales en el parlamento, sería “echar el problema hacia adelante, para los próximos gobiernos”. El ajuste fiscal necesario se “haría imposible, sin una fuerte reforma previsional”, sentenció el economista.
El presidente de Brasil, Michel Temer (derecha), y su hombre fuerte económico, el ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, impulsor de medidas como el virtual congelamiento del gasto público por 20 años, ya aprobado, y de la modificación del sistema de las jubilaciones en país, del que depende la suerte del gobierno en los próximos meses. Crédito: Agência Brasil
“Pero si el gobierno apuesta al todo o nada, probablemente perderá. En los términos originales, difícilmente el Congreso los aprobará, serán necesarias muchas concesiones para lograr el apoyo parlamentario”, según Antonio Augusto Queiroz, director de Documentación del Departamento Intersindical de Asesoría Parlamentaria (DIAP).
Una misma edad mínima para la jubilación tanto para hombres como mujeres, es uno de los puntos inaceptables. “Es posible que se aprueben los 65 años, pero con una reducción para las mujeres”, arriesgó Queiroz en diálogo con IPS.
Actualmente los trabajadores tienen derecho al retiro “por edad” al alcanzar 65 años el hombre y 60 años la mujer, si comprueban haber trabajado por lo menos durante 15 años.
Pero la jubilación más común combina años de edad y de tiempo de contribución al sistema previsional, el hombre sumando 95 y las mujeres 85. Es decir, a los 60 años de edad un varón puede jubilarse con 35 años de aportes y una mujer si contribuyó durante 25 años.
Posiblemente los parlamentarios exigirán también reglas de transición más suaves para quienes ya están trabajando y contribuyendo al sistema, acotó el portavoz del DIAP, agencia sindical que acompaña las actividades legislativas en Brasilia.
La propuesta oficial establece que hombres a partir de 50 años de edad y mujeres a partir de 45 años deberán cumplir 50 por ciento más del tiempo de la contribución que les falta para jubilarse en la fórmula 95/85. Si a uno, por las reglas actuales, le faltan 10 años, tendrá que seguir contribuyendo durante 15 años.
En Brasil no existe una pensión universal para quienes llegan a la edad de jubilación sin haber cotizado, aunque sí se contemplan aportes para grupos específicos como discapacitados o viudas de estamentos militares.
Además, en un país con una población económicamente activa de 105,1 millones, quienes no tienen contribuciones suficientes pero aportaron a la previsión social al menos 15 años, tienen derecho a una jubilación que en general se aproxima al salario mínimo, de 290 dólares mensuales en la actualidad.
Fijar una misma edad para todos significa desconocer las desigualdades en el mercado de trabajo y acentuarlas, protestó el Centro Feminista de Estudios y Asesoría (CFEMEA), que también acompaña las labores del parlamento en Brasilia desde la óptica de los derechos de las mujeres.
Las mujeres son relegadas a empleos más precarios, ganan menos por trabajo idéntico al del hombre, son despedidas con más frecuencia y soportan la doble jornada, encargándose del trabajo doméstico, arguyen las feministas.
Las críticas al proyecto oficial destacan principalmente las reglas para que uno se jubile con el límite máximo en el sector privado, el equivalente a 1.600 dólares mensuales. Serian necesarios 49 años de contribución, una forma de reducir las remuneraciones del sistema.
Los 65 años de edad mínima, basada en el aumento de la longevidad de los brasileños, también ignora las desigualdades. La expectativa de vida en Brasil alcanzó 75,5 años en 2015, pero acercándose a los 80 años en los estados ricos del centro-sur y limitándose a poco más de 70 años en los estados pobres del Norte y Nordeste.
En medio a tantas controversias, será difícil mantener la cohesión de los 18 partidos que componen la base de apoyo del presidente Temer. La aprobación de enmiendas constitucionales exige una mayoría de 60 por ciento de los diputados y los senadores.
La reforma previsional puede ser “la tumba del actual gobierno”, infirió el opositor senador João Alberto Capiberibe, del Partido Socialista Brasileño, que aboga la convocación de elecciones excepcionales para superar la crisis política, que condujo a la destitución de Rousseff y se mantiene viva con su sustitución por Temer.
Sin medidas que apunten a una segura, aunque gradual, reducción del déficit fiscal, no habrá recuperación de la economía brasileña, según el consenso de economistas que apoyan al actual gobierno.
Sin mejoras económicas en 2017 y con deserciones en su base parlamentaria, no será fácil a Temer conducir el país hasta las elecciones de octubre de 2018, que representarían la mitológica vuelta del país a la normalidad política.
A eso se suman las amenazas de la Operación Lava Jato (lavado de automóviles), la investigación sobre corrupción que ya encarceló decenas de empresarios y políticos e involucró a muchas otras decenas de gobernantes y parlamentarios, incluyendo a Temer y sus más allegados auxiliares.
