La justicia italiana dictará este martes sentencia en el juicio por la muerte de una veintena de ciudadanos de ese país durante el llamado ‘Plan Cóndor’ en América Latina y en lo cual están imputados 27 militares de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay.
La presidenta de la III Corte Penal del Tribunal de Roma, Evelina Canale, fijó para este día la audiencia en la que previsiblemente se pronunciará la sentencia en primera instancia, que se espera durante la tarde, hacia las 17.00 locales (16.00 GMT).
A la sentencia asistirán el vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendic; la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y exfiscal Mirtha Guianze, y en representación del Gobierno italiano acudirá la subsecretaria de la presidencia, Maria Elena Boschi.
El vicepresidente Sendic se refirió al proceso judicial y señaló que “este es el final de un largo proceso, en cuyo transcurso nuestro estado presentó pruebas, los familiares presentaron sus testimonios, el Estado actuó en respaldo de los familiares que presentaron las pruebas de estas violaciones en el marco del llamado Plan Cóndor”
Este juicio contra los implicados en violaciones y torturas durante la Operación Cóndor comenzó el 12 de febrero de 2015 con 34 imputados, entre antiguos jefes de Estado, oficiales, agentes de policía, miembros de los servicios secretos de los regímenes militares de dichos países entre las décadas de 1970 y 1980.
Las trabas burocráticas y las muertes de varios de los acusados han reducido el número de imputados a veintisiete: dos bolivianos, siete chilenos, catorce uruguayos y cuatro peruanos.
Gran parte de la atención está puesta en el caso del exmilitar uruguayo Jorge Néstor Troccoli, el único de los imputados que se ha personado en el proceso ya que reside en libertad en Italia desde 2007, cuando escapó de la justicia en su país. Para él y para otros veintiséis imputados más -incluyendo a Gregorio Álvarez- la fiscal Tiziana Cugini reclamó en octubre la pena a cadena perpetua.
Las partes civiles y la acusación pretenden así evitar que los hechos no se declaren prescritos, pues el Código Penal italiano estipula que los delitos que no prescriben son aquellos que merecen la cadena perpetua.
Troccoli deberá responder por la muerte de veintidós ciudadanos uruguayos y argentinos, ya que Italia, al negarse a extraditarle en 2008, se ha ceñido al principio de derecho internacional que dicta «o extraditas o juzgas».
La Operación o Plan Cóndor fue ideada por el general chileno Augusto Pinochet y coordinó la represión de la oposición política entre 1970 y 1980 por parte sobre todo de las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
Un informe de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA, por sus siglas en inglés), en el que se basa la acusación en el caso a cargo del fiscal italiano Giancarlo Capaldo, precisa que Perú y Ecuador se convirtieron en miembros de este plan a finales de los años 80.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha denunciado la existencia de un nuevo Plan Cóndor en la región, a través de otros métodos como el bombardeo mediático, acoso económicos y golpes parlamentarios.
El Plan Cóndor
El Plan Cóndor fue una operación orquestada en las décadas de 1970 y 1980 en el marco de la “Guerra Fría” y tuvo como principal actor al general chileno Augusto Pinochet, en concordancia con otros dictadores de la época y con la cooperación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.
Para ello se estableció una coordinación represiva o conspiración entre los servicios de inteligencia de las dictaduras que gobernaban países del Cono Sur (Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia) en coordinación con Estados Unidos y la (CIA).
La operación consistía en lograr el intercambio de información entre los países involucrados sobre supuestos subversivos para reprimir y perseguir a la oposición política a los regímenes dictactoriales del Cono Sur y eliminar a los enemigos para instalar políticas neoliberales.
El principal objetivo era luchar contra el comunismo y evitar su expansión en la región, y con ese propósito se autorizaban operativos de inteligencia o de las fuerzas armadas de los distintos países participantes que se desplazaban libremente en el territorio de los otros para secuestrar, desaparecer o asesinar a sus conciudadanos.
En 1999 Argentina registró la primera denuncia sobre el Plan Cóndor y en 2013 inició el juicio, con lo cual se convirtió en el primer país en condenar formalmente a 18 acusados de cometer delitos de lesa humanidad en ese contexto, en perjuicio de 104 víctimas (45 uruguayas, 22 chilenas, 13 paraguayas, 14 argentinas y 11 bolivianas).
Miles murieron en estos países sin que todavía se haya aplicado toda la justicia contra sus ejecutores.
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