Por Richard Ruíz Julién
Aunque no están claros los detalles del incidente, la administración de la consejera de Estado y Premio Nobel de la Paz (1991), Aung San Suu Kyi, acusa a los rohingyas, en tanto se intensifican los operativos militares con el objetivo de capturar a los presuntos responsables, lo que ha provocado una grave crisis humanitaria, nacional y regional, con efectos a nivel internacional.
Luego se conocieron denuncias de abusos por parte de soldados contra miembros de la mencionada minoría radicados en el estado de Rakhine, rechazadas por el Ejecutivo, que considera que cuanto acontece allí un asunto interno.
La prensa publica relatos de violaciones de mujeres e incendios de viviendas, entre otros hechos en ese territorio, calificado de uno de los más pobres de Myanmar.
Ante la renovada violencia, que dejó más de 80 fallecidos, decenas de miles de rohingyas abandonaron sus lugares de residencia y buena parte de ellos huyeron a Bangladesh.
La ciudad de Teknaf, en Bangladesh, está a solo unos kilómetros de la frontera occidental de Myanmar, cruzando un río.
Durante la noche, muchos rohingyas llegan en barcos rudimentarios, sin apenas pertenencias y, según Naciones Unidas, más de 60 mil llegaron a Bangladesh en los últimos tres meses.
Esas personas acaban en un campo clandestino de refugiados, aunque les preocupa el precario ambiente que reina en él y los efectos que tiene en la salud de sus hijos.
Se dice que en medio de la confusión generada por los enfrentamientos entre integrantes de la comunidad y las fuerzas de seguridad de Myanmar, la población total de esa minoría es oprimida.
Al negárseles la nacionalidad en Myanmar, muchos tienen que abandonar sus hogares y el Gobierno bangladesí es reacio a aceptarlos.
La distribución de alimentos por parte de organizaciones no gubernamentales, entre otros, está lejos de ser óptima, mientras numerosos niños tienen enfermedades por las insalubres condiciones sanitarias.
Mohamad Ayub, líder del campamento, dice que muchos pequeños tienen neumonía o asma y es necesario conseguir rápidamente la medicación y los alimentos adecuados.
Por su parte, Morium Khatun, de 22 años, acudió al campamento con su marido en diciembre y dijo que el Ejército quemó su casa y asesinó a su hijo y a muchos de sus parientes.
No pude llevarme el dinero ni otras pertenencias de mi casa, ésta es una situación triste y dolorosa, añadió.
Khatun está embarazada y, aunque en el campamento hay una clínica que puso una organización internacional, no es el lugar ideal para dar a luz; no le resulta fácil ducharse y hay pocos aseos o lugares donde acostarse.
Pese a todo, expresó que no tiene adonde ir; el único remedio que queda es aguantar las penurias.
Myanmar se enfrenta a crecientes críticas por parte de la comunidad internacional por la grave situación de los rohingyas y el escalamiento del conflicto en Rakhine, incrementadas tras las últimas declaraciones de la Relatora Especial de la ONU para los Derechos Humanos en Myanmar, Yanghee Lee, quien el 20 de enero concluyó una visita de 12 días a ese país, durante la cual recorrió zonas de enfrentamientos.
Lee señaló que la negación por parte del gobierno de las denuncias contra los rohingyas en ese estado, donde se concentran, es contraproducente y reduce la credibilidad de las autoridades.
Reconoció que algunas pueden ser sensacionalistas, pero a la vez consideró que la respuesta del Ejecutivo hasta ahora en realidad no ayuda.
Alertó que el compromiso del gobierno se ve frenado porque quienes ocupan las carteras de Defensa, Asuntos Fronterizos y del Interior, nombrados por los militares, todavía usan las mismas tácticas.
El panorama político y social en Myanmar es calificado como complejo por múltiples analistas, en tanto los problemas en muchos de sus territorios esperan por una pronta solución, en función de que la administración actual cumpla su premisa electoral: alcanzar la paz en 2017.
