Por Agustín Galo Samario y Martha Camacho para SomosMass99
The Chemours Company ha buscado instalar una productora de cianuro de sodio en territorio guanajuatense desde 2015. Primero en Salamanca, un municipio del corredor industrial donde la propia empresa desistió de ubicarse. Ahora pretende hacerlo en San Luis de la Paz, en la zona noreste, donde actualmente la Organización Ciudadana Ludovicense por el Derecho a Vivir en un Ambiente Sano (OCLDVAS), respaldada por otros grupos sociales de la región, mantienen un movimiento para impedir la llegada de la planta química, debido a los riesgos a la salud y al medio ambiente que representa. “Queremos aire puro, no al cianuro”, se ha convertido en el grito de una lucha que dura ya cinco meses y que no se detendrá hasta impedir que llegue esa “fábrica de muerte”, como le llaman los ciudadanos.
Ciudadanos Ludovicenses por el Derecho a Vivir en un Ambiente Sano.
En resistencia permanente han realizado marchas, mitines, reuniones de información y visitas a comunidades, cuyos habitantes sólo así se han enterado de que la empresa transnacional pretende concretar el Proyecto San Luis -como lo tiene registrado legalmente- para producir uno de los venenos más letales que existen. Su oposición los ha llevado a realizar gestiones ante autoridades de todos los niveles y en particular ante el gobernador Miguel Márquez Márquez, quien ha adoptado actitudes contrastantes. Mientras las comunicaciones que los ludovicenses le han enviado las contestan funcionarios menores por medio de oficios, el mandatario estatal junto con algunos de sus colaboradores se reunió en diciembre pasado con directivos de The Chemours Company en el Puerto Interior de Silao.
Los empeños de Chemours
Luis Rebollar, presidente saliente de The Chemours Company, dijo el pasado 5 de diciembre en entrevista publicada por el diario El Universal, “que les gustaría establecerse en el Bajío, especialmente en Guanajuato, debido a que su ubicación geográfica lo posiciona cerca de las zonas de mayor producción minera en el país”.
Efectivamente, el primer municipio elegido por la empresa para instalarse se ubica en el Bajío, se trataba de Salamanca, un lugar altamente contaminado donde los grupos ambientalistas mostraron su rechazo a la planta. En mayo de 2016 The Chemours Company desistió de ubicarse en ese lugar mediante un oficio enviado a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), aunque no especificó los motivos. Sin embargo, menos de tres meses después, el 1 de agosto, ya había presentado a la citada dependencia una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para construir la empresa en San Luis de la Paz. Este anuncio desató una movilización ciudadana sin precedentes en la región noreste de Guanajuato; en cuestión de semanas ciudadanos de siete municipios se habían organizado para rechazar la llegada de la planta química.
A la fecha el trámite en la dependencia del medio ambiente sigue su curso. En noviembre de 2016 la empresa solicitó y le fue concedida por Semarnat una ampliación de plazo para entregar documentación e información para la validación de la MIA.
Gobernador Miguel Márquez Márquez. | Foto: Gobierno de Guanajuato.
Todo es política
El 1 de julio de 2015, el sitio PRNewswire dio cuenta en una nota fechada en Wilmington, Delaware, de que la compañía química global The Chemours Company, “líder en los mercados de Tecnologías de Titanio, Fluoroproductos y Soluciones Químicas”, terminó su proceso de separación de DuPont y se lanzó como una corporación independiente que desde ese mismo día empezó a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York con el símbolo “CC”.
Su presidente y director ejecutivo, Mark Vergnano, le dijo a ese portal: “Pensamos en Chemours como una compañía con una historia de 200 años (…) Aportamos al mercado un rico legado basado en nuestra historia con DuPont el cual es construido del liderazgo y la innovación en la industria, agregamos la energía y agilidad de una empresa global, centrada en el cliente y con la reciente llegada al mercado. Nuestros negocios son conocidos como pioneros en del desarrollo de aplicaciones y productos seguros de clase mundial. Nuestros empleados están entre los mejores de la industria, cuentan con una gran experiencia, tienen un profundo conocimiento en química y un extraordinario conocimiento de ingeniería para los más de 5.000 clientes que atendemos en todo el planeta”.
Como heredera de DuPont, The Chemours Company empieza a forjar su historia a base de prácticas por demás dudosas. Apenas año y medio después de haber nacido, un grupo de empleados de la empresa recorren desde hace un par de meses las comunidades ludovicenses ofreciendo a los habitantes aparatos electrodomésticos de regalo, así como “la garantía” de que la planta no es peligrosa, además de empleo. Incluso, a algunos les habrían propuesto visitar una de sus plantas en Estados Unidos para que comprobaran qué tan seguras y modernas son.
Documentos internos a los que tuvo acceso Sharon Lerner, periodista de The Intercept (medio digital fundado por Glenn Greenwald, quien publicó en The Guardian las revelaciones de Edward Snowden sobre los programas de espionaje masivo de los Estados Unidos), revelan cómo DuPont sospechaba desde hace mucho años que el C8 -que se utilizaba en la industria del teflón para la fabricación de utensilios de cocina y muchas cosas más- es un agente químico dañino para la salud, pero aún así siguió utilizándolo no obstante el riesgo para sus trabajadores y el público.
Mark Vergnano, presidente y director ejecutivo de The Chemours Company. | Foto: Youtube.
“Ken Wamsley a veces sueña que está jugando softbol de nuevo. Estará en el campo central, al igual que cuando jugaba a paso lento en su adolescencia, o golpeando la bola sobre la cerca mientras la muchedumbre enloquece. Otras veces, de alguna forma inexplicable, vuelve a trabajar en el laboratorio. Wamsley llama pesadillas esas historias que se juegan en su sueño, aunque en realidad la única parte de miedo es el final, cuando ‘me despierto y ya no tengo recto’”, le dice quien fue durante 40 años fue trabajador de la planta DuPont en Parkersburg, Virginia Occidental, y recibió de la empresa cursos universitarios y lo entrenó para que se convirtiera en analista de laboratorio en la división de Teflón. Al final desarrolló cáncer rectal y tuvo que someterse a una operación que le dejó problemas digestivos y dependiente de unas bolsas de plástico que recogen los desechos de su cuerpo y deben ser cambiadas frecuentemente. Hoy se pregunta: “¿Quién sabía? “Cuándo lo supieron?”.
En su nota, publicada en agosto de 2015, Sharon Lerner cuenta que las preocupaciones sobre la seguridad del C8, el Teflón y otras sustancias químicas perfluoradas de cadena larga ya se conocían en la opinión pública desde hacía más de una década, pero la larga participación de DuPont con el C8 nunca había sido explicada. “En los últimos 15 años, abogados han librado una batalla legal épica que culminó en la primera de aproximadamente tres mil 500 reclamaciones por lesiones físicas” que fueron llevadas a juicio en septiembre de ese año. “Un largo proceso que ha revelado documentos que arrojan nueva luz sobre el C8, DuPont y los intentos irregulares de la Agencia de Protección Ambiental para hacer frente a una amenaza para la salud pública”.
La historia que relata la periodista en The Intercept se basa precisamente en muchos de esos documentos, que DuPont mantuvo escondidos en sus archivos hasta que fueron presentados como evidencia en los juicios. Entre ellos, “reseñas de experimentos con ratas, perros y conejos que muestran que el C8 se asoció con una amplia gama de problemas de salud que a veces mataban a los animales de laboratorio. Muchos miles de páginas de testimonios y declaraciones de expertos han sido preparadas por los abogados en favor de los demandantes. Y a través del proceso legal han descubierto cientos de comunicaciones internas que revelan que empleados de DuPont durante muchos años sospechaban que el C8 era perjudicial y lo seguían usando, poniendo en riesgo a los trabajadores de la compañía y a las personas que vivían cerca de sus plantas”.
Cuando Sharon Lerner dice “empleados” hace referencia a funcionarios de DuPont, lo que llama la atención ahora que su empresa heredera ha elegido Guanajuato para instalar su fábrica de cianuro de sodio. Más aún, todo indica que el primer intento de construir su planta en Salamanca fue una simulación y lo que se habría pretendido era medir la reacción de la población en una ciudad ya de por sí con altos niveles de contaminación. De acuerdo a testimonios recogidos por SomosMass99, hoy que The Chemours Company ha trasladado sus planes a San Luis de la Paz la cosa luce más seria.
José Luis Juan Bravo Soto, director general adjunto de Participación y Atención Ciudadana de la Semarnat.
Empresas y derechos humanos
Al cabo de su visita de diez días a nuestro país, el 7 de septiembre de 2016 el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos dio a conocer algunas de sus conclusiones preliminares. Expresó que algunas de sus principales preocupaciones sobre violaciones de derechos humanos vinculadas a la empresa están relacionadas con un ejercicio inadecuado de debida diligencia por parte del gobierno y las empresas en el diseño e implementación de proyectos a gran escala, principalmente en los sectores de minería, energía, construcción y turismo.
De acuerdo a los Principios rectores sobre las empresas y derechos humanos -establecidos por la ONU en 2011 y sobre los que gira la labor del Grupo de Trabajo que visitó México-, “el deber de protección del Estado es una norma de conducta. Por consiguiente, los Estados no son en sí mismos responsables de las violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes privados. Sin embargo, los Estados pueden estar incumpliendo sus obligaciones internacionales de derechos humanos cuando se les puedan atribuir esas violaciones o cuando no adopten las medidas adecuadas para prevenir, investigar, castigar y reparar los abusos cometidos por agentes privados”.
Respecto de las empresas, los mismos principios señalan que “la responsabilidad de respetar los derechos humanos constituye una norma de conducta mundial aplicable a todas las empresas, dondequiera que operen. Existe con independencia de la capacidad y/o voluntad de los Estados de cumplir sus propias obligaciones de derechos humanos y no reduce esas obligaciones. Se trata de una responsabilidad adicional a la de cumplir las leyes y normas nacionales de protección de los derechos humanos”.
Cuando Mark Vergnano se refirió a nuestro país en aquella entrevista con PRNewswire, afirmó: “Estamos muy entusiasmados de iniciar con este nuevo proyecto en México. Nos respaldan más de 200 años de experiencia. Chemours es una compañía centrada en el cliente que ofrece productos y soluciones innovadores a diversas industrias, como la automotriz (…) y minería buscando nuevas y mejores maneras de hacer que lo ordinario se convierta en extraordinario, a través del poder de la química”.
Manifestaciones de rechazo a Chemours al terminar la audiencia pública.
Guanajuato, situado en el centro del país, ha captado gran parte de las inversiones del boom automotriz registrado en los últimos diez años y es un estado con una larga tradición minera donde empresas extranjeras se han hecho de las minas más importantes, lo mismo que en entidades vecinas como San Luis Potosí, Aguascalientes, Michoacán, Jalisco y aun Querétaro. De modo que, sea o no Vergnano el mejor vendedor del mundo, en sus palabras podrían encontrarse algunas de las claves para entender el interés de su compañía en el suelo guanajuatense y en mantener comunicación directa con el gobierno estatal.
Antes de terminar el 2016, ya en periodo vacacional, desde el gobierno de Miguel Márquez se enviaron correos electrónicos a funcionarios de distintas dependencias. De acuerdo con servidores públicos cuyos nombres se pidió no mencionar, en los mensajes se invitaba a la reunión que el gobernador y algunos de sus colaboradores tendrían con directivos de The Chemours Company en el Puerto Interior de Silao. La cita fue el 21 de diciembre. Las fuentes no accedieron a dar información sobre lo que ahí se dijo ni en qué términos se habría abordado el tema de la oposición de los habitantes de San Luis de la Paz y tampoco algo en relación a los temores ante posibles daños a la salud y el medio ambiente.
En un audio hecho llegar a SomosMass99 por la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, su titular Guillermo Romero Pacheco comentó en principio que “la empresa, ella, entiendo yo que están viendo la parte federal y la parte del municipio de San Luis de la Paz”. Luego, pareció opinar a favor de The Chemours Company: “Yo repito ahora sí que tal cual muy bien lo mencionó el gobernador: si tienen autorización federal y autorización del municipio, pues la empresa puede instalarse. La empresa es de corte mundial, que guarda todas las características de seguridad y de cuidado al medio ambiente”.
Romero Pacheco se refirió así a la entrevista que Miguel Márquez dio a medios locales respecto de las declaraciones de Luis Rebollar a El Universal el 5 de diciembre. El mandatario estatal no sólo sostuvo que la empresa tenía ya la aprobación de la Semarnat y que el temor a los impactos ambientales y a la salud que podría tener el cianuro de sodio eran generados por un “mal manejo” de la información, sino que lanzó una afirmación que causó estupor entre los ludovicenses: “Técnicamente está demostrado que es una sal más, no es la contaminación que se dice o se pretende. Pero al final (…) si el municipio no lo autoriza va a ser muy complicado”.
¡Fuera Chemours! fue el grito unánime de los pobladores de San Luis de la Paz al concluir la audiencia pública.
Integrantes de OCLDVAS le habían enviado en octubre una carta explicándole su rechazo a la instalación de la planta y esa, más o menos, sería la respuesta que les dio el gobernador. Sin embargo, la Agencia para el Registro de Sustancias Tóxicas y Enfermedades (ATSDR, por sus siglas en inglés), que pertenece al Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, explica del cianuro de sodio, de potasio y de hidrógeno: “La exposición a niveles altos de cianuro durante un período breve causa daño al cerebro y al corazón y puede producir coma y la muerte. Los trabajadores que respiraron niveles bajos de cianuro durante varios años sufrieron dificultad para respirar, dolores del pecho, vómitos, alteraciones en la sangre, dolores de cabeza y dilatación de la glándula tiroides”.
A su vez, la Dirección General de Salud Pública de la Región de Murcia, España, tiene desde 2008 al cianuro de sodio como “peligroso para el medio ambiente” y de “riesgo químico-accidentes graves”. Lo clasifica con una R 26/27/28-32-50/53, que a la letra dice: “Muy tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel. En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos”. Como peligros, identifica los siguientes: “Incendio: No combustible pero produce gas inflamable en contacto con agua o aire húmedo. En caso de incendio se desprenden humos (o gases) tóxicos e irritantes. Explosión: Los contenedores pueden explotar cuando se calientan o si se contaminan con agua”. Y para casos de exposición, advierte: “Inhalación: Puede causar dolor de garganta, dolor de cabeza, confusión mental, debilidad, jadeo, convulsiones y pérdida del conocimiento. Ingestión: Puede producir sensación de quemazón, náuseas, vómitos y diarrea. Contacto con la piel: ¡PUEDE ABSORBERSE! Puede provocar enrojecimiento y dolor. Contacto con los ojos: Puede causar enrojecimiento y dolor”.
En su misiva (de la que SomosMass99 tiene copia), la OCLDVAS también le explica al gobernador que, para ser autorizada la solicitud DGIRA/038/16, The Chemours Company requería presentar una Manifestación de Impacto Ambiental distinta a la que presentó ante la Semarnat para una planta del tipo que pretende instalar en San Luis de la Paz. Por ejemplo, que tuviera modalidad regional y que, precisamente, tomara en cuenta que “el cianuro es una sustancia química altamente tóxica que está clasificada como uno de los principales contaminantes, (que) puede tener un impacto catastrófico e irreversible en la salud humana y el medio ambiente”.
Además, considerar “los elementos sociales y de vida silvestre en al menos 25 kilómetros a la redonda del sitio de desarrollo del proyecto”, zona en la que “habitan al menos 20 especies consideradas en Protección Especial, 11 Amenazadas y 1 en Peligro de Extinción, entre las más notables se encuentran el Águila Real, la ruta de la mariposa monarca y a 7 kilómetros del sitio seleccionado se encuentra la única población conocida de la biznaga ‘pelota de golf’, especie ÚNICA DE SAN LUIS DE LA PAZ y considerada en peligro de extinción por la NOM-059 y en estado crítico de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza” (IUCN, por sus siglas en inglés).
Comparten experiencias y sentires en la reunión de comunidades.
La respuesta del gobierno de Miguel Márquez se dio a través de José de Jesús Maciel Quiroz, secretario técnico del gobernador, y de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT). El 3 de octubre, a través de un documento con folio 802016, Maciel Quiroz les informa a los integrantes de la OCLDVS que su carta fue enviada “para su consideración” a la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, “dependencia competente”. En cambio, en el oficio PAOT-GTO-SPA-791/2016, pero del 18 de octubre, es el subprocurador Aarón Rodríguez Cervantes quien les dice que Maciel Quiroz le turnó la “denuncia” en un oficio “con folio 80032″. La burocracia no quedó ahí. Después de citar varios artículos, fracciones e incisos del reglamento de la PAOT y el acuerdo publicado en el Diario Oficial del Estado de Guanajuato que le otorga facultades, el subprocudrador les da a conocer que su escrito quedó registrado en el expediente DP-0528/2016 A, que abrió “un periodo de información previa” y que solicitó a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del municipio de San Luis de la Paz y al Instituto de Ecología del Estado que, “para el solo efecto de que informen”, le hagan saber si The Chemours Company “ha realizado algún trámite o se ha otorgado alguna autorización y/o permiso para el proyecto denominado ‘San Luis’, el cual consiste en la instalación de una planta de producción de cianuro sódico”. Hasta la fecha los miembros de la OCLDVAS siguen sin recibir más información.
Compra de voluntades y falta de información
Timoteo Villa, ex alcalde ludovicense y actual diputado federal, dice que no quiere que San Luis de la Paz se convierta en “el patio de basura” de empresas contaminantes. Porque para empezar, la MIA que The Chemours Company entregó a la Semarnat es una copia mal hecha de la que antes presentó para Salamanca, lo que para habla de su “falta de seriedad”.
Cuenta a SomosMass99 que funcionarios de la empresa lo visitaron en julio pasado en su casa de gestión, pero que de entrada les contestó que no podía hacer nada porque el cambio de uso de suelo es responsabilidad del municipio y él desempeña un cargo de carácter federal. No le dieron información detallada del proyecto.
Lo dicho por Timoteo Villa es, en un sentido, similar a lo que expresan off the record otros políticos: enviados de la empresa los han tratado de convencer de que la fábrica de cianuro no representa ningún riesgo para la población, pues contaría con sistemas de seguridad de última tecnología. Y, como con algunos ludovicenses, les han propuesto visitar una de sus plantas en los Estados Unidos para que comprueben por sí mismos lo modernas y seguras que son. No aceptaron, aseguran, pues tales ofrecimientos son algo parecido a una “compra de voluntades”. Una postura que, aseguran las mismas fuentes, contrasta con la del gobierno del estado que, en previsión de lo que iba a pasar en Salamanca, a principios de 2016 comisionó a funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable a un recorrido por varios municipios del estado con representantes de The Chemours Company “para ver opciones de dónde se podría instalar”.
Ciudadanos exponen a empleados de Chemours sus motivos para el rechazo a la planta y sus dudas. Las preguntas fueron ignoradas por los representantes de la empresa.
La diferencia de trato del gobierno para con los ludovicenses es notoria, dicen ellos mismos. Cuentan que ningún funcionario se les ha acercado y, al menos desde noviembre, integrantes del movimiento confirman la falta de información. Ni siquiera se podría hablar de que sea insuficiente o incompleta. Simplemente no se les ha dado. Juntos y por separado comentan que los únicos datos a que han tenido acceso son los contenidos en la Manifestación de Impacto Ambiental -documento público a través de la Semarnat- y que no confían en ellos porque es “un copia y pega” de la que la empresa presentó para Salamanca.
“Lo que te podemos decir es que de las autoridades no hemos recibido información. Todos los comentarios, observaciones, que hemos aportado ante la propia Semarnat han sido producto de la investigación que varios de los integrantes de esta organización han realizado a partir de la Manifestación de Impacto Ambiental”, señalaron algunos integrantes de la OCLDVAS. Timoteo Villa lo resume así: “Lo que falta es un liderazgo por parte del delegado” de la Semarnat.
El delegado Israel Cabrera Barrón sostiene que el expediente sigue en evaluación en las oficinas de la Ciudad de México de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental. “No hay nada. Lo temas están en el municipio en cuanto a los permisos que se le puedan negar u otorgar. Estamos en stand by, de acuerdo a la nueva prórroga que se concedió debemos esperar hasta que se cumplan los 60 días a finales de marzo. No puedo hacer comentarios porque podría entorpecer el procedimiento. Así es el sistema nacional de trámites. Hasta ahí”.
Las declaraciones de Cabrera Barrón del pasado jueves suenan muy distintas a las que hizo un par de meses atrás, cuando aseguraba que después de la consulta pública que se realizó en septiembre en San Luis de la Paz se le pidió más información a la empresa y que, de acuerdo a la complejidad del procedimiento de evaluación, “la verdad está muy complicado para Chemours”.
Israel Cabrera Barrón, delegado de la Semarnat en Guanajuato.
Incluso reconocía que la MIA que presentó la empresa despertó dudas que sus directivos no supieron responder a los ludovicenses: “Yo recuerdo que en la consulta una persona les preguntó cuánto habían tardado en hacerla y ellos respondieron que cinco meses”, pero solamente habían transcurrido dos meses desde que desistieron de instalar la fábrica en Salamanca. “Ya no se escuchaba lógico (…) Con eso me quedaría, sería simplemente hacer análisis de las respuestas que ellos mismos dieron”. “Lo que sí quiero recalcar, es decirles a las gentes de San Luis de la Paz que la Semarnat jamás podría autorizar un proyecto que implique un riesgo para el medio ambiente o un riesgo para la salud humana”.
Tomar la calle
Los ludovicenses, sin embargo, empezaron a mostrar su repudio prácticamente desde que en agosto de 2016 se enteraron que The Chemours Company quería construir en San Luis de la Paz su fábrica de cianuro de sodio. Se organizaron rápidamente y para el domingo 11 de septiembre cientos de manifestantes marcharon por las calles del municipio contra la planta química.
La convocatoria lanzada por Ciudadanos Ludovicenses por el Derecho a Vivir en un Ambiente Sano y la Coalición en Defensa de la Cuenca de la Independencia, que reúne a una docena de organizaciones civiles de siete municipios del norte y noreste de Guanajuato, tuvo una gran acogida. Integrantes del Observatorio Ciudadano Biosfera de Salamanca también se unieron a la protesta y compartieron sus experiencias de cuando lograron que se cancelara el proyecto.
La fuerza se había mostrado, la mesa estaba puesta para la lucha por la defensa de la tierra, el medio ambiente y la salud.
Cara a cara
La explosión de inconformidad fue tal que obligaron a la Semarnat a que organizara para el miércoles 14 de septiembre la audiencia pública para que los representantes de The Chemours Company expusieran sus planes a los ciudadanos y organizaciones, y éstos plantearan dudas y propuestas.
Rocío Morales Martínez, directora de Evaluación de Proyectos Industriales y Organismos Genéticamente Modificados de la Semarnat.
Por la empresa acudieron una decena de directivos, entre los que se encontraba Claudia Márquez, gerente de Soluciones Químicas para Latinoamérica, a quien el portal PRNewswire ubica como parte del “experimentado Equipo Ejecutivo” de Mark Vegnano, “que aporta extensos conocimientos de la industria y sólidas habilidades operativas”. Pero el que habló fue Israel Rincón Salcedo, que expuso los procesos de producción de la planta, aunque él como los demás miembros de su comitiva se negaron a responder a los cuestionamientos de la ciudadanía.
A los representantes de The Chemours Company se los dijeron de todas las formas posibles: “No los queremos aquí”; “si dicen que la fábrica de cianuro no contamina por qué no se van a su país”; “nuestros antepasados chichimecas son una etnia que nunca se rindió a los conquistadores”; “ya tenemos muchos problemas de contaminación en la región, hay muertes por insuficiencia renal, por fluorosis esquelética”; “estamos unidos por la vida, no queremos más muerte”.
“Lo que el día de hoy estamos viviendo es un comercial. Los empresarios de Chemours promueven la producción y el capital pero no les importa el ser humano”, dice Imelda Hernández González, de la OCLDVAS, quien con emoción habla de la defensa de la tierra y de su experiencia al participar en el movimiento contra la instalación de la planta de cianuro: “En esta región no hay agua, si se abre la fábrica originaría un desastre ecológico. Todo esto es una violación a los derechos de la población y de la tierra”.
“Yo no les creo”, comenta a su vez J. de Jesús Arredondo Ibáñez, subdelegado de Vergel de Bernalejo, una de las más de 400 comunidades que existen en el municipio. “Los de Chemours aseguran que ya está todo bien protegido, pero los que se van a ayudar son ellos”. Platica que en su comunidad hay zorros, tejones, tlacuaches, venados y hasta panteras, y con la sabiduría que le da el conocimiento del espacio que habita, afirma contundente: “De lo que nada dijeron es que se va a alejar la fauna, que las plantas se van a morir, que van a dañar la tierra”.
A la izquierda, Claudia Márquez, Gerente de Soluciones Químicas para Latinoamérica de The Chemours Company.
La delegada de Vergel de Bernalejo, Ma. Guadalupe Villafuerte Aguillón, completa: “Ellos dicen que por aquí no pasan las mariposas monarca, pero a Vergel llegan cada año, son millones, a la comunidad vienen a descansar. Nuestra comunidad es de mucha vegetación, muy limpia, hay manantiales. Por eso venimos a hacer presencia porque estamos protestando, no queremos a esa empresa, darán trabajo a 50 personas pero van a afectar a muchas más. Póngale ahí (señala la libreta) que hay inconformidad. Hemos vivido pobres pero no queremos que afecten a nuestros retoños”.
A unos pasos dos mujeres platican, una de ellas porta una pancarta con la leyenda “No a la instalación de la fábrica de cianuro en San Luis de la Paz”. Se trata de Ma. Concepción Hernández. Cuenta que está ahí porque defiende la salud y el bienestar de su pueblo. La acompaña Ángela Nevado Díaz, para quien la motivación de participar es por su familia y porque “saber que se quería instalar esta planta de cianuro movió mi conciencia”. “Si ya estamos enfermos, no queremos más. Aquí el agua está muy escasa y contaminada. No más”. Sobre la exposición que hizo la empresa del proyecto opina: “Ellos se defienden pero ni siquiera las preguntas que se le hicieron contestaron. No la queremos”.
Foros de información ciudadana: El impacto a la ecología
Convocados por la OCLDVAS a través de Imelda Hernández, expertos en medio ambiente, salud, ecología y minería se han reunido en varias ocasiones para informar a la población sobre los riesgos que conlleva la instalación de una planta como la que pretende The Chemours Company.
En octubre y noviembre, el auditorio del Centro Comunitario (CECOM) fue la sede de los encuentros. Ahí, Mario Hernández, director general de El Charco del Ingenio, presentó el tema Alcances del daño en la Cuenca de la Independencia, hasta San Miguel de Allende, y urgió a que se reconozca la riqueza biocultural de la región y la vocación del territorio.
Encuentro de comunidades.
Sobre Cianuro y salud, el médico Walter Antonio Félix Perea explicó cómo actúa el cianuro de sodio en el cuerpo y cómo, una vez hecho contacto, “no alcanzas ni subirlo a la ambulancia”.
Las presentaciones de dos especialistas llaman la atención por la revelación de que en la zona de influencia que tendría la fábrica de cianuro de sodio, en caso de instalarse, existe una especie en peligro crítico de extinción: la biznaga flor de hilo de flor blanca. Una cactácea que solo habita en San Luis de la Paz. De acuerdo a lo expuesto por el biólogo Raúl Hernández Aréchiga, en la zona también habitan el águila real, ocelotes y guacamayas verdes, además de la tortuga de casquito, escorpión y víboras de distintas especies.
Otro dato importante es que en la región se ubica el punto más alto de Guanajuato (Pinal del Zamorano) y el más bajo (Paso de la Hormiga), lo que significa que en 68 kilómetros es posible pasar por todos los ecosistemas existentes en México, lo que da una idea de la riqueza en materia de biodiversidad, dijo el experto.
Existen tres zonas protegidas cercanas al sitio que eligió The Chemours Company: Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, el Cerro de la Letra y Pinal del Zamorano, que es reserva estatal. Y si alguna razón faltara para cuidar el medio ambiente en la zona, es, como confirma el biólogo, que San Luis de la Paz es el ombligo de la migración de mariposa monarca.Todas pasan por este lugar en su camino al santuario en Michoacán.
Representantes de comunidades y miembros de la sociedad civil se organizan.
El ingeniero Ramón Aguilar, del INIFAP e ITESI plantel San Luis de la Paz, describió un par de trabajos de tesis que dirige y que revelan la presencia de decenas de especies de aves y miles de ejemplares en la zona de influencia que se pondrían en riesgo. Otro dato es el de la velocidad del viento, que según el especialista el incluido en la MIA está muy débil contra el que ellos han estado monitoreando. Este tema es importante porque si hay rachas de viento la contaminación puede expandirse con mayor facilidad.
Debajo de un pirul, las comunidades se organizan
La zona donde Chemours pretende instalar la fábrica de cianuro de sodio se ubica en un predio de 23.54 hectáreas de las cuales se emplearían 14, pero sólo para el desarrollo del proyecto. El lugar se llama Santa Ana y Lobos, casi a pie de la carretera 57 en su tramo San Luis de la Paz-Querétaro. La afectación directa es para al menos una docena de poblados.
Precisamente en ese sitio tuvo lugar el primer encuentro de comunidades para conocer y organizarse en la defensa de su territorio.
“Soy una persona que entiende que hay que defender la vida y voy a llevar el mensaje a mi comunidad. Esa fábrica no se va a asentar aquí” y “no, no, no”, es el grito que se eleva ahí, debajo del pirul que cobija la asamblea de comunidades, organizaciones sociales y de la pastoral social y pastoral campesina de la Diócesis de Celaya. Mientras, el viento mueve ligeramente las flores que adornan la capilla de Santa Ana y Lobos.
La Red Mexicana de Afectados por la Minería apoya la lucha de los ludovicenses.
Uno a uno, delegados, representantes y pobladores de once comunidades que se ubican en la zona donde pretende instalarse la planta se despiden. Se van con la convicción fortalecida por la defensa de su tierra.
Las mujeres y los hombres de campo representan a las comunidades de San Antonio de las Tejas, San José del Carmen, Huizachal, La Huerta, Santa Ana y Lobos, La Angelina, Tres Palmas, El Pringón, La Cebada, Peñón de los Baños y El Paredón.
La reunión se realizó el 8 de octubre de 2016. Y como sucede hasta el momento, ninguna autoridad se ha acercado para informarles de las gestiones para instalar una planta de cianuro de sodio que impactaría la salud, el medio ambiente y el entramado social de quienes habitan en la región. Los que han tenido el campo libre son los representantes de la empresa, que se han movido por las comunidades para venderles la idea de progreso y creación de empleos.
De acuerdo a la MIA, el Proyecto San Luis cuenta con un programa de contratación para la etapa de construcción que generará hasta 250 puestos de trabajo en la temporada pico; durante la operación habría 55 empleos permanentes.
Graciela Martínez, de la Coalición en Defensa de la Cuenca de la Independencia.
“Los de la Chemours vinieron aquí”, platica una vecina de Angelina, una comunidad que se ubica a un lado del predio en que se pretende instalar la planta química. “Nos dijeron que el cianuro (de sodio) no es peligroso, que iban a tener detector de fugas y que además nosotros no estamos en la zona afectada”.
“Pero nosotros ya investigamos”, dice con seguridad la mujer, “y sí estamos en la zona de impacto. Mejor que no vengan. Llévense su fábrica a otro lado, nosotros no necesitamos empleos como esos”, cuenta que le respondió al enviado de The Chemours Company. Sin embargo, nos comparte que dos personas de la comunidad vendieron ya sus tierras a la empresa, precisamente donde pretenden construir el acceso a la fábrica desde la carretera.
El acercamiento con las comunidades fue promovido por la organización social Ciudadanos Ludovicenses por el Derecho a Vivir en un Ambiente Sano. Participaron también Graciela Martínez, de la Coalición en Defensa de la Cuenca de la Independencia, activista con una destacada trayectoria en la organización de las comunidades en materia de sustentabilidad y acciones contra la contaminación del agua. “Lo que se necesita es voluntad para luchar y construir esa fuerza regional para defender nuestro territorio”, dijo en su mensaje.
Por la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Geovanna Dávalos expuso los riesgos del modelo extractivo en el que las empresas llegan a saquear la tierra y dejan contaminación. Ofreció el apoyo de su organización y habló de la importancia de articular las luchas, de aprender de la experiencia por la defensa de la tierra en otros lugares.
Padre Juan Carlos Zesati.
Finalmente, la voz del padre Juan Carlos Zesati, párroco de San Cayetano, se escuchó en el concurrido encuentro: “Estoy aquí porque mi labor no es sólo rezar, también es preocuparnos por los problemas reales, sobre todo por los que tienen que ver con la vida”. “Desde la pastoral campesina valoramos el trabajo de los hombres de campo, desde la óptica de la fe sabemos que tienen un valor muy importante aunque desde la sociedad cada vez se les valora menos. La gran riqueza de las comunidades es el trabajo en equipo, (porque) en un descuido les arrebatan la solidaridad y el aire puro”.
El mensaje cala hondo en los asistentes, así como también los testimonios de quienes les comparten sus luchas por la tierra y por la vida desde diferentes trincheras.
Semanas después, el 21 de diciembre del año que recién terminó, estos mismos hombres y mujeres del campo, a quienes se les sumaron representantes de otras 13 comunidades y ejidos, acudieron a la presidencia municipal para entregar al ayuntamiento 24 paquetes con cientos de firmas de ciudadanos que se oponen a la construcción de la planta. Ahí se dio un diálogo con las autoridades municipales donde los representantes comunitarios y ejidales expusieron sus razones, como también lo hicieron especialistas y activistas de la OCLDVAS.
Integrantes del cabildo aseguraron que no autorizarán el cambio de uso de suelo, requisito legal esencial para que The Chemours Company pueda asentarse en el predio que eligió. En el mismo sentido, el alcalde Guillermo Rodríguez Contreras afirmó: “Los beneficios y perjuicios ya también los hemos escuchado. Creo que vale la pena ser repetitivo, quiero decirles que esa autonomía de la que gozamos cada uno de los 46 municipios de Guanajuato aquí la estaremos aplicando”.
Predio donde The Chemours Company pretende construir su fábrica de cianuro de sodio.
Fue don Herminio, un campesino de avanzada edad, quien selló la reunión con un contundente mensaje: “Dios me dé vida porque quien intente poner la primera piedra a ver si lo logra”.
Fotos de portada e interiores: Agustín Galo Samario.
